Colombia y Estados Unidos atraviesan una de las crisis diplomáticas más complejas entre las dos naciones de los últimos años. No se veía una situación similar desde que el expresidente Samper, quien fue investigado y señalado de tener vínculos con narcotraficantes del Cartel de Cali, perdiera la visa americana.
Pues bien, el debate aviva un sentimiento patrio que también se dio en el pasado, pero en esta época las redes sociales, que a diferencia de años anteriores afloran aún más la discusión. Por eso, en los últimos días ha circulado en redes sociales un mapa que señala siete supuestas bases militares estadounidenses en Colombia, ubicadas en puntos estratégicos como Tolemaida, Palanquero, Apiay, Malambo, Larandia, Cartagena y Bahía Málaga. La imagen ha provocado alarma entre ciudadanos que se preguntan si el país está militarmente intervenido por Estados Unidos.

La verdad es que no. Estados Unidos no tiene bases militares propias en Colombia. Todas las instalaciones señaladas en el mapa pertenecen a las Fuerzas Militares colombianas. Son bases de la Fuerza Aérea, el Ejército o la Armada, bajo mando nacional.
Sin embargo, eso no significa que no haya presencia militar extranjera en el país. La hay. Y no ha sido formalmente aprobada por el Congreso de la República, como lo exige la Constitución.

Desde el año 2000, con la puesta en marcha del Plan Colombia, se estableció una cooperación militar entre ambos países que ha incluido asesoramiento, entrenamiento, mantenimiento de equipos, labores de inteligencia y apoyo logístico en operaciones antinarcóticos. Esta colaboración se ha desarrollado en varias bases colombianas, especialmente en zonas estratégicas, pero siempre bajo la figura de asistencia técnica, sin que se establezcan bases propias controladas por el Pentágono.

En 2009, el gobierno de Álvaro Uribe firmó un acuerdo que proponía ampliar el uso de siete bases militares colombianas por parte de Estados Unidos. Sin embargo, en 2010 la Corte Constitucional tumbó ese acuerdo por no haber sido aprobado por el Congreso, como exige el artículo 173 de la Carta Política.
Desde entonces, la cooperación ha continuado, pero en una especie de limbo jurídico: con presencia militar extranjera en territorio nacional, sin el respaldo formal del poder legislativo.

Y es ahí donde aparece una preocupación legítima. Mientras en otros países de América Latina el ingreso de tropas extranjeras es debatido, aprobado o rechazado por sus congresos, en Colombia el Parlamento ha optado por el silencio cómplice.
Ni aprueba ni investiga, ni exige cuentas al Ministerio de Defensa sobre el alcance real de esta presencia extranjera.

El actual Congreso, más centrado en los cálculos electorales y el espectáculo político, ha sido incapaz de asumir su responsabilidad constitucional. Su actitud ha sido la de un espectador desinteresado: ni aprueba ni se opone, ni fiscaliza ni pregunta.
Esa omisión —perezosa, floja y desobligante— ha permitido que el tema se mantenga fuera del debate público, a pesar de implicar asuntos tan delicados como soberanía, defensa nacional, transparencia y legalidad.

Lo mínimo que puede exigirse es que el Congreso cumpla con su deber y abra un debate sobre la presencia de tropas extranjeras en territorio colombiano.
Que exija al Ejecutivo un informe detallado. Que convoque a sesiones de control político. Que revise los convenios y acuerdos firmados en los últimos años. Y que, si así lo considera, autorice o rechace dicha presencia, como le corresponde legalmente.

En tiempos donde se habla tanto de soberanía, es inadmisible que tropas extranjeras operen en nuestro territorio sin que medie una decisión soberana, debatida y pública.
Colombia no puede seguir aceptando, como si nada, una presencia militar de facto sin control, sin fiscalización y sin autorización.

No, Colombia no tiene bases estadounidenses.
Pero sí tiene soldados extranjeros operando en sus bases.
Y eso no ha sido aprobado por el Congreso. Esa es la verdadera alerta.

Fotos cortesía: Colprensa