El Tribunal Superior de Bogotá revocó en segunda instancia la decisión que había declarado ilegales las interceptaciones telefónicas ordenadas por la Fiscalía 4ª Delegada ante la Corte Suprema de Justicia en el proceso por presuntas irregularidades de contratación que involucra al actual gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona.

La investigación apunta a posibles delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación, relacionados con la construcción de los CAI de San Antonio de Pereira y Cuatro Esquinas en Rionegro (2016-2019), cuando Rendón se desempeñaba como alcalde.

Los cuestionamientos contra Rendón

El caso se originó en una denuncia de la Veeduría Ciudadana en 2022, que advirtió que los contratos fueron entregados de manera directa a la Empresa de Desarrollo Sostenible (Edeso), sin la experiencia ni idoneidad necesarias, lo que derivó en subcontrataciones y un presunto detrimento patrimonial para el municipio.

La Fiscalía incluyó en las interceptaciones las líneas de Rendón y de varios exfuncionarios, buscando pruebas de comunicaciones sobre la contratación. Aunque en julio de 2025 una magistrada de primera instancia declaró ilegales estas escuchas, por considerarlas “desproporcionadas” y carentes de motivos fundados, el Tribunal revocó el fallo.

Según la decisión de segunda instancia, los informes de la Policía Judicial sustentaban la necesidad de las interceptaciones, que se ajustaron a los requisitos de legalidad, proporcionalidad y pertinencia.

Lo que dice el Gobernador

Ante el fallo, Rendón reaccionó en su cuenta de X (antes Twitter), cuestionando la imparcialidad de la justicia:

“Esta decisión que hoy publican con tanta estridencia es de hace un mes. Lo que sí es nuevo, son esta serie de actuaciones de hoy por parte de la Fiscal Camargo y su delegada ante la Corte. Es evidente que van a paso de liebre con mi proceso y a paso de tortuga con las investigaciones a los funcionarios del gobierno Petro”.

Rendón también recordó que, en la primera instancia, la magistrada había considerado las interceptaciones como una violación a su intimidad y sin relación directa con los hechos investigados.

Un proceso abierto y polémico

El fallo del Tribunal refuerza la validez de las interceptaciones telefónicas como herramienta contra la corrupción, siempre que cumplan con los requisitos constitucionales. Sin embargo, el proceso sigue en etapa de indagación preliminar y los resultados aún no determinan responsabilidades.

La defensa del gobernador insiste en que el caso obedece a una persecución política, mientras sectores de oposición advierten que la investigación refleja serias irregularidades en la contratación durante su gestión como alcalde de Rionegro.

Con esta decisión, Rendón se convierte en uno de los mandatarios regionales más cuestionados del país, enfrentando un escenario judicial que podría marcar el rumbo de su carrera política.