La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares sobre tres inmuebles relacionados con el exministro y excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga Escobar y personas de su entorno familiar, en el marco de una investigación por la presunta financiación internacional de su campaña presidencial de 2014.
De acuerdo con el ente investigador, los bienes están ubicados en Bogotá y Pensilvania, Caldas, y tienen un avalúo superior a $3.664 millones. Las medidas consisten en la suspensión del poder dispositivo y el embargo de los inmuebles, con el propósito de evitar que sean vendidos, transferidos o comercializados mientras avanza el proceso de extinción de dominio.
La actuación se origina en las investigaciones adelantadas por el Grupo de Tareas Especiales de Odebrecht de la Delegada para las Finanzas Criminales. Según la Fiscalía, durante la campaña ‘Zuluaga Presidente 2014-2018’ la multinacional brasileña habría asumido pagos por aproximadamente 1,61 millones de dólares relacionados con servicios de publicidad.
La Fiscalía sostiene que este supuesto aporte no habría sido reportado en los balances de la campaña ni informado a las autoridades electorales. Además, al tratarse presuntamente de recursos provenientes de una persona jurídica extranjera, la entidad considera que podría constituir una fuente de financiación prohibida por la legislación electoral colombiana.
Según la investigación, los recursos habrían sido transferidos entre junio y julio de 2014 a una sociedad constituida en Panamá y relacionada con el publicista brasileño José Eduardo Cavalcanti de Mendonça. Para ese momento, los giros representarían más de $3.000 millones.
Las medidas cautelares recaen sobre un apartamento y la tercera parte de una vivienda en Bogotá, además de un inmueble ubicado en Pensilvania, Caldas. La Fiscalía indicó que algunos de estos bienes pertenecían directamente a Zuluaga y posteriormente, en junio de 2023, fueron transferidos mediante donación a integrantes de su entorno familiar.
La decisión hace parte de un trámite de extinción de dominio y no implica por sí misma una declaración de responsabilidad penal o patrimonial. El proceso deberá continuar ante las autoridades competentes para determinar el origen de los bienes y si existe fundamento para una eventual extinción del derecho de dominio.
