La exconsejera presidencial Sandra Ortiz, señalada por la Fiscalía como una de las presuntas piezas clave en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), recuperó su libertad por decisión judicial luego de que un juez concluyera que se vencieron los plazos legales para mantenerla privada de la libertad sin que avanzara el juicio en su contra.

La determinación fue adoptada por el Juzgado 35 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, que ordenó su liberación inmediata al establecer que transcurrieron más de los tiempos previstos en la ley entre la presentación del escrito de acusación y el inicio efectivo del juicio oral.

Ortiz es investigada por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público. Según la Fiscalía, habría actuado como intermediaria en la presunta entrega de recursos a los entonces presidentes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle, con el supuesto objetivo de facilitar el trámite de iniciativas del Gobierno en el Legislativo. Ambos excongresistas permanecen privados de la libertad por estos hechos.

En la decisión judicial se indicó que desde la radicación del escrito de acusación habían transcurrido alrededor de 329 días, superando ampliamente el límite legal de 240 días establecido para iniciar el juicio sin dilaciones injustificadas.

La defensa de la exfuncionaria había solicitado en varias ocasiones la libertad, argumentando que los términos procesales ya se encontraban vencidos. En una de las audiencias recientes, incluso se señaló que el tiempo de detención superaba ampliamente lo permitido por la norma, mientras la Procuraduría respaldó la petición al considerar que no todas las demoras eran atribuibles a la defensa.

El caso de Ortiz se enmarca dentro del expediente de mayor impacto por el escándalo de presunta corrupción en la UNGRD, que ha salpicado a exfuncionarios, contratistas y dirigentes políticos, y que continúa en etapa de juicio y definiciones judiciales.

Con la decisión, Ortiz enfrentará el proceso en libertad mientras avanza la etapa judicial por uno de los expedientes más sensibles para la actual administración pública.