«En virtud del fuero disciplinario que cobija a los ministros del despacho, esa indagación la tramita la Sala disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría General de la Nación», precisó el Ministerio Público, que le pidió a las parte involucradas en este caso información que va desde la votación en el Senado hasta los argumentos jurídicos del Ejecutivo para obrar en los términos que lo hizo.
La determinación del ente de control se fundó a partir de una queja presentada por varios ciudadanos que señalaron que los miembros del gabinete que firmaron el decreto afectaron la separación de poderes y eventualmente podrían poner en riesgo las finanzas del Estado por el costo de una convocatoria a urnas, que sería inválida.
El Senado negó el pasado 14 de mayo la consulta popular con una votación apretada, que el Gobierno desestimó al advertir de presuntas anomalías.
En razón de ese argumento, el presidente, Gustavo Petro, y buena parte de sus ministros firmaron un decreto que llamó a la consulta popular, que se prevé para el próximo 7 de agosto. Desde los partidos de oposición, pasando por juristas ha entablado desde ya demandas contra la determinación del Ejecutivo, al considerarla por fuera del marco legal y constitucional.
El Ejecutivo ha dicho que tiene los argumentos suficientes para que se avale su determinación, razón por la que envió el decreto a la Corte Constitucional para su revisión.
