El representante a la Cámara por el Centro Democrático, Hernán Cadavid, protagonizó un polémico episodio al dirigirse con tono advertente a funcionarias del Ministerio de Trabajo que realizaban inspecciones en empresas de Medellín y el Valle de Aburrá.

En su intervención, registrada en video, Cadavid calificó la actuación de las inspectoras como una “clara retaliación” por la convocatoria de una empresa a una marcha contra el Gobierno. Aunque aseguró que no interrumpiría el procedimiento, lanzó un mensaje que ha sido interpretado como una advertencia directa:

“Si se exceden en lo que vinieron a hacer, van a tener que responder porque yo me voy a encargar de denunciar”, afirmó.

Las palabras del congresista —quien se encontraba acompañado por empresarios— han sido señaladas como un acto de presión hacia funcionarias que cumplen con una labor de control estatal, amparada por la ley. Su discurso incluyó frases como “esto no lo vamos a permitir” y “los empresarios no están solos”, dejando claro su alineación con el sector privado frente a la inspección laboral.

Petro: “Patrones de la esclavitud”

El presidente Gustavo Petro criticó de forma contundente las declaraciones de Cadavid, acusándolo de amenazar a las inspectoras y de oponerse a la protección de los derechos laborales:

“Dice un representante a la Cámara, amenazando a las inspectoras del trabajo, que no debemos proteger a las y los trabajadores. Les gusta que pase esto. ‘Patrones’ de la esclavitud”, escribió en X.

Debate sobre intimidación y captura política

El episodio ha desatado un debate sobre la independencia de los funcionarios públicos, la intimidación a servidores que ejercen control, y el papel de congresistas que intervienen en beneficio de empresas investigadas.
Para críticos del hecho, las declaraciones de Cadavid podrían interpretarse como un intento de deslegitimar y frenar la fiscalización laboral, favoreciendo intereses privados sobre la protección de los trabajadores.

El Ministerio de Trabajo no se ha pronunciado oficialmente, pero organizaciones sindicales y ciudadanos han exigido garantías para que las inspecciones se desarrollen sin presiones políticas.