La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad por ocho años a Carlos Julián Caicedo Cano, tras establecer que durante 2023 habría desempeñado simultáneamente funciones como servidor público en el Instituto Nacional de Vías (Invías) y actividades contractuales con la Institución Universitaria Pascual Bravo, en Medellín.
De acuerdo con el fallo de primera instancia, el órgano de control determinó que Caicedo Cano prestó servicios como contratista independiente en la institución universitaria desde enero de 2023, apoyando diferentes equipos de trabajo.
Sin embargo, durante ese mismo mes se posesionó en el Invías como asesor del despacho del director de la entidad estatal.
Procuraduría calificó la conducta como falta gravísima
La Procuraduría consideró que el desempeño simultáneo de estas actividades constituyó una incompatibilidad, al mantener un vínculo contractual con una institución pública mientras ejercía un cargo como servidor del Estado.
Por estos hechos, el Ministerio Público calificó la conducta como una falta gravísima cometida a título de culpa gravísima.
La decisión puede ser apelada
La sanción fue impuesta mediante un fallo de primera instancia, por lo que el investigado tiene la posibilidad de presentar un recurso de apelación.
En consecuencia, la decisión todavía puede ser revisada en una segunda instancia dentro del proceso disciplinario.


