La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de cuatro presuntos integrantes del grupo delincuencial conocido como ‘Los Correcaminos’, una estructura señalada de cometer decenas de robos de autopartes en municipios de Boyacá y corredores viales del departamento.
Los procesados fueron identificados como Andrea Carolina Tavera Paloma, William Alexánder Gutiérrez Amaya, Aider Johan Salazar Peña y Angie Nicolle Moreno Hernández, quienes fueron presentados ante un juez de control de garantías por su presunta participación en una red dedicada al hurto sistemático de componentes de vehículos.
De acuerdo con la investigación, los integrantes de la organización recorrían durante las noches la vía Bogotá–Tunja y otras carreteras cercanas en busca de automotores estacionados en paradores o zonas de parqueo.
Las autoridades establecieron que antes de ejecutar los robos verificaban las condiciones de seguridad de cada lugar, identificaban la ubicación de cámaras de vigilancia y analizaban posibles rutas de escape para evitar ser detectados.
Posteriormente, utilizando herramientas especializadas, entre ellas cizallas, presuntamente desactivaban sistemas de monitoreo y sustraían computadores, sensores electrónicos y otras piezas esenciales para el funcionamiento de los vehículos.
Según el material probatorio recopilado por la Fiscalía, la estructura estaría vinculada a 40 casos de hurto de autopartes ocurridos entre octubre de 2025 y 2026 en diferentes municipios de Boyacá, entre ellos Monguí, Tópaga, Belén, Tipacoque, Floresta, Duitama, Susacón, Otanche, San Pablo de Borbur, Guacamayas, Panqueba, El Cocuy, Zetaquirá, Rondón, Guateque, Sogamoso, Guayatá, Cómbita y Moniquirá.
Las investigaciones indican que el valor de los elementos hurtados superaría los 450 millones de pesos, afectando a propietarios de vehículos en distintas zonas del departamento.
Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Boyacá imputó a los cuatro procesados los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado, cargos que no fueron aceptados por los investigados.
Tras evaluar los elementos presentados por la Fiscalía, el juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial.
Las autoridades continúan las investigaciones para determinar si existen más personas vinculadas a esta organización y establecer si la red estaría relacionada con otros hechos similares registrados en diferentes regiones del país.
