La Unidad Nacional de Protección (UNP) se pronunció este martes en su cuenta oficial de X para aclarar que no ha retirado las medidas de protección asignadas al concejal de Medellín y líder social José Luis Marín Mora, conocido como “Aquino”.
En la comunicación oficial, la entidad aseguró:
“La Unidad Nacional de Protección no ha ordenado el retiro de las medidas de protección asignadas al beneficiario José Luis Marín Mora. El director de la UNP, Augusto Rodríguez, decidió apartarse parcialmente de la recomendación del Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas – CERREM de servidores y ex servidores públicos y mantener las medidas que tenía el señor Marín”.
El anuncio previo de retiro de protección
La aclaración surge luego de que el propio concejal publicara el 15 de septiembre en su cuenta de X que la UNP había decidido retirar la única medida vigente en su esquema de seguridad: un chaleco antibalas.
“Después de las múltiples amenazas a mi vida denunciadas en Medellín, la @UNPColombia considera que no existe riesgo para mi integridad y por tanto retira la única medida existente, chaleco antibalas. Esta constancia, ante cualquier efecto”, escribió Marín.
La declaración encendió alertas en organizaciones sociales, como la Fundación Sumapaz y la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades), que rechazaron de manera categórica la decisión y advirtieron sobre los riesgos que enfrenta el concejal.
Reacciones críticas de organizaciones sociales
Sumapaz señaló que la medida “reduce a una categoría burocrática el alto nivel de riesgo” que enfrenta Aquino y representa “una fractura en el compromiso institucional con la seguridad de los defensores de derechos humanos”.
Corpades, por su parte, denunció lo que llamó un “desmonte sistemático de esquemas de seguridad” en Colombia y responsabilizó directamente a la UNP y a su director, Augusto Rodríguez Ballesteros, por cualquier hecho que pudiera afectar la vida del concejal.
Contexto de amenazas
José Luis Marín Mora ha denunciado en varias oportunidades amenazas contra su vida en Medellín, una ciudad donde persisten estructuras criminales que históricamente han puesto en riesgo a líderes sociales y comunitarios.
En 2020, la propia UNP había alertado sobre el alto nivel de riesgo que enfrentaban líderes sociales en la capital antioqueña, situación que según diversas organizaciones no ha mejorado en los últimos años.
Llamado a la protección
Pese a la aclaración de la UNP, sectores sociales y de derechos humanos insisten en que se requiere una protección más robusta y acorde con el nivel de riesgo que enfrenta el concejal.
“La protección no es un favor, es un deber ético y político del Estado”, recordaron Sumapaz y Corpades en sus comunicados.
