$38.868 millones destinados a la compra de drones para las llamadas Zonas Estratégicas de Intervención, creadas por el Gobierno de Iván Duque para consolidar la seguridad en zonas afectadas por el conflicto y luchar contra los cultivos ilíticos, se administraron sin la transparencia suficiente el manejo de los recursos, aseguró la Contraloría General de la República, luego de hacer un examen de las cuentas de dicho programa.

Además, la entidad estableció un hallazgo fiscal por $8.954 millones relacionados con el siniestro de dos drones, en una situación que no se aclaró con el proveedor.

De acuerdo con la Contraloría, la adquisición de los drones se hizo con base en el Convenio 483 de 2021, que tenía como objeto fortalecer la observación, vigilancia y el reconocimiento aéreo y espacial de dichas zonas, pero no se llegaron a usar con ese fin.

El convenio fue celebrado entre el Fondo de Programas Especiales para la Paz – Fondo Paz – adscrito al DAPRE, la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) y la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A. (CIAC).

Además de esta situación, en la supervisión y administración de los recursos destinados a este programa, se encontraron otras irregularidades: el DAPRE no exigió pólizas a la CIAC para el uso de los recursos
entregados en administración y la FAC no aseguró los drones recibidos en su inventario, y no se tuvo respuesta sobre los incidentes ocurridos con los drones y aún así se siguió adelante con el convenio.

«En cumplimiento del Convenio 483 de 2021 se destinaron $38.868 millones para adquirir drones, pero se evidenció falta de supervisión e inobservancia de los fines de la contratación estatal, al haber utilizado la figura de suspensión y prórroga contractuales convirtiéndose en un mecanismo para amparar
incumplimientos de las partes desde el año 2021», dijo la entidad.

Luego del accidente con los drones se ordenó la compra de otros dos drones, que el proveedor no había entregado cuando terminó la auditoría.

«Para la Contraloría, la situación descrita evidencia un riesgo inminente de pérdida de recursos, sin satisfacer la necesidad para la cual se hizo la contratación, y afectación al interés general, por cuanto se comprometieron más de $38.000 millones sin lograr resultados concretos, mientras persisten fallas técnicas, administrativas y de supervisión», concluyó la Contraloría.

Foto y noticia: Colprensa