La decisión se relaciona con hechos cometidos durante el conflicto armado contra mujeres, niñas, adolescentes y personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. La investigación reúne los testimonios de 743 víctimas acreditadas y documenta patrones de violencia en diferentes regiones del país.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 11 antiguos integrantes y excomandantes de las extintas Farc-EP, por hechos de violencia sexual, violencia basada en género y agresiones motivadas por prejuicios contra personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas.
La decisión se adoptó en el marco del Subcaso 01 del Caso 11, que investiga las violencias cometidas por las antiguas Farc-EP contra población civil por razones de sexo, género, orientación sexual, identidad o expresión de género durante el conflicto armado.
Entre los delitos atribuidos se encuentran violación, violencia sexual, esclavitud sexual, tortura, homicidio, asesinato, persecución, desplazamiento forzado y otros actos considerados crímenes de guerra o de lesa humanidad.
La investigación, liderada por el despacho de la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, identificó a los 11 comparecientes como máximos responsables por su posición de mando o por su participación directa en los hechos. La JEP señaló que algunos habrían permitido que sus subordinados cometieran estos crímenes sin prevenirlos, investigarlos ni sancionarlos, mientras que a otros les atribuye autoría directa.
743 víctimas participaron en la investigación
La decisión es resultado de tres años de trabajo, luego de la apertura del caso en septiembre de 2023. Para documentar los hechos, la JEP tuvo en cuenta los relatos de 743 víctimas acreditadas, 80 informes de organizaciones de víctimas y de la sociedad civil, así como las versiones de 54 comparecientes de las extintas Farc-EP.
La Sala identificó dos patrones principales de criminalidad: la violencia sexual contra mujeres, niñas y adolescentes por el hecho de ser mujeres, y la violencia por prejuicio contra personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas.
De acuerdo con la investigación, estas agresiones no fueron hechos aislados. En distintos territorios, integrantes de la antigua guerrilla habrían utilizado la violencia sexual, las amenazas, los asesinatos y el desplazamiento para castigar, someter o expulsar a personas que no se ajustaban a las normas impuestas por la organización armada.
La JEP también documentó hechos en los que las agresiones sexuales fueron utilizadas como mecanismos de control social y territorial, por ejemplo, contra mujeres señaladas de colaborar con la Fuerza Pública, incumplir órdenes de la guerrilla o resistirse al reclutamiento forzado.
Entre los casos incluidos en la investigación hay hechos ocurridos en Meta, Tolima, Cauca, Putumayo, Arauca y Antioquia. La Jurisdicción expuso situaciones de violencia contra menores de edad, mujeres y personas de la población LGBTIQ+, algunas de las cuales tuvieron que abandonar sus hogares y comunidades debido a las amenazas y agresiones.
Los 11 comparecientes señalados pertenecieron a estructuras como los bloques Sur, Oriental, Noroccidental y Occidental, así como al Comando Conjunto Central de las Farc-EP. Entre ellos figuran antiguos mandos identificados con los alias de ‘Fabián Ramírez’, ‘Martín Corena’, ‘Albeiro Córdoba’, ‘Alberto Pitufo’, ‘Arquímedes’, ‘Isaías Trujillo’, ‘Anderson’, ‘Marlon’, ‘Donald’, ‘Javier Guzmán’ y ‘Ricardo el Pija’.
Según la JEP, ninguno de los 11 comparecientes había estado anteriormente en prisión por los crímenes que ahora les son atribuidos en esta decisión.
¿Qué sigue en el proceso?
Los comparecientes tienen un plazo de 20 días hábiles para manifestar por escrito si reconocen o no los hechos y las responsabilidades atribuidas. Las víctimas acreditadas y el Ministerio Público disponen de 85 días hábiles para presentar observaciones sobre la decisión.
Además, la Jurisdicción ordenó a los señalados ampliar la información sobre los hechos concretos que les fueron imputados y cumplir con sus obligaciones de aportar verdad plena, detallada y exhaustiva.
Si reconocen su responsabilidad y realizan aportes suficientes a la verdad, la JEP podrá convocar una Audiencia de Reconocimiento de Verdad, con participación de las víctimas. Posteriormente, el proceso avanzaría hacia una resolución de conclusiones y la eventual imposición de sanciones propias, con un enfoque restaurativo y restricciones efectivas de derechos y libertades.
En caso de que los comparecientes nieguen su responsabilidad, sus expedientes podrán ser trasladados a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP para avanzar por la ruta adversarial. Si son declarados responsables en ese proceso, podrían recibir penas de hasta 20 años de prisión.
La decisión representa un nuevo avance en el esclarecimiento de las violencias sexuales y basadas en género cometidas durante el conflicto armado. También abre una nueva etapa judicial para establecer las responsabilidades individuales de los antiguos integrantes de las Farc-EP y garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.
