Con la participación de organismos internacionales, expertos en derechos humanos, magistrados y representantes del Gobierno, concluyó en Barranquilla el II Congreso Nacional de Restitución de Tierras, un espacio clave para analizar avances en la reparación integral de víctimas del conflicto armado en Colombia.
Durante el encuentro, el viceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos, Gabriel Rondón, destacó el trabajo articulado entre instituciones y comunidades, señalando que más de 17.000 familias hacen parte de los procesos de restitución en el país. Asimismo, resaltó la realización de 125 audiencias y el acompañamiento a 41 mesas de trabajo para garantizar el acceso a la justicia territorial.
Uno de los ejes centrales del congreso fue la incorporación de tecnología en los procesos de restitución. El consultor Andrés Báez presentó avances en el uso de geoinformación, cartografía social, fotografías comunitarias y drones para la elaboración de mapas tridimensionales de alta precisión, herramientas que fortalecen los procesos judiciales en zonas de difícil acceso.
“Estos mapas permiten construir insumos técnicos para jueces y magistrados especializados, gracias al trabajo conjunto con las comunidades”, explicó Báez durante su intervención.
El componente internacional estuvo presente en el panel sobre el rol de la cooperación global en la defensa de los territorios, donde el representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Maximiliano Duarte, destacó la importancia de la igualdad y la democracia como pilares para la protección de las comunidades rurales y víctimas del conflicto.
El congreso también puso el foco en el enfoque de género dentro de los procesos de restitución. Lideresas sociales y funcionarias de la Unidad de Restitución de Tierras resaltaron avances normativos y judiciales que han permitido el reconocimiento del papel de las mujeres en la recuperación de tierras y la reparación territorial.
Entre los casos destacados se encuentran sentencias con enfoque étnico y de género, consideradas hitos en la política de reparación en Colombia.
Asimismo, se abordaron temas relacionados con vivienda digna, innovación institucional y ética pública como componentes fundamentales para garantizar procesos de restitución más equitativos y efectivos.
El evento concluyó con un llamado a fortalecer la cooperación entre Estado, comunidades y organismos internacionales para avanzar en la reparación de las víctimas y consolidar garantías de no repetición en los territorios afectados por el conflicto armado.
