La Veeduría Nacional de la Verdad y la Justicia solicitó a la Fiscalía General de la Nación que la Junta Directiva de EMCALI S.A. E.S.P. sea vinculada a la investigación penal que se adelanta por el contrato de alumbrado público de Cali, ante lo que considera indicios de presunto direccionamiento contractual y posibles irregularidades en la planeación del proceso.
La petición fue radicada ante la Unidad Anticorrupción y la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Fiscalía. Según el documento, la solicitud se sustenta en el papel de la Junta Directiva como máximo órgano de dirección y control de la empresa, con responsabilidad en la aprobación de decisiones estratégicas y en la supervisión de los procesos contractuales.
🚨Alerta #Cali | Solicitamos vincular a la Junta Directiva de EMCALI a investigación penal por presunto direccionamiento contractual
La Veeduría Nacional de la Verdad y la Justicia, en cabeza de su presidente, el exjuez de la República Luis Miguel Marimón Reyes, solicitó a la… pic.twitter.com/cY70iWD64R
— Control360/Veeduría Nacional (@Control360_jus) December 17, 2025
De acuerdo con la Veeduría, el contrato de alumbrado público, por su cuantía, alcance y duración, requería estudios previos completos, una planeación rigurosa y reglas claras que garantizaran la libre concurrencia y la selección objetiva. La entidad advirtió que la ausencia o posible manipulación de estos elementos podría configurar delitos contra la administración pública, como interés indebido en la celebración de contratos, celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado.
El comunicado también señala que resulta relevante establecer si la Junta Directiva de EMCALI conoció, autorizó, permitió u omitió acciones frente a un proceso contractual de alto impacto económico que actualmente es objeto de investigación penal.
La Veeduría citó jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, según la cual los órganos directivos de entidades estatales no pueden eludir su responsabilidad de control mediante delegaciones administrativas, y advirtió que la omisión en el ejercicio de vigilancia puede derivar en consecuencias disciplinarias, fiscales y penales.
Hasta el momento, EMCALI no se ha pronunciado públicamente frente a la solicitud presentada ante la Fiscalía.




