El presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, lanzó una advertencia sobre el deterioro de la política de vivienda en Colombia, al señalar que el modelo que antes era “ambicioso y planificado” ha perdido consistencia en los últimos años.
Durante el 17° Foro de Vivienda, el dirigente gremial aseguró que el país pasó de registrar cifras históricas cercanas a las 250.000 viviendas vendidas al año a apenas 150.000 unidades comercializadas recientemente, muy por debajo de las proyecciones que apuntaban a alcanzar las 300.000 en 2025.
Uno de los principales factores, según Malagón, es la falta de ejecución en los subsidios de vivienda. Recordó que el Plan Nacional de Desarrollo contemplaba la asignación de 200.000 subsidios en cuatro años, pero afirmó que en 2025 no se entregó ninguno y que en lo corrido de 2026 tampoco se han asignado.
“Son cerca de 100.000 subsidios que no se han entregado en este cuatrienio, lo que se traduce en miles de hogares sin posibilidad de cerrar el financiamiento para acceder a una vivienda”, advirtió.
El impacto también se refleja en el aumento de desistimientos. De acuerdo con el gremio, estos alcanzaron el 76% en el segundo semestre de 2023, lo que significa que tres de cada cuatro negocios no se concretaron, afectando especialmente a los hogares de menores ingresos.
En paralelo, la participación de la Vivienda de Interés Social (VIS) en el mercado ha caído de representar el 78% de las ventas a cerca del 56%, lo que evidencia un retroceso en el acceso a vivienda para sectores vulnerables.
Pese a este panorama, el sector financiero ha mantenido su actividad. Según cifras del gremio, desde agosto de 2022 se han realizado alrededor de 670.000 operaciones de financiamiento de vivienda nueva, lo que equivale a unas 170.000 por año.
Malagón también advirtió sobre un entorno marcado por la incertidumbre, cambios en las reglas de juego y desbalances presupuestales, factores que, según dijo, han afectado la confianza en el sector.
Aun así, planteó la necesidad de una nueva política de vivienda que permita respaldar a un millón de familias en los próximos cuatro años, con el objetivo de reducir el déficit habitacional, actualmente cercano al 26%, y llevarlo por debajo del 20%.
Entre las propuestas, mencionó el fortalecimiento de subsidios a la demanda, el impulso al ahorro y ajustes regulatorios que faciliten nuevos modelos de negocio en el sector inmobiliario.
El llamado del gremio reabre el debate sobre la ejecución de la política pública en vivienda y el impacto que las decisiones recientes han tenido en uno de los sectores clave para la economía del país.
