La atención integral a la primera infancia indígena, especialmente de pueblos que se encuentran en riesgo de extinción, no está siendo eficaz ni pertinente, advirtió la Contraloría General de la República.
Así lo aseguró la entidad en el estudio “Evaluación de la Atención Integral a la Primera Infancia Indígena en los Pueblos Declarados en Riesgo de Extinción Física y Cultural”, realizado por la Contraloría Delegada para Población Focalizada.
Según este informe, el número de niños y niñas indígenas atendidos por programas de primera infancia pasó de 198.673 a 218.036 entre 2023 y 2024. De ellos, 162.187 pertenecen a pueblos en riesgo.
Sin embargo, el mismo informe muestra que los porcentajes de cobertura de la Ruta de Atención Integral “RIA” disminuyeron en 8 de 10 servicios que la componen y el ICBF, que concentra más del 80% de la oferta, redujo su inversión en esta área de $367.283 millones en 2023 a $252.768 millones en 2024.
Esto significa una caída del 31%, pese a que se amplió la cobertura a 19 municipios adicionales. Solo 145 de los 607 municipios con pueblos en riesgo recibieron inversión.
Nueve de los 41 pueblos indígenas en riesgo no acceden a esta modalidad, y más de 100 municipios con alta población infantil indígena siguen sin atención.
Según la Contraloría, la atención a madres indígenas gestantes también es deficiente. Del total de
madres registradas, solo el 23% recibió control prenatal y el 29% recibió aporte nutricional.
Asimismo, el control prenatal es deficiente en los municipios que registran casos de mortalidad materna indígena (48% en 2023 y 72% en 2024), lo que coincide con el aumento de la mortalidad materna indígena en 2024.
Aunque hubo una reducción del 47% en muertes por desnutrición aguda en menores de 5 años indígenas, municipios como Uribia, Maicao, Riohacha, Cumaribo y Pueblo Rico siguen con cifras críticas. La falta de datos actualizados sobre la población de 0 a 5 años indígenas impide una planificación y focalización adecuadas.
Foto y noticia: Colprensa
