En una decisión sin precedentes, la urbanización La Rivière en El Poblado, Medellín, ha prohibido los alquileres de corta duración tras una serie de incidentes que incluyen intentos de explotación sexual por parte de extranjeros. Esta medida se tomará efectiva a partir del 1 de noviembre de 2024.
El caso más reciente y notorio ocurrió el 23 de septiembre, cuando se difundieron imágenes de un ciudadano, presuntamente estadounidense, intentando ingresar a un apartamento alquilado en La Rivière con una menor de edad. Este evento fue la gota que derramó el vaso tras una serie de quejas por parte de los residentes sobre el comportamiento de los turistas, incluyendo fiestas ruidosas y el consumo de sustancias.
Sergio López, administrador del complejo, señaló en un comunicado: “Hechos como el consumo de servicios sexuales, intentos de ingresos relacionados con menores, un suicidio, fiestas descontroladas y consumo de sustancias alucinógenas han afectado gravemente la tranquilidad de nuestra comunidad.”
En respuesta, la administración, tras una reunión del consejo el 15 de octubre, decidió prohibir los alquileres por menos de seis meses. Esta medida se fundamenta en el Decreto 1836 de 2021, que requiere el consentimiento unánime de los administradores de propiedades horizontales para permitir alquileres turísticos.
La medida busca proteger los derechos fundamentales de los residentes, según la administración, quienes han visto cómo su calidad de vida se ve afectada por estos comportamientos. Además, se ha erosionado el valor moral y económico de la comunidad.
La prohibición en La Rivière refleja una tendencia en Medellín, donde la oferta de viviendas turísticas ha disminuido un 10.9% este año, según La Lonja Propiedad Raíz, indicando una reevaluación del modelo de vivienda turística en la ciudad.
La urbanización La Rivière ha tomado una decisión contundente para proteger a su comunidad, reflejando un debate más amplio sobre la regulación de la vivienda turística en áreas residenciales. Este caso pone en evidencia la necesidad de una mayor regulación y control sobre la oferta de alquileres cortos para garantizar la seguridad y el bienestar de los residentes.
