Los gobernadores se oponen a esta disposición, que en su opinión desvía recursos de las entidades territoriales hacia la Nación.
“Los gobernadores estudiarán con carácter urgente el instrumento jurídico idóneo para poner freno a lo dispuesto en el decreto 1474 del 2025 en lo referente al aumento del impuesto al consumo y el incremento al IVA del 5% al 19% mientras la Corte Constitucional se pronuncia de fondo”, aseguró Rafaela Cortés, gobernadora del Meta.
Una de las opciones que tienen los gobernadores, promovida por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, es la excepción de inconstitucionalidad, lo que ha sido calificado como una rebelión frente al gobierno nacional.
Esta posición fue rechazada por el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien calificó como un «mal ejemplo» invitar a no acatar la ley y aseguró que es la Corte Constitucional la que se debe pronunciar sobre la constitucionalidad de la norma.
El Ministerio de Hacienda, por su parte, manifestó que los recursos que provengan de este impuesto, que son «extraordinarios, temporales y proporcionales» no afectarán las rentas de los departamentos.
