Una reciente demanda presentada ante el Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía podría reabrir un capítulo clave en el proceso penal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. El recurso fue radicado por el veedor internacional Inder Alonso Ramírez Pérez, quien solicitó una investigación disciplinaria por la presunta participación de un magistrado impedido en la decisión emitida el 21 de octubre de 2025 por el Tribunal Superior de Bogotá.
De acuerdo con la comunicación oficial expedida por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, el expediente fue sometido a reparto el 27 de octubre de 2025, asignándose al Magistrado Dr. Juan Carlos Granados Becerra, bajo el número de radicado 110010802000202501356 00.
Ramírez, quien actúa como Veedor Internacional y Delegado de la Sociedad Civil para las Migraciones Asia (2025–2026), sostiene que el fallo del Tribunal adolecería de una nulidad insanable que vulnera el debido proceso. En su publicación en la red X, afirmó que su actuación “no se trata de ideologías, sino de proteger la Constitución, la independencia judicial y la fe pública en la justicia”.
El recurso busca determinar si uno de los magistrados que intervino en la decisión sobre el caso Uribe debió haberse declarado impedido, lo que podría tener implicaciones sobre la validez del fallo y el curso del proceso penal.
El veedor internacional reiteró que su intervención se realiza “en defensa del debido proceso, la independencia judicial y la transparencia institucional”, agregando que desde Asia continuará vigilando el desarrollo de lo que calificó como un proceso histórico para la justicia colombiana.
La comunicación fue remitida a la Fiscalía General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General y la Defensoría del Pueblo.
Este nuevo episodio surge apenas días después de que el Tribunal Superior de Bogotá absolviera a Álvaro Uribe Vélez en segunda instancia, revocando la condena en primera instancia proferida por un juez penal de conocimiento, que lo había declarado responsable por manipulación de testigos y fraude procesal. La tutela radicada por Ramírez apunta justamente a cuestionar la integridad del fallo absolutorio, al advertir que uno de los magistrados que participó en la decisión no habría tenido competencia por estar impedido, lo que, de comprobarse, podría anular la decisión y devolver el proceso a un nuevo escenario judicial.
