La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 11 antiguos integrantes de la Armada Nacional y la Policía Nacional, señalados como máximos responsables de su participación en 32 masacres y otros hechos criminales contra la población civil de los Montes de María, ocurridos principalmente entre 1999 y 2001.
La decisión fue adoptada por la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, en el marco del subcaso Montes de María y municipios cercanos, correspondiente al Caso 08. Según la investigación, los hechos hicieron parte de un patrón de violencia contra comunidades campesinas, en medio de relaciones de coordinación y colaboración entre estructuras paramilitares, determinados integrantes de la fuerza pública y otros actores regionales.
La JEP estableció que la población campesina fue señalada como supuesta colaboradora de las antiguas Farc-EP. Esa estigmatización habría servido para identificar y seleccionar víctimas, lo que derivó en homicidios, desapariciones forzadas, torturas, amenazas, violencia sexual y desplazamientos forzados.
De acuerdo con las cifras documentadas por la Sala, las 32 masacres dejaron 284 personas asesinadas: 169 en cuatro hechos considerados ilustrativos y otras 115 en las 28 masacres adicionales incluidas en la decisión.
En el subcaso también fueron acreditadas 1.219 víctimas: 1.191 individuales, 25 colectivas, los territorios de Montes de María y el Canal del Dique, y una Mesa de Participación de Víctimas en representación de personas indeterminadas.
Los hechos investigados y las responsabilidades atribuidas
Entre los episodios examinados por la JEP se encuentran las masacres de Capaca, El Bongal y Campo Alegre, ocurridas en agosto de 1999; El Salado, Flor del Monte, Canutal, Canutalito y La Sierra, en febrero de 2000; los hechos registrados en Macayepo y otras localidades entre el 9 y el 17 de octubre de 2000, y la incursión en Chengue, en enero de 2001.
La Sala documentó que, además de los homicidios, se presentaron desapariciones, torturas, desplazamientos y distintas formas de violencia basada en género. En 15 de las 32 masacres fueron identificadas 107 víctimas de violencias basadas en género, violencia sexual y otras agresiones contra mujeres y niñas.
La imputación cobija a nueve antiguos integrantes de la Armada Nacional y dos de la Policía Nacional. Los comparecientes de la Armada son Rodrigo Quiñones Cárdenas, Hernando Alfonso Jama Arjona, Ricardo Díaz Granados Mantilla, Benjamín Herrera Niño, Harold Afranio Mantilla Serrano, Camilo Martínez Moreno, Jairo Alfredo Prada Jaimes, Bautista Cárcamo Galé y Ramón Gerardo Moncayo Trujillo.
Por la Policía Nacional fueron llamados a reconocer responsabilidad Norman León Arango Franco y Paulo César Cruz Delgadillo.
La investigación de la Sala incluyó informes entregados a la JEP, versiones voluntarias de los comparecientes, observaciones de las víctimas, declaraciones y actuaciones de la justicia ordinaria, la Justicia Penal Militar y Justicia y Paz, además de información oficial del Ministerio de Defensa y otras autoridades.
¿Qué sigue en el proceso ante la JEP?
Los 11 comparecientes serán notificados de la decisión y tendrán un plazo de 15 días hábiles para reconocer por escrito los hechos y su responsabilidad o controvertir la imputación mediante argumentos y elementos de prueba. Las víctimas acreditadas y el Ministerio Público también dispondrán del mismo término para presentar observaciones.
Si los comparecientes reconocen responsabilidad y aportan verdad, la Sala podrá emitir una Resolución de Conclusiones y remitir el caso al Tribunal para la Paz, encargado de definir las sanciones restaurativas. Si no reconocen responsabilidad, sus casos podrán pasar a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA).
En caso de que se formule acusación y se establezca responsabilidad, el proceso podría avanzar ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Tribunal para la Paz, donde podrían imponerse penas de hasta 20 años de cárcel.
De manera paralela, la JEP ordenó crear mesas de articulación con la Unidad para las Víctimas y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, con el propósito de coordinar acciones de reparación, búsqueda, identificación y entrega digna de las personas desaparecidas.
La decisión también contempla medidas relacionadas con el reconocimiento y la protección de las mujeres buscadoras.
La imputación constituye una atribución de responsabilidad en esta etapa del proceso y no una condena penal definitiva. Los comparecientes tienen la posibilidad de reconocer los hechos o controvertir las conclusiones de la Sala.
