Sólo 7 de las 33 entidades territoriales del país tienen condiciones institucionales y administrativas suficientes para asumir las nuevas competencias que exige la descentralización diferencial.
Así lo concluyó un estudio presentado por la Contraloría General de la República, que aplicó un nuevo indicador para medir las potencialidades de los territorios frente al Acto Legislativo 03 de 2024, la norma expedida por el Congreso que busca fortalecer la autonomía de los departamentos, distritos y municipios, y reformar el Sistema General de Participaciones (SGP).
El indicador, denominado “Potencialidades de la Descentralización”, evaluó a los 32 departamentos y Bogotá a partir de factores como desempeño fiscal, salud, educación, pobreza, desigualdad, valor agregado, presencia de etnias, ruralidad y lucha contra la corrupción.
Según el análisis, Bogotá y Antioquia fueron las únicas entidades que superaron los 70 puntos en una escala de 1 a 100. Además, Cundinamarca, Valle del Cauca, Atlántico, Santander y Meta obtuvieron más de 60 puntos, demostrando mayor capacidad para gestionar recursos y competencias descentralizadas.
En contraste, 15 departamentos —en su mayoría ubicados en las regiones de la Amazonía, Orinoquía, Pacífica y Caribe— se ubicaron por debajo del promedio nacional de 52 puntos. Estas entidades enfrentan limitaciones estructurales que impiden un proceso de descentralización efectivo y equitativo.
El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, explicó que la descentralización “sin autonomía financiera es una utopía” y advirtió que el modelo económico actual sigue privilegiando la centralización, aumentando las brechas entre regiones.
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Señaló que el Acto Legislativo 03 de 2024, que modificó los artículos 356 y 357 de la Constitución, representa un avance al fortalecer la autonomía financiera de los entes territoriales. Esta reforma permitirá trasladar progresivamente cerca de $1,7 billones de pesos desde 2027, hasta alcanzar $45 billones en 2039.
Sin embargo, alertó sobre los riesgos que puede acarrear el proceso si no se acompaña de sistemas de información y gobernanza transparentes. Entre ellos, mencionó la fragmentación administrativa, el aumento de la burocracia, la corrupción y las desigualdades regionales.
Durante el Foro “Retos de la Descentralización Diferencial y el Control de Recursos Públicos”, realizado en la Universidad Católica de Colombia, Rodríguez planteó la necesidad de reformar las reglas fiscales territoriales, fortalecer la generación de ingresos con base en las vocaciones productivas regionales y promover sectores como la industria, agroindustria, turismo, innovación y economía del conocimiento.
También propuso aprender de las dificultades de modelos como las Regiones Autónomas de Planificación (RAP) y las Regiones Entidad Territorial (RET), que —según explicó— han funcionado más como órganos de planeación que como ejecutores de proyectos estratégicos.
Sobre el Sistema General de Regalías, recordó que se han aprobado proyectos por $96,5 billones de pesos y que la Contraloría ha determinado hallazgos por $5,9 billones. Esto plantea interrogantes sobre la eficiencia de esos recursos y la ausencia de grandes proyectos que mejoren la calidad de vida en las regiones.
Finalmente, Rodríguez convocó al Gobierno, Congreso, órganos de control, autoridades territoriales, academia y ciudadanía a trabajar de forma coordinada y sin mezquindades políticas para definir competencias claras y dotar de herramientas efectivas a los territorios.
( Colprensa)
