En una histórica sentencia, fueron condenados a 11 años de prisión siete exdirectivos vinculados a la operación bananera de Chiquita Brands en Colombia por el delito de concierto para delinquir agravado por la financiación, promoción y organización de grupos al margen de la ley. Ello por financiar el uso de cooperativas de vigilancia (Convivir) como fachada para el desvío de recursos.

Se trata de Reinaldo Elías Escobar de la Hoz, John Paul Olivo, Charles Dennis Keiser, Álvaro Acevedo González, José Luis Valverde Ramírez, Víctor Julio Buitrago Sandoval y Fuad Alberto Giacoman Hasbún. Contra quienes la investigación comprobó que siendo directivos de esa multinacional bananera diseñaron e implementaron un modelo sostenido de financiación a paramilitares.

Ese modelo consistió en la deducción sistemática de tres centavos de dólar por cada caja de banano exportada, recaudados por las comercializadoras y transferidos a las cooperativas de vigilancia (Convivir). Todo ello ocurrió desde 1996 a 2004, fecha en la que se desmovilizó el Bloque Arlex Hurtado o Bloque Bananero de las Auc.

Esa financiación, según explica el fallo de condena, no solo permitió la expansión de las AUC, sino que facilito la ejecución de masacres, desplazamientos y secuestros en los municipios de Chigorodó, Carepa, Apartadó y Turbo (Antioquia). Pero también en varios municipios del departamento de Magdalena.

Como prueba de ello, la justicia le dio máxima validez a las declaraciones que entregaron varios exparamilitares, entre ellos Hebert Veloza alias HH, quien contó detalles del acuerdo de financiación que existió entre las empresas Banacol y Banadex como filiales de Chiquita Brands con los paramilitares teniendo como principal objetivo erradicar movimientos de clase obrera considerados como subversivos.

Eso sumado a las declaraciones de Salvatore Mancuso en Justicia y Paz, según el fallo, que dieron cuenta que la creación de las Convivir en Urabá tenían como objetivo financiar la campaña paramilitar y las de Fredy Rendón Herrera, alias el Alemán, que reafirmó esas declaraciones.

«Las pruebas recaudadas a lo largo de todos esos años dan cuenta de un acuerdo libre, voluntario entre el sector bananero y el paramilitarismo en la zona, donde las primeras financiaron los segundos, hecho que fue constatado en el acuerdo de aceptación de cargos ante la oficina del fiscal de EE. UU. por la empresa Chiquita Brands, donde aceptan la entrega de dineros a las AUC desde 1997», expresó la Fiscalía durante la investigación que fue validada por el juez.

La investigación tambíen confirmó que no se trató de una reacción desesperada frente a amenazas, sino de una decisión deliberada y continuada, con beneficios recíprocos para los financiadores y los actores armados.

La sentencia en contra de esos exidrectivos llega luego de un largo proceso judicial que enfrentó multiples trabas. El 17 de septiembre de 2019 la Fiscalía general confirmó resolución de acusación en contra de los procesados por el delito de concierto para delinquir agravado. En la misma decisión se confirmó la declaratoria de esa conducta punible como delito de lesa humanidad.

En 2021 quedó en firme el juicio contra los directivos de la multinacional bananera, acusados de financiar las estructuras paramilitares desde finales del año 1996. Hasta el 24 de marzo de 2023 se instaló el juicio oral en contra de los acusados, las últimas sesiones se llevaron a cabo en marzo de 2025.

A pesar de la decisión existe un riesgo de prescripción. Sebastián Escobar, abogado del Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar) y representante de víctimas, indicó que se recibe la decisión de una forma agridulce, pues, aunque reconoce la verdad de las víctimas, es una decisión un tanto negativa en la medida en que es un proceso con riesgo de inminente prescripción, debido a la demora estructural que tuvo la administración de justicia para avanzar en la investigación y llamar a juicio a estas personas.

“De otro lado, es una decisión muy positiva en la medida en que reconoce la hipótesis sostenida por víctimas y organizaciones de derechos humanos durante varios años, en la cual esta multinacional y empresarios bananeros de la región de Urabá, incluso del Magdalena Bananero, financiaron estructuras paramilitares responsables de crímenes de lesa humanidad y de cómo para realizar esa financiación se instrumentalizó a las Convivir, que finalmente terminaron siendo el instrumento para poner en marcha el proyecto paramilitar en todo el país, como se estableció después de varios años”, señaló el jurista.

Foto y noticia: Colprensa