Las investigaciones relacionadas con la red de corrupción electoral, de la que hizo parte la excongresista Aida Merlano y por la que fue sentenciada a cinco años y seis meses de prisión, no han avanzado como se esperaba. Tanto el proceso contra el exsenador Arturo Char como el de Lilibeth Llinás y otros presuntos implicados siguen a paso de tortuga.

Las pesquisas y el testimonio de Merlano apuntan a que el entramado se gestó en las elecciones legislativas de 2018, cuando se montó una maquinaria criminal para manipular el voto en Barranquilla y en municipios de Atlántico, Magdalena, Bolívar y Cesar. El objetivo: llevar a Merlano al Senado y a su fórmula, Lilibeth Llinás, a la Cámara de Representantes. El centro de operaciones fue la sede de campaña, conocida como “Casa Blanca”.

La red estaba meticulosamente organizada. En la cúspide, los administradores controlaban el dinero y la logística. Luego venían los punteadores, encargados de verificar listas de votantes, certificados electorales y contraseñas con códigos de barras. Les seguían los pagadores, que entregaban las contraseñas en casas de votantes; los coordinadores, que las distribuían en sedes de campaña; y los didactas, que instruían sobre cómo votar y actuaban como testigos electorales.

Por cada voto, a cada ciudadano le fueron pagados, según la investigación, $15.000 para asegurarlo y luego $35.000 más. A algunos les pagaron $90.000, y a los líderes, $10.000 por cada sufragio que ayudaron a conseguir. Y es detrás de todo ese entramado de corrupción electoral que la justicia ubica, como uno de sus líderes, al exsenador Arturo Char, investigado por la Corte Suprema por presuntos delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante.

En su caso, Aida Merlano lo señaló como uno de los beneficiarios y financiadores de la red. Según su testimonio, Char conocía de primera mano el funcionamiento de “Casa Blanca” y habría aportado recursos para favorecerla a ella, a Llinás y para asegurar su propia reelección. A pesar de estas acusaciones, llevarlo ante la justicia ha sido todo un reto.

Char evadió a la Corte Suprema con recusaciones contra los magistrados que lo investigaban, todas negadas. En 2023, citado a indagatoria, compareció de forma virtual, pero guardó silencio. En septiembre de ese año, la Corte ordenó su captura internacional y un día después fue detenido al regresar al país. Sin embargo, un habeas corpus presentado por su defensa y aceptado por un juez lo dejó en libertad en enero de 2024. Desde entonces, no se han registrado avances significativos en su caso.

El alto tribunal también investiga a Laureano Acuña, quien fue senador del Partido Conservador entre 2014 y 2020, del cual tampoco se conocen mayores avances.

Por otro lado, la investigación en contra de Lilibeth Llinás está en el Juzgado Octavo Penal de Barranquilla, el mismo despacho donde están los casos de Jorge Luis Rangel, Vicente Carlos Támara, Juan Carlos Zamora, Alberto Castro Reyes, Gregorio Castro Bravo y Margarita María Balen, esposa del fallecido Jorge Gerlein.

Llinás es señalada por Merlano como la protegida de la familia Char y fórmula política de Arturo Char en las elecciones del 11 de marzo de 2018, agrega que estableció su sede política en un espacio de las instalaciones de ‘Casa Blanca’, y recibió igualmente algunos recursos para financiar su campaña a la Cámara, los cuales tenían su origen en las “coimas” que la familia Char obtenía de la contratación en la ciudad de Barranquilla y en todo el departamento del Atlántico.

Los siete fueron imputados en julio de 2018 por los delitos de concierto para delinquir agravado y corrupción al sufragante. Ninguno aceptó cargos. Ese mismo año la Fiscalía los llamó a juicio y radicó el escrito de acusación, pero fue solo hasta 2023 que el caso entró a fase preparatoria, la cual dos años después aún no termina, según explicaron fuentes cercanas al caso a Colprensa.

Actualmente, el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Barranquilla decide sobre la práctica de pruebas: hasta ahora ha revisado 20 de 50. Falta resolver las solicitudes de los cinco abogados defensores. Todo avanza a cuentagotas porque el juez cita a una sola sesión al mes y por lapsos cortos, lo que retrasa el proceso. Las partes esperan que el juicio comience en forma en 2026.

El otro eslabón de la cadena que fue investigado por la Fiscalía es Julio Gerlein Echavarría, quien fue señalado como presunto financiador. Sin embargo, en agosto de 2024 un juez de Barranquilla lo declaró inocente del delito de concierto para delinquir en el caso de compra de votos.  De acuerdo con las declaraciones de Merlano, Gerlein había contribuido millonarias sumas de dinero a la empresa criminal que le permitió a la excongresista conseguir una curul en el Senado, sin embargo, el juez argumentó que “no había un elemento que diera el nivel probatorio para una sentencia condenatoria”.

En su momento, el abogado de Gerlein, Jaime Lombana, mencionó en medios de comunicación que el juez “también indicó que hubo declaraciones contradictorias y que no existía un elemento que diera el nivel probatorio para una sentencia condenatoria y por ello absolvió.”

En los últimos días, la justicia imputó nuevamente a Gerleín, pero esta vez por el delito de soborno. Junto a él fueron judicializados los abogados Teodoro Deyongh y Diego Muñetón. La tesis del caso es que los tres le ofrecieron dinero a la condenada excongresista Aída Merlano Rebolledo, con el fin de que no declarara en contra de ellos en los procesos que la Corte Suprema llevaba en su contra.

El lento avance de estas investigaciones contrasta con lo emblemático que fue lograr, judicialmente, la comprobación de compra de votos en la Costa Caribe: una región donde este tipo de corrupción electoral es un secreto a voces desde hace décadas, tolerado por muchos ciudadanos a cambio de unos cuantos pesos.

Por: Camilo García

Fotos y noticia: Colprensa