El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, defendió este lunes el nuevo proyecto de ley Marco Jurídico para la Paz Total y explicó que la propuesta busca consolidar una estrategia con tres rutas distintas: justicia transicional para estructuras consideradas como actores del conflicto armado, mecanismos de sometimiento para bandas criminales de alto impacto y medidas especiales para quienes participaron en protestas sociales.

Montealegre señaló que “el primer destinatario son aquellas estructuras al margen de la ley que se pueden considerar como actores del conflicto” y que cumplen con requisitos del derecho internacional humanitario, como el Clan del Golfo, al tener “capacidad de mando, control territorial y voceros”.

Para este grupo se aplicarán penas entre cinco y ocho años de privación de la libertad, bajo el modelo de justicia transicional, que combina “un mínimo de justicia retributiva y otra de justicia restaurativa”.

En un segundo universo están los grupos de crimen organizado que no cumplen los requisitos para ser considerados actores del conflicto. A ellos se les aplicará un modelo de sometimiento a la justicia. En este caso, no habrá penas alternativas, pero sí beneficios como rebajas de entre el 40 % y el 60 % de la pena impuesta.

Finalmente, el proyecto contempla una tercera categoría: personas procesadas o condenadas por delitos en el marco de la protesta social, como los integrantes de la denominada primera línea. Para ellos, Montealegre indicó que se propone una rebaja de hasta el 70 % de la pena impuesta o imponible, además de la posibilidad de acceder a libertad condicional, siempre que exista una “mínima retribución efectiva y compromiso con la justicia restaurativa”.

El ministro subrayó que el sometimiento de bandas criminales solo será posible si se cumplen requisitos exigentes: “La llave maestra la abre el Gobierno al identificar grupos en negociación, y la segunda llave la abre la Fiscalía General de la Nación, en acuerdo con los jefes de la estructura”.

Ese acuerdo, explicó, debe incluir compromisos como “el cese inmediato de las actividades delictivas, entrega de armas, liberación de secuestrados y entrega de bienes”.

Montealegre aseguró que para evitar que personas se “cuelen” en el proceso, como ocurrió en Justicia y Paz o la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), habrá controles estrictos: “La Consejería para la Paz tiene el deber de diligencia para verificar que quienes entren cumplan con los requisitos legales”.

Ante los cuestionamientos sobre la legitimidad de aplicar justicia transicional a grupos sin estatus político, Montealegre respondió que “las estructuras que cumplan con el derecho internacional humanitario pueden ser actores del conflicto, no se necesita ser delincuente político”.

“El Clan del Golfo cumple con todos los requisitos: más de 8.000 integrantes, estructura organizada, unidad de mando, control territorial”, sostuvo. Añadió que el Gobierno actúa conforme al derecho internacional humanitario, que permite negociar con ese tipo de estructuras.

También respondió a quienes aseguran que con los acuerdos de La Habana se cerró la posibilidad de nuevas justicias transicionales. “Esas normas son transitorias, producto de un acto legislativo del 2012 para un proceso específico, no son generales”, dijo.

Montealegre negó que el proyecto promueva la impunidad. Frente al caso de alias ‘19’, condenado por torturar a civiles durante las protestas, señaló que “se ha considerado que solo hay justicia cuando existe pena privativa de la libertad, y eso es una equivocación”.

Recordó que el modelo que aplicó el expresidente Juan Manuel Santos con las FARC se basó en sanciones restrictivas, no privativas. “La justicia transicional busca cómo conseguir la paz a través del derecho”, sostuvo.

Además, rechazó la crítica según la cual el proyecto incentiva a que los criminales se organicen para obtener beneficios: “también hay espacio para quienes colaboran individualmente, con penas importantes”.

El proyecto permite que quienes se sometan conserven hasta un 12 % de los bienes entregados al Estado. “Ese porcentaje se inspira en modelos ya existentes, como la ley de extinción de dominio, y busca incentivar la colaboración”, explicó.

Montealegre insistió en que “el mundo moderno se encamina hacia otros tipos de justicia penal, distintas a la prisión” y que “seguimos siendo retribucionistas por herencia del idealismo alemán, pero es hora de superar esa visión”.

Sobre la votación negativa de la Corte Suprema de Justicia en el Consejo de Política Criminal, el ministro dijo que “la Corte consideró que faltaba deliberación”, pero que el debate sobre estos modelos lleva más de 50 años, desde Nuremberg (Alemania) y el juicio a Eichmann.

“Las estructuras de investigación del derecho ordinario no sirven para las violaciones masivas de derechos humanos. Por eso nació la justicia transicional”, agregó.

Montealegre defendió que incluso quienes fueron excluidos de Justicia y Paz o de la JEP puedan tener una nueva oportunidad: “la paz total es una política de utopías, y el mundo ha sido transformado por quienes creen en las utopías”.

Recordó que en la época del expresidente Álvaro Uribe se desmovilizaron 20.000 paramilitares, y que aún hoy existen unas 30.000 personas armadas, por lo que, según él, se necesitan nuevas justicias transicionales.

“El proceso de paz de Santos no es el fin de la historia. Como diría Fukuyama, el último hombre aún no ha llegado”, afirmó.

Finalmente, Montealegre advirtió que el proyecto tiene un límite temporal. “Esta propuesta va hasta finales del año entrante, cuando vence la Ley de Orden Público. Si no hay voluntad de paz, el Congreso puede decidir no renovarla”, explicó.

Frente a la pregunta sobre qué ocurrirá si los grupos no aceptan este marco, señaló que “hay ocho mesas de diálogo abiertas, y en todas se ha dicho que es indispensable un nuevo marco jurídico para avanzar”.

Y cerró con un mensaje contundente sobre el alto comisionado Otty Patiño: “me parece absolutamente inconcebible que se convierta en un francotirador de la paz”.

Foto y noticia: Colprensa