La Agencia Nacional de Tierras informó que entre agosto de 2022 y junio de 2026 resolvió 3.669 procesos agrarios, recuperó 335.000 hectáreas de baldíos de la Nación y otorgó seguridad jurídica sobre más de un millón de hectáreas en diferentes regiones del país.
La Agencia Nacional de Tierras (ANT) presentó un balance de su gestión agraria entre agosto de 2022 y junio de 2026, periodo en el que adoptó decisiones sobre más de un millón de hectáreas rurales, con el propósito de ordenar la propiedad, recuperar bienes públicos y brindar seguridad jurídica a propietarios y comunidades.
Según la entidad, durante ese periodo fueron resueltos 3.669 procesos agrarios, permitiendo esclarecer la situación jurídica de predios rurales, recuperar tierras de la Nación ocupadas irregularmente y definir la titularidad de miles de propiedades.
Los departamentos de Meta, Córdoba, Boyacá y Sucre concentraron buena parte de las actuaciones adelantadas por la ANT.
Recuperación de baldíos para el Fondo Nacional de Tierras
Como resultado de los procesos agrarios, la Agencia Nacional de Tierras recuperó 335.000 hectáreas de baldíos, equivalentes al 33 % del área objeto de decisión.
Estos terrenos fueron incorporados al Fondo Nacional de Tierras, con el objetivo de destinarlos a familias campesinas y comunidades étnicas en el marco de la Reforma Agraria.
El 67 % restante corresponde a predios de propiedad privada, cuya situación jurídica fue definida por la entidad, otorgando mayor seguridad sobre su titularidad.
«Los procesos agrarios son una herramienta fundamental para resolver conflictos históricos relacionados con la ocupación, el uso y la tenencia de la tierra», afirmó Ana Jimena Bautista, directora de Gestión Jurídica de Tierras de la ANT.
Los cuatro procesos agrarios que adelanta la ANT
La entidad explicó que su gestión se desarrolla a través de cuatro tipos de procesos agrarios.
El primero corresponde a la clarificación de la propiedad privada, especialmente en el altiplano cundiboyacense, donde se revisan títulos históricos para determinar la naturaleza jurídica de los predios.
El segundo es el deslinde de tierras de la Nación, adelantado en departamentos como Cesar, Córdoba y Sucre, donde se han tomado decisiones sobre complejos cenagosos estratégicos como Amansaguapos, Machado y La Zapatosa.
De acuerdo con la ANT, estas actuaciones buscan brindar seguridad jurídica a las comunidades que históricamente habitan estos territorios y fortalecer actividades productivas y de seguridad alimentaria.
Recuperación de tierras ocupadas irregularmente
Otro de los procesos corresponde a la recuperación de baldíos ocupados por particulares que, según la entidad, no cumplen los requisitos para ser beneficiarios de la Reforma Agraria.
La ANT indicó que gran parte de estas actuaciones se concentran en la altillanura colombiana y permiten reincorporar terrenos al patrimonio público para su posterior adjudicación a familias campesinas y comunidades étnicas.
Avances en protección ambiental
La Agencia también destacó avances en los procesos de extinción administrativa del derecho de dominio, mediante los cuales adoptó siete decisiones sobre inmuebles ubicados en ecosistemas cenagosos, especialmente en la Ciénaga Grande del Bajo Sinú.
Según la entidad, las medidas fueron tomadas tras evidenciar presuntos incumplimientos de la función ecológica de la propiedad, principio establecido en la Constitución.
La ANT señaló que estas decisiones buscan fortalecer la protección de ecosistemas estratégicos y promover un equilibrio entre el uso productivo de la tierra y la conservación ambiental.
Con este balance, la entidad aseguró que los procesos agrarios continúan orientados a recuperar el patrimonio público, brindar seguridad jurídica sobre la propiedad rural y apoyar la implementación de la Reforma Agraria.
Con información de la Agencia Nacional de Tierras.
