La Corte Suprema de Justicia impuso una sanción económica a un abogado que presentó dentro de un proceso judicial documentos que correspondían a supuestos fallos judiciales inexistentes, los cuales habrían sido elaborados mediante herramientas de inteligencia artificial. La decisión, que generó amplio debate en el ámbito jurídico, refuerza la discusión sobre los límites éticos y legales en el uso de nuevas tecnologías dentro del sistema judicial colombiano.
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De acuerdo con lo conocido, el profesional del derecho incorporó a su argumentación referencias a providencias que, tras la verificación de rigor, no fueron halladas en los registros oficiales. El alto tribunal concluyó que se trataba de decisiones ficticias, situación que derivó en la respectiva multa y en un llamado de atención frente a la responsabilidad que recae sobre los litigantes al momento de sustentar sus actuaciones.
El caso puso nuevamente sobre la mesa el impacto de la inteligencia artificial en el ejercicio del derecho, especialmente en lo relacionado con la autenticidad de las fuentes y la confiabilidad de las pruebas documentales. Expertos han advertido que, si bien estas herramientas representan avances significativos en productividad y análisis de información, su utilización exige controles estrictos para evitar la introducción de datos inexactos o fabricados.
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La determinación de la Corte Suprema de Justicia subraya que la carga de verificar la validez de la información presentada en estrados judiciales es indelegable. Además, deja un precedente relevante sobre la necesidad de fortalecer los criterios de verificación y las buenas prácticas en un entorno donde la tecnología avanza con rapidez, transformando múltiples aspectos del quehacer profesional y judicial en Colombia.
