La Contraloría General de la República avaló los préstamos recientes que pidió el Gobierno para tener efectivo en caja, pero lanzó una dura advertencia sobre el año 2029, cuando el país tendrá que pagar una cuenta acumulada de 89,6 billones de pesos que amenaza con dejar sin dinero la inversión social futura.
El ente de control reveló que el Ministerio de Hacienda se quedó con pocos ahorros en el banco al cierre del año, registrando apenas 1,44 billones de pesos en sus depósitos el 8 de diciembre de 2025. Para conseguir dinero rápido y pagar las cuentas pendientes, el Gobierno vendió inversiones propias (títulos TES) por un valor de 23,24 billones de pesos.
La Contraloría aclaró que esa venta de diciembre «no implicó la emisión de nueva deuda», sino que fue una operación para tener liquidez inmediata ante los bajos fondos disponibles. Sin embargo, la situación cambió en enero de 2026, cuando la Nación sí pidió prestado dinero fresco al extranjero mediante bonos por 4.950 millones de dólares. Esta segunda operación «sí implica endeudamiento» y servirá para tapar los huecos que ya existían en el presupuesto aprobado por el Congreso.
Lo que más preocupa a los auditores no es lo que pasa hoy, sino la bola de nieve que se está formando para dentro de tres años. El informe detalla una «acumulación de la deuda para el 2029», año en el que se juntan los vencimientos de varios préstamos gigantescos al mismo tiempo.
Según el reporte, en esa fecha el Estado deberá pagar los bonos globales, los títulos de deuda interna y los préstamos solidarios que se pidieron durante la pandemia. La entidad advirtió que enfrentar esa concentración de pagos, que suma «aproximadamente 89,6 billones de pesos», obligará al Ministerio de Hacienda a realizar una gestión financiera muy fuerte para no entrar en crisis.
El dinero del país está prácticamente gastado antes de entrar a las arcas públicas. La Contraloría señaló que la «inflexibilidad del Presupuesto General de la Nación oscila en un 93 %», lo que significa que de cada 100 pesos, 93 ya tienen dueño fijo entre pago de deudas y gastos de funcionamiento obligatorios.
Ante este panorama de rigidez, el organismo fue tajante: «si el comportamiento de los ingresos y del recaudo no crece, las posibilidades de inversión social en los nuevos Planes de Desarrollo se van a ver comprometidas».
Finalmente, la auditoría revisó cómo está contratando el Estado y encontró que no siempre se hacen concursos abiertos. Entre 2022 y 2025, las formas de contratar que más se usaron fueron la «contratación directa» y el régimen especial.
Las cifras muestran que la contratación directa se llevó el 30,1 % del dinero (67 billones de pesos), mientras que los contratos por prestación de servicios (personas naturales) representaron la mayoría de los acuerdos firmados, alcanzando el 40,5 % del total.
(Colprensa)
