La Red de Veedurías de Colombia alertó a la opinión pública sobre la grave situación que se vive en el Putumayo, denunciando que Corpoamazonia estaría vulnerando los derechos de las comunidades campesinas e indígenas del municipio de Mocoa.

Según la denuncia, bajo el argumento de una “compilación y actualización” de instrumentos normativos de ordenamiento ambiental, la corporación ambiental pretende avanzar en un proyecto que declararía cerca del 70 % del municipio como reserva, sin adelantar los procesos de consulta previa, tal como lo exige la ley.

El presidente de la Red de Veedurías, Pablo Bustos, calificó esta actuación como una maniobra irregular que desconoce la participación de las comunidades y favorece intereses particulares:

“Denuncio que el proceder de Corpoamazonia configura una abierta vulneración de la Constitución, de la Ley 99 de 1993 que regula el Sistema Nacional Ambiental, así como del Convenio 169 de la OIT, que protege la consulta previa de los pueblos indígenas y tribales”.

De acuerdo con Bustos, la iniciativa de Corpoamazonia habría sido publicada “a escondidas de la gente y sin consulta previa”, lo que representaría un atropello contra campesinos e indígenas que dependen directamente de los recursos del territorio.

Llamado a la Procuraduría y a las autoridades

La Red de Veedurías pidió a la Procuraduría General de la Nación activar los controles necesarios frente al proyecto, investigar la legalidad de los actos administrativos adelantados y sancionar a los responsables por la presunta vulneración de derechos colectivos.

“Estamos ante actuaciones ilegales que desconocen el principio de buena fe, el debido proceso y el deber de proteger la Amazonía como patrimonio ambiental de la Nación”, subrayó Bustos, quien reafirmó el compromiso de la organización de acompañar a las comunidades en su defensa.

La Amazonía como patrimonio colectivo

En su pronunciamiento, la Red de Veedurías insistió en que la Amazonía es un bien sagrado, no un botín para intereses políticos o económicos, y reiteró la necesidad de contar con instituciones ambientales transparentes y comprometidas con la vida, la biodiversidad y la democracia.

“Colombia necesita entidades ambientales que trabajen para el interés colectivo y no para favorecer intereses ocultos”, concluyó Pablo Bustos.

Foto: Colprensa