El Gobierno nacional continúa en la construcción del Plan Decenal de Economía Popular y de un documento CONPES que definirán la hoja de ruta de esta política pública durante los próximos diez años, con el objetivo de fortalecer uno de los sectores que sostiene buena parte de la actividad económica en el país.
El proceso avanza en el marco del Consejo Nacional de Economía Popular (CNEP), donde participan entidades del Estado, representantes territoriales y voceros del sector, en un espacio de articulación orientado a consolidar esta estrategia como eje del desarrollo económico.
De acuerdo con el Ministerio del Trabajo, la economía popular agrupa actualmente a más de 5,2 millones de micronegocios en Colombia. Sin embargo, el sector enfrenta brechas estructurales, entre ellas la falta de acceso a seguridad social para cerca del 88 % de sus trabajadores.
En ese contexto, el Gobierno ha venido impulsando medidas enfocadas en mejorar el acceso al crédito formal, reducir prácticas informales de financiación como el “gota a gota” y promover instrumentos financieros con condiciones más sostenibles para pequeños negocios.
También se destacan intervenciones en plazas de mercado y programas de formación que alcanzan a más de 750.000 personas al año, en articulación con el Servicio Nacional de Aprendizaje, así como iniciativas de transición energética mediante sistemas solares que permiten reducir costos de energía en algunos casos hasta en un 70 %.
En el componente social, el Gobierno ha anunciado medidas orientadas a ampliar la protección de poblaciones vulnerables, entre ellas la formalización de esquemas de protección para recicladores, como parte de una estrategia más amplia de inclusión.
La hoja de ruta contempla tres hitos clave: la realización de una nueva Asamblea Nacional de Economía Popular, la aprobación del Plan Decenal y la adopción del CONPES como instrumento de política de Estado.
El avance de esta iniciativa se da en medio del debate sobre el papel de la economía popular en el crecimiento del país, su nivel de formalización y los retos para garantizar condiciones laborales y acceso a servicios para millones de trabajadores.
