La sanción impuesta por el Consejo Nacional Electoral (CNE) al movimiento Pacto Histórico quedó en entredicho luego de que se conocieran señalamientos sobre presuntas irregularidades en el trámite y en la votación que dio origen a la decisión. Las alertas apuntan a posibles vicios de procedimiento que podrían afectar la validez del fallo.
Las dudas se concentran en la actuación de uno de los magistrados del CNE durante la sesión en la que se aprobó la sanción, realizada el 26 de noviembre de 2025. Según lo expuesto públicamente, el magistrado Álvaro Hernán Prada no se encontraba en el país al momento de la votación y habría participado de forma virtual sin que existiera una justificación formal, requisito establecido en el reglamento interno del organismo electoral.
De acuerdo con estas denuncias, la normativa del CNE permite el voto virtual únicamente cuando medie una motivación válida y debidamente sustentada, condición que, según lo señalado, no estaría documentada en este caso. Este hecho abriría un cuestionamiento directo sobre la legalidad del procedimiento con el que se adoptó la sanción contra el Pacto Histórico.
Además, se puso sobre la mesa información interna que indicaría que el magistrado habría permanecido fuera de la ciudad o del país durante periodos prolongados. Bajo la normatividad vigente, la ausencia injustificada por más de tres días podría configurar una falta grave asociada al abandono del cargo, lo que tendría implicaciones disciplinarias y administrativas adicionales.
En este contexto, se advierte que la eventual irregularidad en la conformación y funcionamiento de la sala plena del CNE podría derivar en la nulidad de la votación que dio lugar a la sanción. El debate ahora se traslada al plano jurídico, donde se deberá establecer si el acto administrativo cumple con los requisitos de validez exigidos por la ley electoral.
El caso reabre la discusión sobre los estándares de transparencia y legalidad en las decisiones del máximo organismo electoral del país, en un momento en el que el escrutinio sobre el financiamiento de campañas y las sanciones a movimientos políticos ocupa un lugar central en la agenda pública.
