Las recientes asonadas contra el Ejército Nacional en varias regiones del país no son hechos aislados, sino la evidencia de una crisis estructural que amenaza con agravarse. Así lo advierte Jorge Iván Avendaño Mesa, coordinador del programa de Investigación Criminal de la Universidad de Medellín, quien atribuye esta situación a la consolidación de grupos armados ilegales en territorios donde el Estado ha perdido el control.

Grupos armados y economías ilegales

Según Avendaño, la suspensión de las fumigaciones ha favorecido la expansión de los cultivos ilícitos, consolidando una economía paralela basada en el procesamiento de coca. Estas actividades, asegura, han sido blindadas por organizaciones criminales que controlan el territorio, protegen la producción ilegal y utilizan a la población civil como escudo humano para impedir capturas, recuperar evidencias y obstaculizar evacuaciones de la fuerza pública.

“La falta de una política clara para combatir a los grupos armados ilegales ha disparado la criminalidad. Los civiles son enviados de forma sostenida a enfrentar a la fuerza pública, a evitar sus procedimientos y a propiciar conductas como secuestros o la retención de uniformados”, explicó el académico.

Una crisis en aumento

Avendaño advierte que este panorama podría intensificarse en el corto plazo:

“Estas situaciones serán cada vez más frecuentes hasta que haya un cambio de gobierno. El mal direccionamiento de la política criminal y la falta de respaldo a las fuerzas militares hacen cada vez más difícil su labor. Si no se actúa, podríamos terminar con territorios similares a los de México, donde vastas zonas están dedicadas a la economía ilegal”.

Propuestas para revertir la situación

El coordinador del programa de Investigación Criminal señala que la salida a esta crisis requiere medidas estructurales:

  • Recuperar la supremacía aérea de la fuerza pública.

  • Retomar las fumigaciones como estrategia de contención.

  • Sustituir las economías ilegales por alternativas legales sostenibles.

  • Fortalecer a las fuerzas militares con tecnología, equipos, logística y apoyo presupuestal.

“Es fundamental respaldar a la fuerza pública en el cumplimiento de la ley y dotarla de las capacidades necesarias para llegar a las zonas más apartadas del país”, concluyó Avendaño.

Foto: Colprensa