La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó al general en retiro Rodolfo Palomino López por el delito de tráfico de influencias de servidor público, tras determinar que intervino de manera indebida para favorecer a un particular investigado por graves crímenes.

Siete años de prisión y multa millonaria

El alto tribunal impuso una pena de siete años de prisión, una multa equivalente a 174,9976 salarios mínimos mensuales legales vigentes, y la inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas durante nueve años. La Sala también negó cualquier beneficio de prisión domiciliaria.

Según la sentencia, los hechos ocurrieron cuando Palomino se desempeñaba como director de la Policía Nacional. En ese periodo, el oficial se reunió en su residencia con una fiscal que adelantaba una operación contra 14 personas vinculadas al Fondo Ganadero de Córdoba. Durante el encuentro, el entonces director habría solicitado evitar la captura de un hombre al que calificó como “muy influyente”.

Afectación a la institucionalidad y a la confianza pública

La Corte concluyó que Palomino abusó de su cargo para intervenir a favor de un particular, pese a que tenía la obligación de garantizar el cumplimiento de las órdenes judiciales. El fallo subraya que el individuo a quien intentó favorecer enfrentaba procesos por concierto para delinquir, promoción de grupos paramilitares, desplazamiento forzado y despojo de tierras, delitos catalogados como de lesa humanidad.

En su pronunciamiento, la Sala fue enfática:

El general retirado “optó por abogar en favor de un particular sin importarle que con su comportamiento podría generar impunidad”.

El tribunal agregó que la actuación tuvo un alto impacto negativo en la sociedad, al comprometer la credibilidad de la institución policial:

“Es innegable el alto impacto negativo que causó que un general en ejercicio del cargo de Director de la Policía Nacional pidiera un favor contrario a la Constitución y la Ley”.

Decisión puede ser apelada

La Corte Suprema precisó que el fallo podrá ser apelado ante la Sala Penal de la misma corporación, que tendrá la última palabra sobre la responsabilidad penal del exdirector de la Policía.