El presidente Gustavo Petro encendió una nueva controversia internacional tras advertir sobre una supuesta red extranjera que, según afirmó, buscaría influir en los procesos electorales de Colombia y México mediante campañas de desinformación y financiación ilegal.
La denuncia fue realizada durante un Consejo de Ministros, donde el mandatario aseguró que existen reportes de prensa internacional que relacionan a actores vinculados al narcotráfico, sectores de extrema derecha y redes políticas extranjeras con presuntas operaciones destinadas a afectar gobiernos de izquierda en América Latina.
Durante su intervención, Petro mencionó al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos por narcotráfico, y aseguró que detrás de estas estructuras existirían recursos internacionales destinados a fortalecer plataformas comunicacionales con fines políticos.
“Esto tiene que ser investigado, porque esto es un delito contra el sufragio; estamos en época electoral y está prohibido el ingreso de dinero extranjero a campañas políticas”, afirmó el mandatario.
Petro pide activar la Comisión de Garantías Electorales
El jefe de Estado sostuvo que las presuntas maniobras no solo tendrían origen externo, sino que podrían involucrar conexiones con actores políticos y empresariales dentro de Colombia.
Por ello, solicitó al ministro del Interior, Armando Benedetti, convocar la Comisión de Garantías Electorales para evaluar el alcance de las denuncias y activar mecanismos institucionales de verificación.
Petro advirtió que cualquier intento de financiación extranjera o manipulación comunicacional orientada a influir en el voto ciudadano representaría una amenaza directa contra la democracia y la transparencia electoral.
Crece el debate regional sobre desinformación e injerencia política
Las declaraciones del presidente colombiano se producen en medio de crecientes debates en América Latina sobre campañas digitales de desinformación, influencia extranjera y uso de redes sociales para intervenir en procesos políticos y electorales.
Hasta el momento, el Gobierno colombiano no ha presentado pruebas públicas sobre las presuntas operaciones denunciadas, mientras distintos sectores políticos han pedido claridad sobre el alcance de las afirmaciones del mandatario.
