El Gobierno nacional ha consolidado el diálogo y la concertación como las principales herramientas para atender y desactivar conflictos sociales en distintas regiones del país. Desde el Ministerio del Interior, la administración del presidente Gustavo Petro asegura haber priorizado la negociación con las comunidades para evitar escenarios de violencia y confrontación.
De acuerdo con la cartera liderada por Armando Benedetti, cientos de situaciones de tensión social han sido atendidas mediante mesas de diálogo y presencia institucional en territorios que históricamente han enfrentado conflictos relacionados con protestas, bloqueos y reclamos ciudadanos.
Según el Gobierno, la estrategia se ha implementado en diferentes zonas del país, desde el archipiélago de San Andrés hasta comunidades de la Amazonía colombiana, con el objetivo de construir acuerdos antes de que las manifestaciones deriven en hechos violentos.
El antecedente del Estallido Social
La administración nacional sostiene que uno de los antecedentes que marcó la necesidad de fortalecer el diálogo fue lo ocurrido durante el denominado Estallido Social en Colombia de 2021, cuando múltiples jornadas de protesta terminaron en enfrentamientos y denuncias por uso excesivo de la fuerza.
Uno de los casos más recientes relacionados con esos hechos se conoció el pasado 6 de abril, cuando un juzgado condenó a 84 meses de prisión a un patrullero de la Policía Nacional señalado de causar la pérdida total del ojo derecho de la joven Leidy Cadena durante las manifestaciones del 28 de abril de 2021.
Según la decisión judicial, el uniformado habría accionado su arma incumpliendo protocolos sobre uso de la fuerza y estándares internacionales de derechos humanos, particularmente los principios de legalidad y proporcionalidad.
A esto se suma el informe “Tiros a la vista”, elaborado por el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social (PAIIS) de la Universidad de los Andes, junto a Temblores ONG y Amnistía Internacional, en el que se documentaron casos de personas que sufrieron traumas oculares severos durante las protestas.
Cauca, uno de los principales ejemplos
Uno de los casos que el Gobierno destaca como ejemplo de esta estrategia es el departamento del Cauca, donde el Ministerio del Interior instaló una oficina enfocada en atender conflictos sociales y fortalecer la interlocución con las comunidades.
La iniciativa, según cifras oficiales, permitió anticipar y atender situaciones de protesta antes de que escalaran a bloqueos sobre la vía Panamericana, uno de los corredores viales más importantes del país.
De acuerdo con el Ministerio del Interior, los bloqueos en este corredor se habrían reducido significativamente hasta 2025, como resultado de los procesos de concertación y presencia institucional permanente en el territorio.
El Gobierno sostiene que este modelo busca evitar que las diferencias sociales desemboquen en escenarios de violencia o afectaciones a la integridad de los ciudadanos, apostándole a mecanismos de negociación y construcción de acuerdos.
“En este gobierno los resultados no se miden en muertos, se miden en vida”, ha reiterado el presidente Gustavo Petro al defender la política de diálogo impulsada por su administración.
