En el pronunciamiento, la colectividad señaló que el proceso de selección de la elección de la candidata presidencial se dio con total transparencia por parte de la dirección general.
“El proceso de selección del candidato presidencial del Centro Democrático fue legítimo, riguroso y totalmente transparente. El cual contó con reglas claras establecidas y respaldadas por las precandidatas”, afirmó el partido en un comunicado.
El partido rechazó los cuestionamientos de Lafaurie y ratificar su respaldo al director general, Gabriel Jaime Vallejo, y la secretaria general, Laura Vaca, durante el proceso de selección de Paloma.
En ese sentido, aceptaron la renuncia del líder gremial y le agradecieron por los años de servicio al partido. Sin embargo, no hicieron referencia alguna sobre el futuro de María Fernanda Cabal, su renuncia o la escisión del partido, solicitada por Lafaurie en su carta.
En medio de los cuestionamientos que han aumentado al interior del partido, hicieron un llamado a la unidad y a la firmeza para salvar a Colombia para “ganarle al heredero del nefasto gobierno neocomunista que actualmente tiene Colombia”.
En una carta enviada a Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, José Félix Lafaurie y la senadora María Fernanda Cabal expresaron sus reparos ante «serias dudas y falta de transparencia” que terminaron en la elección de Valencia porque “el procedimiento careció de comités de garantías electorales, reglas claras, mecanismos de impugnación o trazabilidad, lo que constituyó una violación grave al debido proceso partidista”, se lee en la carta.
Insistieron además que este proceso debía ser registrado e informado ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) para blindar las garantías de los resultados.
La misiva, firmada por Lafaurie, señaló que estos “no son simples fallos administrativos”, sino que son graves irregularidades que recaen su total responsabilidad sobre el director nacional del partido y la secretaria general como garantes del proceso.
Incluso, agregan que existió una omisión en la verificación jurídica de las encuestadoras que permitió “procedimientos sin respaldo normativo y validar una selección carente de garantías”, lo que provocó una vulneración de principios legales, estatutarios y constitucionales.
