La Red de Veedurías de Colombia advirtió sobre presuntas irregularidades en el proceso de elección del nuevo contralor distrital de Cartagena, señalando posibles violaciones normativas y responsabilidades disciplinarias y penales por parte de los concejales involucrados en la designación.
La alerta se centra en la aspirante Yadira Morales Roncallo, actual contralora del departamento del Atlántico, quien busca asumir la Contraloría de Cartagena el próximo 1 de enero. Según la organización, Morales no habría cumplido con un requisito obligatorio de la convocatoria: la entrega del certificado de antecedentes disciplinarios específico para abogados, documento que debía presentarse al momento de la inscripción y cuya ausencia —según normas como la Ley 734 de 2002, la Ley 1474 de 2011 y la Ley 909 de 2004— no puede ser subsanada posteriormente.
Además del incumplimiento de requisitos, la Red de Veedurías planteó cuestionamientos sobre lo que califican como una posible “puerta giratoria”, dado que Morales permanecerá en el cargo de contralora del Atlántico hasta el 31 de diciembre y aspiraría a ejercer como contralora distrital desde el día siguiente. Según la organización, esta situación podría afectar principios de independencia y moralidad administrativa establecidos en los artículos 209 y 274 de la Constitución, así como criterios reafirmados por la Corte Constitucional en sentencias como la C-202 de 2003 y la C-504 de 2007.
Otra preocupación señalada por la Red es la ausencia de respuesta por parte de la Mesa Directiva del Concejo Distrital frente a varias reclamaciones presentadas por ciudadanos y veedores. De acuerdo con conceptos emitidos por la Procuraduría, permitir que un candidato participe incumpliendo requisitos esenciales podría configurar prevaricato por acción u omisión, además de responsabilidades disciplinarias y penales.
El comunicado también menciona cuestionamientos previos sobre la gestión de Morales en la Contraloría del Atlántico y presuntas cercanías políticas que, según los veedores, no han sido aclaradas.
La Red de Veedurías pidió al Concejo Distrital excluir a la aspirante del proceso, responder las objeciones pendientes y evitar decisiones que pudieran derivar en nulidad del acto administrativo o investigaciones futuras. De persistir los hechos denunciados, anunció la interposición de acciones disciplinarias, penales y contencioso-administrativas.
