La Fiscalía le imputó el delito de acto sexual violento agravado por hechos que habrían ocurrido el 2 de octubre de 2026 en un establecimiento deportivo del municipio de Puerto Colombia, Atlántico. El procesado no aceptó los cargos.

Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra un hombre señalado de presuntamente cometer actos de violencia sexual contra una adolescente de 16 años en el municipio de Puerto Colombia, Atlántico.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, los hechos habrían ocurrido el pasado 2 de octubre de 2026, cuando la menor se encontraba en una de las playas del municipio practicando surf.

Según el material probatorio recopilado por los investigadores, el señalado agresor, identificado por las autoridades como Juan Álvarez Torres, habría tomado del brazo a la adolescente para conducirla hacia un espacio privado de un establecimiento comercial vinculado a un reconocido club deportivo de la zona.

En ese lugar, presuntamente habría incurrido en conductas de exhibicionismo y otros comportamientos de carácter sexual. La investigación también señala que el hombre habría impedido que la menor abandonara el sitio y le habría manifestado amenazas de carácter sexual.

Fiscalía imputó el delito de acto sexual violento agravado

El caso fue investigado por una fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA), adscrita a la Seccional Atlántico.

De acuerdo con la Fiscalía, el hombre habría aprovechado la confianza que existía entre él, la adolescente y su entorno familiar y social para cometer las presuntas conductas investigadas.

Con base en los elementos recopilados durante el proceso, el ente acusador le imputó el delito de acto sexual violento agravado. Sin embargo, el investigado no aceptó los cargos.

Tras la audiencia ante un juez de control de garantías, se dispuso su reclusión en un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

La investigación continuará para esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

El caso vuelve a poner sobre la mesa la importancia de las rutas de protección y denuncia frente a posibles hechos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes.