La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra Sergio Alejandro Caballero Baute, representante legal del interventor Consorcio Intervigilancia de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), por presuntas irregularidades en la prestación del servicio de vigilancia electrónica para personas privadas de la libertad.
El ente de control indaga posibles cobros indebidos por dispositivos de monitoreo inactivos utilizados para supervisar a beneficiarios de detención o prisión domiciliaria, beneficios administrativos o medidas de aseguramiento no privativas de la libertad en todo el país.
Según la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal, estas presuntas irregularidades podrían haber generado un detrimento patrimonial superior a $14.000 millones.
Además, se investiga la falta de mantenimiento de los localizadores, que, al parecer, presentaban fallas en la batería que impedían cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato.
El Ministerio Público busca establecer si estos hechos se debieron a deficiencias en el seguimiento, control y supervisión de la interventoría, así como determinar posibles responsabilidades disciplinarias.
