El Presidente pidió una acción conjunta de las Fuerzas Militares y la Policía, en coordinación con Ecopetrol y la Fiscalía, para identificar y desarticular toda la cadena detrás del robo de hidrocarburos.
El presidente Abelardo De La Espriella ordenó poner en marcha una operación conjunta contra el robo de combustibles y petróleo crudo en diferentes regiones del país, una problemática que, según el mandatario, estaría generando millonarias pérdidas para la Nación y podría tener conexiones con otras economías criminales.
La instrucción fue dada a través de un mensaje publicado por el Presidente en su cuenta de X, en el que pidió la participación de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, Ecopetrol, la Fiscalía General de la Nación y otras autoridades competentes.
“Quiero una operación conjunta de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, coordinada con Ecopetrol, la Fiscalía General de la República y demás autoridades competentes, para atacar de manera integral esta economía criminal”, señaló el mandatario.
Gobierno advierte sobre robo de combustibles
De acuerdo con las cifras presentadas por De La Espriella, cada mes se estarían sustrayendo aproximadamente 123.700 barriles de productos refinados, entre gasolina, diésel y nafta, que son producidos o importados por Ecopetrol.
El Presidente señaló que esta situación se concentraría principalmente en Cesar y Magdalena, específicamente en un tramo del sistema de transporte de hidrocarburos que conecta Pozos Colorados, en Santa Marta, con el interior del país.
Según sus cálculos, de mantenerse este ritmo, el volumen sustraído podría superar 1,5 millones de barriles al año.
El mandatario sostuvo que esta situación representa un impacto económico significativo para Ecopetrol y, por consiguiente, para las finanzas de la Nación.
Gobierno busca establecer posibles nexos con el narcotráfico
Uno de los puntos que más preocupa al Gobierno es el posible uso de los combustibles sustraídos en actividades relacionadas con el procesamiento de cocaína.
De La Espriella pidió a las autoridades establecer cuánto del combustible presuntamente robado estaría llegando a las cadenas del narcotráfico y cuáles serían las organizaciones encargadas de su adquisición y transporte.
El Presidente también afirmó que grupos delincuenciales estarían utilizando vehículos para movilizar grandes cantidades de combustible y mencionó el desplazamiento de caravanas hacia zonas como Catatumbo.
No obstante, estos posibles vínculos hacen parte de las denuncias y líneas de investigación planteadas por el Gobierno y deberán ser establecidos por las autoridades judiciales.
La orden: investigar toda la cadena
El mandatario pidió al ministro de Defensa, general (r) Jorge Eduardo Mora López, coordinar personalmente la operación contra el robo de hidrocarburos y entregar informes periódicos sobre sus resultados.
La instrucción presidencial no se limita a perseguir a las personas que realizan las perforaciones o extracciones ilegales de los oleoductos.
La orden es investigar a toda la cadena involucrada: quién financia las operaciones, quién sustrae el combustible, quién lo almacena, quién lo transporta, quién lo escolta, quién lo compra y quién finalmente lo comercializa.
“Necesitamos inteligencia, control territorial, operaciones sostenidas, enjuiciamiento y decomiso de vehículos, propiedades, almacenes y demás bienes utilizados por estas organizaciones”, afirmó el Presidente.
También preocupa el robo de petróleo crudo
El Gobierno señaló que, además del robo de combustibles refinados, persiste la extracción ilegal de petróleo crudo en diferentes regiones del país.
Entre los antecedentes mencionados por el Presidente están las afectaciones registradas en el Oleoducto Trasandino (OTA) y en el sistema Caño Limón-Coveñas, particularmente en zonas del Catatumbo.
De La Espriella aseguró que la estrategia buscará determinar no solamente quiénes ejecutan materialmente estos delitos, sino también quiénes estarían detrás de su financiación y comercialización.
Una ofensiva contra las economías criminales
El Gobierno Nacional busca que la operación permita afectar las estructuras económicas que se benefician del robo de hidrocarburos y establecer si existe una conexión con otras actividades ilegales.
La instrucción incluye fortalecer las labores de inteligencia, investigación criminal, control territorial y judicialización, además de identificar y decomisar los bienes utilizados para cometer estos delitos.
El Presidente fue enfático en que el robo de recursos de Ecopetrol, empresa que pertenece mayoritariamente al Estado, representa también una afectación al patrimonio de los colombianos.
La efectividad de la estrategia dependerá ahora de los resultados de las investigaciones y de las operaciones que desarrollen de manera coordinada las autoridades.
