Evaristo Porras Ardala, alias ‘Papa Doc’, no fue cualquier delincuente: fue uno de los narcotraficantes más poderosos del sur del país, pieza clave del Cartel de Medellín y hombre de confianza de Pablo Escobar en la región amazónica. Controló durante años el paso de cocaína entre Leticia y Tabatinga, manejó rutas aéreas y fluviales, y amasó una fortuna en propiedades, avionetas, hoteles y cuentas en el exterior. Su nombre era sinónimo de poder, violencia y corrupción en la frontera.

Hoy, décadas después, quien sería su hijo Henry Esteban Porras Rosero, aparece recibiendo un contrato millonario de la Gobernación del Amazonas para “promover la espiritualidad indígena”, justo en los territorios donde su padre reinó como capo. Varias fuentes nos indicaron que este y otros muy curiosos contratos que estaremos revelando en las siguientes entregas fueron gestionados, presuntamente, por una poderosa congresista de la región con la que el implicado, al parecer, sostiene una relación sentimental.

El millonario contrato

En agosto de 2024, la Gobernación del Amazonas firmó el Contrato No. 2240 de 2024 con la empresa IPS Nuevo Amazonas S.A.S., por un valor de $4.465 millones de pesos, para una supuesta estrategia de educación emocional colectiva y armonías espirituales dirigidas a comunidades indígenas. El contrato fue tramitado como una selección abreviada de menor cuantía y se ejecutaría en solo tres meses, con un anticipo del 50 % del valor total.

Todo parece indicar que, presuntamente, se trataría de un pliego sastre y que en la contratación al parecer se hizo sin el lleno de requisitos establecidos claramente en la Ley 80. Por tratarse de temas indígenas, se supondría una consulta previa, pero en el contrato y sus anexos tampoco lo evidencian.

Desde el principio, el objeto contractual llamó la atención por su lenguaje esotérico y poco técnico. Se habla de “conexión espiritual del individuo”, “regulación emocional” y “armonías espirituales de los pueblos indígenas”, sin definir metodologías, sin establecer indicadores claros, y sin referirse a evidencia científica, sanitaria o social que respalde las acciones. En otras palabras, se trata de un contrato que al parecer no puede auditarse con rigor, lo que lo vuelve vulnerable a la simulación y al desvío de recursos públicos al no contar con informes de ejecución de este multimillonario contrato.

Una empresa sin foco

Pero eso no es lo único grave: al revisar el certificado de Cámara de Comercio de la IPS Nuevo Amazonas S.A.S., se evidencia que su objeto social es tan amplio que le permite dedicarse a casi cualquier cosa. Desde internación de pacientes hasta servicios comunitarios, asesoría empresarial, gestión cultural, programas para víctimas, infancia, personas mayores y servicios alternativos en salud. No hay foco, ni especialización, ni límites.

Esto significa que la empresa podría justificar legalmente contratos para atención médica, organización de eventos, producción audiovisual o incluso consultorías de género y políticas públicas… todo bajo la misma matrícula mercantil. Esa ambigüedad le permite adaptarse a la contratación pública sin necesidad de tener experiencia específica ni capacidad técnica comprobada.

Y lo más inquietante: su capital autorizado es de apenas $25 millones de pesos, pero recibió un contrato más de 180 veces mayor, en un sector —salud pública indígena— que exige conocimientos sensibles, enfoques étnicos e intervención comunitaria especializada.

El representante legal de la empresa es Henry Esteban Porras Rosero, él sería el hijo del narcotraficante Evaristo Porras Ardala, alias ‘Papa Doc’, lo que suma otro elemento de gravedad al caso. No existe información pública que demuestre que Henry tenga experiencia en salud, gestión pública, trabajo comunitario o contratos estatales previos. Todo parece indicar que se trata de un vehículo empresarial usado para una operación contractual oportunista.

¿La Gobernación firmó sin controles?

El contrato deberá ser visto por la Procuraduría, Contraloría, Fiscalía y Auditoría General de la Nación, dado que fue aprobado y firmado por el gobernador del Amazonas, Óscar Enrique Sánchez Guerrero, sin exigir elementos mínimos de control, idoneidad ni vigilancia técnica. El documento presuntamente muestra múltiples falencias institucionales que agravan la sospecha:

  • No hay justificación técnica ni sanitaria para la contratación.

  • El objeto es vago, esotérico y no auditable.

  • Se giró el 50 % como anticipo sin entregables previos ni control externo.

  • No se exigieron estudios de mercado ni trayectoria previa del contratista.

  • El plazo (3 meses) es insuficiente para una ejecución seria.

  • No hay interventoría externa ni auditoría independiente.

  • La empresa fue aceptada a pesar de tener un objeto social que permite hacer cualquier cosa y sin demostrar experticia en comunidades indígenas.

¿Y dónde están los pueblos indígenas?

Tal vez lo más indignante del contrato es que, pese a mencionar expresamente la “espiritualidad indígena”, al parecer no se consultó ni se involucró a ninguna autoridad indígena legítima, tal como se observa en los documentos del proceso contractual.

No aparecen referencias a cabildos, autoridades ancestrales, ni organizaciones indígenas del departamento. Tampoco se evidencia la aplicación de la consulta previa exigida por el Convenio 169 de la OIT. Es decir, al parecer la cultura indígena fue usada como justificación simbólica, pero sus voceros y guardianes fueron excluidos.

“Lo más seguro es que cuando ustedes denuncien esto aparezca de la nada un chamán o un simulador que dice poseer documentos del contrato”, precisó una fuente de la región que, por temor a su vida, solicitó que su nombre no fuese revelado.

Este vacío no solo vulnera derechos colectivos, sino que presuntamente representa una forma grave de instrumentalización cultural desde el poder público.

Buscamos respuestas, recibimos silencio

Ante la gravedad de las inconsistencias detectadas, esta unidad investigativa intentó contactar al representante legal de la empresa contratista, Henry Esteban Porras Rosero, desde hace varios días. Las comunicaciones se hicieron vía WhatsApp al número verificado de Ramiro Porras —todo parece indicar que es hermano de Evaristo —, quien sería socio y vocero de la IPS Nuevo Amazonas S.A.S.

El propósito era obtener su versión y contrastar la información que varias fuentes independientes nos hicieron llegar bajo reserva de identidad. Todas coinciden en lo mismo: este contrato —y otros más que serán revelados en próximas entregas— serían parte de una red de fachadas para favorecer a una congresista en ejercicio, con nexos políticos en el sur del país.

Por el momento no revelamos el nombre de la congresista mencionada por respeto al derecho de defensa y a la contrastación periodística. Estamos haciendo esfuerzos por contactarla directamente para incluir su versión en este mismo reportaje o en futuras entregas.

Las preguntas enviadas al señor Porras, que tampoco ha negado el presunto parentesco con el narcotraficante Evaristo Porras Ardala, fueron las siguientes:

  1. ¿Cuál fue su ocupación antes de fundar o representar a IPS Nuevo Amazonas S.A.S.?

  2. ¿Tiene otras empresas registradas a su nombre o donde figure como socio?

  3. ¿Quiénes son los socios fundadores y representantes legales de la IPS?

  4. ¿Cómo obtuvo la IPS su primer contrato con la Gobernación del Amazonas?

  5. ¿Cuál es la experiencia específica inicial con la IPS Amazonas que acreditó para prestar servicios a consumidores de sustancias psicoactivas?

  6. ¿Puede compartir con este medio periodístico los informes de avance o de ejecución de estos contratos?

  7. ¿Por qué no se encuentran los registros de experiencia en Cámara de Comercio, como en el caso de la EPS-I Mallamas?

  8. ¿Tiene o ha tenido relación personal o política con el gobernador Óscar Enrique Sánchez Guerrero?

  9. ¿Tiene o ha tenido relación personal o política con algún representante a la Cámara?

  10. ¿Ha hecho parte de campañas políticas o ha financiado actividades políticas?

  11. ¿Tiene cuentas bancarias en el exterior?

  12. ¿Tiene propiedades a su nombre o de familiares cercanos en Leticia, Bogotá o el extranjero?

  13. ¿Cuál es su relación directa con Evaristo Porras Ardala?

  14. ¿Recibió algún tipo de herencia, bienes o activos de su padre o familiares relacionados?

  15. ¿De cada uno de los contratos suscritos por parte de IPS Amazonas, cuántos ciudadanos se han atendido?

El señor Porras no respondió ninguna. No pidió aclaración. No negó los hechos. Su silencio, documentado y prolongado, deja en el aire una pregunta central: ¿qué se está intentando ocultar?

Por: Unidad Investigativa Nación Paisa – Jeisson Fonseca 🇨🇴🕵🏻‍♂‍