El Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó en primera instancia al Estado colombiano por su responsabilidad en los daños ocasionados a las víctimas de la avalancha que arrasó con parte del municipio de Mocoa (Putumayo) entre el 31 de marzo y el 1 de abril de 2017.

La decisión, tomada por la Sección Primera, Subsección A, concluyó que hubo omisión en el cumplimiento de los deberes constitucionales y legales por parte de entidades del orden nacional, departamental y municipal.

La sentencia, con ponencia del magistrado Felipe Alirio Solarte Maya, concluyó que la tragedia fue previsible, dado que varias entidades estatales contaban con estudios sobre el riesgo en las cuencas hídricas de la región. Sin embargo, el fallo señala que no se adoptaron medidas preventivas efectivas para proteger a la población.

“El tribunal encontró que la falta de acción por parte de las autoridades contribuyó directamente a la magnitud del desastre”, se indica en el documento. Entre las entidades demandadas figuran la Presidencia de la República, el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el Ministerio de Ambiente, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), el Servicio Geológico Colombiano (SGC), CORPOAMAZONÍA, el Municipio de Mocoa y el Departamento del Putumayo.

El Tribunal ordenó el pago de indemnizaciones colectivas por los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales causados a cientos de personas afectadas por la avalancha. La demanda, interpuesta por la ciudadana María Rosa Ordóñez Gómez junto a otros integrantes del grupo actor, solicitó una reparación por más de $1,8 billones de pesos. Aunque esta suma no fue concedida en su totalidad, la sentencia reconoce el derecho a ser reparadas por el Estado.

El proceso incluyó múltiples fases judiciales entre 2017 y 2025, con la intervención de más de una decena de entidades estatales y más de 50 decisiones procesales, entre autos, recursos y audiencias de pruebas. Durante el trámite, se recibió el testimonio de decenas de personas y se valoraron estudios técnicos y peritajes sobre la gestión del riesgo en Mocoa antes del desastre.

Durante la defensa, varias de las entidades señaladas —incluidos el IDEAM, CORPOAMAZONÍA, el SGC y el Departamento del Putumayo— argumentaron que el evento constituyó una fuerza mayor debido a la intensidad extraordinaria de las lluvias en pocas horas y a la dificultad de prever una tragedia de tal magnitud.

Sin embargo, el Tribunal consideró que existió una responsabilidad compartida derivada de la falta de acción ante información técnica ya disponible que advertía sobre el riesgo inminente en la zona.

MOCOA SIGUE SIN LAS 900 VIVIENDAS PROMETIDAS

La reconstrucción de Mocoa presenta un balance negativo y lamentable, según concluyó el Vicecontralor General de la República, Carlos Mario Zuluaga Pardo, durante una visita de seguimiento a las obras que debían ejecutarse tras la tragedia ocurrida hace ocho años y que dejó más de 900 familias damnificadas.

Zuluaga explicó que la UNGRD no liquidó oportunamente los contratos de vivienda, a pesar de las advertencias hechas por la Contraloría en años anteriores. Señaló que, hasta el momento, apenas se estaban construyendo 160 casas y que la culminación del proyecto depende de una nueva evaluación del estado de esas obras y de los recursos disponibles.

Durante la visita, el Vicecontralor advirtió que no será posible entregar las 900 viviendas antes de que finalice el actual gobierno. “Pasaron tres gobiernos y los damnificados de Mocoa no verán las viviendas construidas”, afirmó.

Además del retraso en las viviendas, la Contraloría abrió dos procesos por presunta responsabilidad fiscal relacionados con el proyecto habitacional y con la bocatoma del acueducto, ambos por un valor de $24.000 millones de pesos.

Zuluaga indicó que estos procesos incluyen la evaluación de la responsabilidad del exdirector de la UNGRD, Olmedo López, y del actual director, Carlos Carrillo, por haber desatendido las observaciones formuladas por la entidad. Según el Vicecontralor, si se hubiesen atendido esas advertencias, se habría evitado el daño patrimonial que ahora se investiga.

El funcionario también recordó que el cauce del río destruyó la bocatoma, una de las obras clave para garantizar el suministro de agua potable en Mocoa.

Como balance positivo, la Contraloría resaltó la culminación del colegio y del centro de salud, que actualmente están en funcionamiento y prestan servicios a la comunidad. Sin embargo, Zuluaga concluyó que otras infraestructuras, como la cárcel y el cementerio, siguen inconclusas y se han convertido en “una ilusión que ha victimizado a los habitantes del departamento de Putumayo”.

Foto y noticia:  Colprensa