El Área Metropolitana del Valle de Aburrá continúa apoyando la atención de la emergencia que enfrenta Cali, mediante el despliegue de capacidades técnicas y operativas que buscan contribuir a la evaluación de las zonas afectadas y a la toma de decisiones en territorio.

A través de las capacidades de teledetección del SIATA, se han realizado sobrevuelos sobre 984 hectáreas, información que está siendo utilizada para apoyar la identificación de daños, localizar zonas críticas y orientar las acciones de respuesta.

19 vuelos durante la atención de la emergencia

De acuerdo con el reporte, el despliegue técnico ya completa 19 vuelos durante la atención de la emergencia.

La información obtenida desde el aire se ha convertido en una herramienta para las autoridades y organismos que trabajan en la zona, especialmente en las labores de búsqueda, rescate y atención de las comunidades afectadas.

La tecnología de teledetección permite obtener información de sectores de difícil acceso y aportar elementos para establecer prioridades durante la respuesta a la emergencia.

Rescate de animales afectados

El equipo de fauna del Área Metropolitana también adelanta labores de atención y rescate de animales en las zonas afectadas.

Hasta el momento, se reporta el rescate con vida de cinco perros y cuatro gatos, además de visitas a siete puntos de emergencia.

Como parte de estas acciones, también fueron instaladas tres tramperas en zonas identificadas durante el despliegue, con el objetivo de facilitar el rescate de animales que puedan permanecer en sectores de difícil acceso.

El Área Metropolitana señaló que continuará sumando sus capacidades técnicas y operativas a la respuesta frente a la emergencia, en coordinación con las autoridades y equipos que permanecen desplegados en Cali.

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Las declaraciones han generado nuevas preguntas sobre la historia de Hidroituango y sobre las circunstancias que rodearon la construcción del proyecto hidroeléctrico en el norte de Antioquia.

Las masacres de La Granja y El Aro

La masacre de La Granja ocurrió el 11 de junio de 1996, mientras que la de El Aro se registró entre el 22 y el 30 de octubre de 1997, ambas en el municipio de Ituango.

En su testimonio ante la JEP, el entonces teniente del Ejército Edwin Leonardo Toro hizo referencia a hechos que vincularían a integrantes de la Fuerza Pública y estructuras paramilitares con la violencia ocurrida en la región.

Las declaraciones hacen parte de un proceso de esclarecimiento de la verdad y deben ser analizadas dentro del contexto de las investigaciones y decisiones judiciales relacionadas con estos hechos.

La discusión también ha vuelto a poner sobre la mesa la relación entre la violencia sufrida por las comunidades de Ituango y el posterior desarrollo del proyecto hidroeléctrico de Hidroituango.

La creación de la sociedad que dio origen a Hidroituango

De acuerdo con los antecedentes del proyecto, durante la administración de Álvaro Uribe Vélez como gobernador de Antioquia se impulsó la creación de la Sociedad Promotora de la Hidroeléctrica Pescadero Ituango, estructura que posteriormente sería fundamental para el desarrollo del proyecto Hidroituango.

La relación temporal entre las masacres y el posterior impulso institucional al proyecto ha sido objeto de cuestionamientos y debates durante años.

Sin embargo, cualquier afirmación que establezca que las masacres fueron cometidas específicamente con el propósito de facilitar la construcción de Hidroituango requiere sustento documental y judicial que permita establecer esa relación de manera concluyente.

Isabel Zuleta cuestionó nuevamente la historia de Hidroituango

La senadora Isabel Zuleta, quien durante años ha denunciado afectaciones a las comunidades del área de influencia del proyecto, reaccionó a las declaraciones conocidas ante la JEP.

Zuleta sostuvo que Hidroituango fue construido, según su interpretación, en medio de hechos de violencia y desplazamiento que afectaron a las comunidades de la zona.

«“Construyeron el muro de Hidroituango a sangre y fuego, por encima de la naturaleza y de las comunidades”, afirmó la senadora.»

También cuestionó las condiciones geológicas de la zona y expresó preocupación por los riesgos que, según ella, enfrentarían las comunidades ubicadas aguas abajo de la represa.

“Los paramilitares al servicio del gobierno de turno hicieron ‘limpieza’ para que no hubiera oposición a la obra”, agregó Zuleta, una afirmación que corresponde a su posición y que deberá ser contrastada con las investigaciones y decisiones de las autoridades competentes.

El reclamo por las víctimas y las comunidades

La controversia vuelve a poner en primer plano a las víctimas de la violencia en Ituango y a las comunidades que durante décadas han reclamado verdad, reparación y garantías de no repetición.

El debate también se relaciona con las declaraciones de exintegrantes de grupos armados y miembros de la Fuerza Pública ante la JEP, en procesos que buscan establecer responsabilidades individuales y patrones de violencia ocurridos durante el conflicto armado.

Uno de los puntos que permanece bajo discusión es hasta dónde llegaron las responsabilidades de diferentes actores en los hechos violentos ocurridos en Ituango y si existió alguna relación entre esos hechos y los intereses económicos o proyectos de infraestructura desarrollados posteriormente en la región.

Por ahora, las declaraciones conocidas ante la JEP deberán ser contrastadas con los demás elementos probatorios antes de establecer responsabilidades definitivas.

¿Por qué vuelve a ser relevante el caso?

Las nuevas declaraciones reviven una discusión que lleva décadas: la relación entre la violencia, el desplazamiento de comunidades y el desarrollo de grandes proyectos de infraestructura en territorios afectados por el conflicto armado.

En el caso de Ituango, las masacres de La Granja y El Aro se mantienen como algunos de los episodios más graves de violencia ocurridos en Antioquia durante el conflicto, mientras que Hidroituango se convirtió posteriormente en uno de los proyectos de infraestructura energética más importantes del país.

La pregunta que vuelve al centro del debate es si existieron conexiones entre esos hechos y los intereses alrededor del territorio donde posteriormente se desarrolló el proyecto hidroeléctrico.

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La aerolínea Clic anunció la extensión de una serie de medidas especiales para los pasajeros que tienen reservas en la ruta Medellín (Olaya Herrera) – Pereira – Medellín (Olaya Herrera), como respuesta a las afectaciones y cambios en los planes de viaje derivados de los hechos registrados en el país el pasado 10 de agosto.

Las condiciones aplicarán para vuelos programados hasta el 24 de agosto de 2026, con el propósito de brindar alternativas a los viajeros que no puedan realizar su desplazamiento en la fecha inicialmente prevista.

Tiquetes abiertos y reprogramación sin costo

Entre las principales opciones anunciadas por Clic se encuentra la posibilidad de solicitar que el tiquete quede abierto, sin necesidad de realizar el viaje en la fecha originalmente programada.

Una vez abierto el tiquete, el pasajero tendrá un plazo de hasta 10 días para realizar la reprogramación, escogiendo una nueva fecha de viaje de acuerdo con la disponibilidad de la aerolínea.

Uno de los principales beneficios de esta medida es que la reprogramación no tendrá penalidad ni diferencia tarifaria.

También se podrán modificar los trayectos

Clic informó que los pasajeros podrán cambiar, por una única vez y sin cobro de penalidad ni diferencia tarifaria, el trayecto afectado o el trayecto de regreso.

Esta alternativa estará disponible siempre y cuando el pasajero no modifique la ruta original de su tiquete.

La medida busca ofrecer mayor flexibilidad a los viajeros que tengan programados desplazamientos entre Medellín y Pereira durante el periodo establecido.

Clic recomienda verificar el estado del vuelo

La aerolínea señaló que continuará monitoreando la evolución de la situación para adoptar las medidas que sean necesarias y mantener informados a sus pasajeros.

Antes de dirigirse al aeropuerto, Clic recomienda a los viajeros consultar el estado de su vuelo a través de su página web y de sus canales oficiales de atención.

Las condiciones especiales aplican exclusivamente a los vuelos de la ruta Medellín (Olaya Herrera) – Pereira – Medellín (Olaya Herrera) programados hasta el 24 de agosto de 2026.

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Con el propósito de proteger las fuentes de agua, recuperar suelos degradados y fortalecer la gestión comunitaria del recurso hídrico, Corantioquia abrió una convocatoria pública dirigida a los 80 municipios que hacen parte de su jurisdicción.

La iniciativa está dirigida a administraciones municipales, empresas públicas y privadas, propietarios de predios y Organizaciones de Base Comunitaria (OBC), entre ellas Juntas de Acción Comunal (JAC) y Juntas Administradoras de Acueducto (JAA).

Dos líneas para participar

La convocatoria contempla dos modalidades de participación, a las que los interesados podrán postularse de manera individual o conjunta.

Restauración ambiental

La primera línea busca contribuir a la recuperación de ecosistemas ubicados en cuencas abastecedoras de agua.

Entre las metas establecidas se encuentran:

• Establecer 64 hectáreas de sistemas forestales con especies nativas.
• Instalar 6.000 metros de cercas para el aislamiento y protección de las áreas intervenidas.
• Los predios postulados deberán contar con una extensión mínima de una hectárea.

Las labores de siembra, mantenimiento y establecimiento de cercas serán contratadas y ejecutadas por la Organización de Base Comunitaria más cercana al predio seleccionado.

Fortalecimiento de acueductos

La segunda línea está orientada a mejorar la gestión y operación de 32 sistemas de acueducto y abastecimiento, tanto urbanos como rurales.

Para participar, los sistemas deberán contar con un caudal superior a 0,25 litros por segundo o prestar el servicio a un mínimo de 20 familias.

Los sistemas seleccionados recibirán kits técnicos para la operación, señalización informativa y talleres de formación relacionados con gobernanza del agua, uso eficiente del recurso y cumplimiento de la normatividad.

¿Hasta cuándo se puede participar?

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 25 de agosto de 2026.

El cronograma establece además las siguientes fechas:

• 24 de agosto de 2026: fecha límite para la atención de inquietudes.
• 25 de agosto de 2026: cierre de postulaciones.
• 11 de septiembre de 2026: publicación de resultados.

¿Cómo realizar la inscripción?

Las personas, organizaciones y entidades interesadas deberán realizar la inscripción y el cargue de documentos de manera virtual a través del portal de Corantioquia.

Para resolver inquietudes relacionadas con el proceso, la Corporación habilitó el correo electrónico restauracionyfortalecimiento@gmail.com.

La convocatoria busca promover acciones de restauración ambiental y fortalecer a las comunidades que tienen a su cargo sistemas de abastecimiento de agua en los municipios de la jurisdicción de Corantioquia.

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El mandatario lamentó la pérdida de vidas y destacó la solidaridad de ciudadanos, empresarios, profesionales y organismos de socorro que participan en la atención de la emergencia.

“La Patria está de luto, queridos compatriotas. Pero la Patria también está de pie, trabajando y rugiendo. He visto a empresarios, a profesionales y ciudadanos del común poniendo el hombro, poniéndose las botas por Colombia. A ellos, a las víctimas, dediquemos un minuto de silencio y oración”, afirmó el jefe de Estado.

“Un Presidente del pueblo debe estar con su pueblo”

De La Espriella aseguró que desde el momento de la tragedia ha trabajado de manera permanente para coordinar la respuesta institucional y acompañar a las comunidades afectadas.

“Desde el momento de la tragedia he trabajado día y noche sin descanso, porque un Presidente del pueblo debe estar con su pueblo en las horas más oscuras”, señaló.

El presidente sostuvo que la emergencia representa una de las mayores pruebas para el país, pero también una oportunidad para fortalecer la unidad nacional y avanzar en la reconstrucción.

“La patria la reconstruimos juntos”

Durante su intervención, el mandatario hizo referencia a la coincidencia entre el inicio de su mandato y la ocurrencia del terremoto, y llamó a los colombianos a enfrentar la emergencia como una sola nación.

“Las cosas de Dios, queridos compatriotas, solo Dios las sabe. Él decidió ponernos en esta prueba tan dura y, en su sabiduría, lo hizo justo el día en que comenzó mi mandato. Nuestro deber ante la adversidad es enfrentarla y unir al país bajo una premisa clara y contundente: la patria la reconstruimos juntos”, insistió.

El jefe de Estado reconoció que vendrán días difíciles, pero manifestó su confianza en la capacidad de los colombianos para superar las consecuencias de la tragedia.

“Esta prueba no nos va a quedar grande. Los colombianos estamos acostumbrados a crecernos en la adversidad”, afirmó.

Presidente promete información permanente sobre la emergencia

De La Espriella aseguró que permanecerá al frente de la atención de la emergencia y que mantendrá informado al país sobre los avances y las decisiones adoptadas por el Gobierno.

“No me rendiré. Seguiré en comunión permanente con mi pueblo, con la gente”, manifestó.

El mandatario también pidió un minuto de silencio por las víctimas y sus familias, mientras reiteró que una de las principales prioridades continúa siendo la búsqueda y rescate de las personas desaparecidas.

Finalmente, pidió protección para los organismos de socorro y las personas que participan en las labores de rescate.

“Hay que pedirle a Dios también que proteja a los rescatistas, a todas esas personas que están salvando vidas. Y que sostenga amorosamente a Colombia durante esta prueba tan dura. Hoy más que nunca estoy Firme por la Patria”, expresó.

La entrada Presidente Abelardo De La Espriella envía mensaje de esperanza a Colombia tras terremoto de magnitud 7,4 se publicó primero en Nación Paisa.

“¿Cómo usan a los niños? Esto es absolutamente abusivo”, expresó Restrepo Cañavera al referirse a los murales. Su cuestionamiento estuvo dirigido a lo que considera una posible utilización de los menores para transmitir mensajes políticos dentro del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

La directora llamó especialmente la atención sobre referencias a conceptos como la “resistencia” y cuestionó que los niños estén expuestos a este tipo de mensajes sin necesariamente comprender su significado.

“Un niño, ¿qué va a saber del mensaje que va a salir, dizque ‘resistencia chiquita’? ¿Qué es eso?”, manifestó durante el recorrido.

Restrepo Cañavera sostuvo que los niños deberían tener como prioridad su formación, el juego y su desarrollo integral, y no convertirse en instrumentos para promover posiciones políticas o ideológicas.

Debate por mensajes políticos en espacios educativos

El pronunciamiento de la directora del ICBF abrió nuevamente la discusión sobre los límites de la expresión política dentro de las diferentes instalaciones del ICBF y la obligación de proteger a niños y adolescentes frente a cualquier forma de instrumentalización.

La funcionaria cuestionó particularmente la eventual utilización de menores para respaldar discursos asociados con determinados sectores políticos. No obstante, el video difundido no identifica a los responsables de los murales ni permite establecer quién los realizó, en qué contexto fueron elaborados o si los estudiantes participaron directamente en su creación.

Restrepo Cañavera también afirmó que algunos jóvenes habían quedado afectados por situaciones ocurridas anteriormente, aunque el fragmento conocido no entrega información suficiente para determinar las circunstancias concretas a las que hizo referencia.

“Un niño, lo único que tiene es que jugar”, afirmó la directora.

La controversia plantea un debate que trasciende las posiciones políticas: cualquier eventual utilización de niños y adolescentes para promover mensajes partidistas o ideológicos dentro de espacios del ICBF debe ser analizada bajo criterios de protección integral de los menores.

En ese sentido, la discusión también pone sobre la mesa la necesidad de garantizar que las instalaciones del ICBF sean espacios de formación y participación, sin que los niños sean utilizados como vehículo para intereses políticos de ningún sector.

La entrada Indignación por murales políticos en el ICBF: directora María Carolina Restrepo alerta posible instrumentalización de niños se publicó primero en Nación Paisa.

El equipo convocado está integrado por 15 jugadoras, con una combinación de deportistas que ya cuentan con experiencia en procesos internacionales y otras que han venido ganando protagonismo en el desarrollo de las categorías nacionales.

La convocatoria está conformada por 12 jugadoras antioqueñas, dos vallecaucanas y una bogotana, quienes estarán bajo la dirección técnica de Mónica Viviana Ospina Orozco, con Deisy Verónica Mazo Garcés como asistente técnica. La preparación física estará a cargo de Edwin Jovanny Meneses Quintero, preparador físico de las selecciones de Antioquia.

Las 15 convocadas son:

• Isabela Monsalve Naranjo
• Jennifer Ramírez Serna
• María José Becerra Salas
• Susana Estrada Castaño
• Michelle Andrea Pérez Barrientos
• Daniela Giraldo Montoya
• Lizeth Andrea Mosquera Mosquera
• Maira Fernanda Mercado Hinestroza
• Juliana Castaño Quevedo
• Carolina Muñoz Jara
• Daniela Alejandra Ramírez Carrasquilla
• Sara Talani Arcila Quiñonez
• Angie Paola Asprilla Rivas
• Sara Arroyave Calderón
• Ana María Rodríguez Ramírez

Una convocatoria que mezcla experiencia y renovación

El grupo reúne jugadoras que hicieron parte del repechaje clasificatorio al Mundial femenino de mayores, junto con algunas deportistas que han sido importantes en procesos anteriores del IHF Trophy en categorías inferiores.

La concentración se extenderá en Medellín del 17 de agosto al 1 de septiembre, un periodo de preparación superior al que habitualmente se dispone para este tipo de procesos, lo que permitirá al cuerpo técnico trabajar aspectos físicos, tácticos y colectivos antes del viaje a Lima.

La apuesta pasa por consolidar una base competitiva que pueda representar a Colombia en un torneo que busca ampliar las oportunidades de participación internacional para las selecciones de países que tradicionalmente tienen menos presencia en las grandes competencias de la disciplina.

El IHF Trophy busca ampliar el camino hacia el Mundial

El IHF Trophy femenino de mayores hace parte de la estructura impulsada por la Federación Internacional de Balonmano (IHF) para ampliar la participación de diferentes países en el camino hacia los campeonatos mundiales.

El sistema contempla diferentes etapas, desde las fases regionales y continentales hasta la instancia intercontinental, siguiendo una estructura similar a la implementada en las categorías juveniles.

Para Colombia, el torneo en Lima representa una oportunidad para medir el crecimiento del proceso femenino y sumar experiencia internacional.

Sin embargo, la convocatoria también deja sobre la mesa una pregunta para el futuro: ¿cuándo la Federación Colombiana de Balonmano podrá generar las condiciones necesarias para contar también con las jugadoras colombianas que desarrollan su carrera en el exterior?

La presencia de estas deportistas podría ampliar las alternativas del cuerpo técnico y permitir una combinación aún más competitiva entre las jugadoras que actúan en Colombia y aquellas que tienen experiencia en ligas internacionales.

El reto para el seleccionado no será solamente competir en Lima, sino continuar construyendo un proceso femenino de mayores con mayor continuidad, planificación y respaldo, pensando en los próximos desafíos internacionales.

La entrada Colombia prepara su selección femenina de mayores para el IHF Trophy: una mezcla de experiencia y nuevos procesos se publicó primero en Nación Paisa.

Uno de los puntos que más llama la atención es el Estadio Distrital, proyecto para el que se plantea comprometer alrededor de $40.000 millones anuales entre 2028 y 2046. Sumados los recursos contemplados para 2027, el compromiso con este proyecto se acerca a $1 billón.

La pregunta que queda sobre la mesa es si resulta conveniente que la administración de Gutiérrez deje amarrada una parte tan importante del presupuesto de Medellín hasta 2046, cuando todavía faltan por conocer las prioridades de los próximos cinco gobiernos de la ciudad.

Avanzamos con el estadio que Medellín se merece 🏟️.

Obtuvimos la licencia de construcción para la renovación total e iniciamos la primera fase de las obras con el desmonte de la cubierta occidental.

Este proyecto le dejará a la ciudad un escenario de talla mundial: pasaremos… pic.twitter.com/2jK39x7cu2

— Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) July 8, 2026

El proyecto también incluye millonarios compromisos para infraestructura y movilidad, entre ellos el Metrocable de San Antonio de Prado, para el que se contemplan cerca de $138.715 millones anuales entre 2028 y 2037, además de recursos relacionados con otros proyectos viales.

La preocupación aumenta porque algunos de estos proyectos presentan avances prediales que, según el documento, todavía son muy bajos. En determinados casos se reporta un avance de apenas 5 %. Comprometer recursos de largo plazo mientras persisten dificultades para adquirir o sanear los predios puede abrir la puerta a retrasos, demandas, mayores costos y modificaciones contractuales.

Otro punto cuestionado es la amplitud de la autorización que se pretende entregar al alcalde para celebrar los contratos derivados de las vigencias futuras. Esto genera interrogantes sobre el nivel de control que podrá ejercer posteriormente el Concejo frente a las condiciones específicas de contratación.

Medellín, tendrá el estadio que se merece 🤩.

Este 5 de mayo, si eres empresa de construcción e interventoría o proveedor de insumos y materiales de obra, te esperamos para que conozcas el proyecto completo de renovación del estadio, su alcance, características y el proceso de… pic.twitter.com/bTUBl1tDwO

— Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) May 1, 2026

Además, el documento presenta diferencias entre valores expresados en pesos corrientes y pesos constantes, particularmente en las cifras relacionadas con el Estadio Distrital, una situación que puede dificultar la lectura real del impacto financiero de los compromisos sobre el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

El problema de fondo no es solamente cuánto dinero pretende comprometer la administración de Federico Gutiérrez, sino qué margen presupuestal quedará para los alcaldes que lleguen después de él.

Amarrar recursos durante casi 20 años significa que futuras administraciones tendrán menos capacidad para decidir sobre nuevas obras, programas sociales, educación, seguridad, salud o atender emergencias que hoy ni siquiera se pueden prever.

Mientras Medellín enfrenta múltiples necesidades, la discusión ahora queda en manos del Concejo: ¿debe la ciudad comprometer $2,8 billones durante las próximas décadas bajo las condiciones planteadas por Fico Gutiérrez?

La decisión tendrá efectos que irán mucho más allá del actual periodo de gobierno.

La entrada Fico quiere amarrar a Medellín con $2,8 billones en vigencias futuras: casi $1 billón iría al estadio se publicó primero en Nación Paisa.

La situación ha generado cuestionamientos sobre un eventual conflicto de interés, debido a que el objeto del contrato está relacionado con asuntos tributarios y algunas de las actividades contratadas tendrían como contraparte a la propia DIAN.

No obstante, con la información disponible públicamente no es posible afirmar que exista un conflicto de interés legalmente establecido, una actuación irregular o un favorecimiento indebido. Estos aspectos tendrían que ser determinados por las autoridades competentes a partir de los documentos contractuales, las declaraciones de impedimentos y recusaciones y las funciones que efectivamente desempeñe cada involucrado.

Andrés Felipe Velásquez y su esposa Jensy Osorio son socios de Velásquez Osorio Abogados. Esta empresa se constituyó en 2021. Ambos han aparecido como representantes de esta empresa y son quienes la manejan. Andrés Felipe es el Director/DIAN de ADLE desde el 11/08/2026. Sigue👇 pic.twitter.com/vyLAgkcMQy

— Juan Poe (@JuanPoe) August 15, 2026

Un contrato de más de $1.600 millones

Los documentos oficiales publicados por el Senado permiten confirmar la existencia de un contrato entre la corporación y Velásquez Osorio Abogados S.A.S., identificada con NIT 901497828.

El contrato corresponde al No. 2009 de 2025, suscrito el 1 de diciembre de 2025, y tiene como objeto la prestación de servicios relacionados con derecho tributario y penal para la División Financiera y de Presupuesto del Senado.

En los registros presupuestales de la corporación aparece inicialmente un valor de $1.177.071.000 y una fecha de finalización del 30 de mayo de 2026. Posteriormente, el registro presupuestal muestra modificaciones al contrato.

El nombre de Velásquez Osorio Abogados también aparece en los documentos oficiales de contratación del Senado correspondientes a 2025, donde figura como contratista de la corporación.

Dentro de este contrato, el último informe de junio/julio 2026 muestra que hay gestiones de la empresa del Director de la DIAN a favor del Senado ante la propia DIAN para temas como el impuesto/renta, retención/fuente y hasta respuestas a requerimientos de la DIAN. Sigue👇 pic.twitter.com/gZQ7oLvUfb

— Juan Poe (@JuanPoe) August 15, 2026

¿Qué relación tendría el contrato con la DIAN?

El punto que genera mayor interés está relacionado con las actividades desarrolladas dentro del contrato.

Según los documentos y señalamientos que dieron origen a la controversia, la firma habría prestado servicios relacionados con asuntos tributarios del Senado que podían involucrar trámites, requerimientos y actuaciones ante la DIAN.

Entre las labores mencionadas se encuentran asuntos relacionados con impuesto de renta, retención en la fuente y respuestas a requerimientos de la administración tributaria.

De confirmarse que esas actividades fueron desarrolladas efectivamente ante la DIAN mientras Andrés Felipe Velásquez ejerce como director de la entidad, surgiría una pregunta central: ¿qué mecanismos de separación, impedimento o sustitución se aplicaron para evitar cualquier posible conflicto entre las actividades privadas de la firma y las Borrar la caché y minimizar CSS/JSfunciones públicas del nuevo director?

La sola existencia de un contrato entre el Senado y una firma privada no permite concluir que haya una irregularidad.

Tanto el actual Director de la DIAN y su esposa Jensy Osorio tienen acceso a valiosa información tributaria del Senado (senadores y empleados) y han venido gestionando este contrato multimillonario y otros. Ambos están planillados. Jensy aparece como apoderada del Senado. Sigue👇 pic.twitter.com/AxMoOYeSn1

— Juan Poe (@JuanPoe) August 15, 2026

El cambio de representante legal

Otro de los elementos señalados en la información que circula sobre el caso es un cambio en la representación legal de Velásquez Osorio Abogados.

Según la denuncia pública, el cambio se habría producido el 27 de julio de 2026, antes de la llegada de Andrés Felipe Velásquez a la dirección de la DIAN.

Quienes cuestionan la situación sostienen que, aunque se habría producido el cambio formal de representante legal, Velásquez y su esposa, Jensy Osorio, continuarían vinculados a la sociedad.

Ese aspecto también requiere ser contrastado con los certificados de Cámara de Comercio, los estatutos de la sociedad y los documentos que acrediten quiénes son actualmente sus socios, administradores y beneficiarios reales.

La información tributaria, otro punto de preocupación

Los cuestionamientos también se concentran en el tipo de información a la que tendría acceso la firma en desarrollo del contrato.

De acuerdo con los señalamientos publicados, dentro de las actividades realizadas para el Senado habría estado la revisión de información relacionada con retenciones en la fuente de congresistas, funcionarios de planta y miembros de las Unidades de Trabajo Legislativo (UTL).

De ser así, se trataría de información de naturaleza tributaria cuya administración exige especial cuidado.

Sin embargo, es importante precisar que no se ha establecido públicamente que Andrés Felipe Velásquez haya utilizado información obtenida por la firma para beneficio propio o de terceros, ni que haya intervenido desde la DIAN en asuntos relacionados con el contrato del Senado.

Una eventual responsabilidad en ese sentido tendría que demostrarse mediante evidencia documental y no puede derivarse únicamente de la coincidencia entre la actividad profesional de la firma y el nuevo cargo público de Velásquez.

¿Cuándo comenzó el contrato?

El contrato entre el Senado y Velásquez Osorio Abogados comenzó el 1 de diciembre de 2025, meses antes de la llegada de Andrés Felipe Velásquez a la dirección de la DIAN.

Esto resulta relevante para establecer el contexto temporal de la controversia.

Los registros oficiales del Senado consultados muestran que el contrato estaba vigente durante 2026 y que la firma aparecía como contratista para asuntos de derecho tributario y penal de la División Financiera y de Presupuesto.

Por tanto, el asunto que ahora genera interrogantes no sería el origen del contrato, sino la eventual coexistencia entre ese vínculo contractual y el posterior ejercicio de un cargo público con autoridad sobre la administración tributaria del país.

Un asunto que requiere explicaciones

La situación plantea varias preguntas que deberían ser respondidas con documentos oficiales:

• ¿Cuál es actualmente la participación societaria de Andrés Felipe Velásquez en Velásquez Osorio Abogados?
• ¿Cuál es la participación de Jensy Osorio y qué funciones cumple dentro de la sociedad?
• ¿Quién representa actualmente legalmente a la firma?
• ¿Cuál fue exactamente el valor final y el plazo del contrato con el Senado?
• ¿El contrato fue prorrogado o adicionado después del 31 de julio de 2026?
• ¿Qué actuaciones ante la DIAN realizó la firma durante la ejecución del contrato?
• ¿Qué medidas adoptó Velásquez al asumir la dirección de la DIAN frente a sus antiguos negocios y actividades profesionales?
• ¿Existe algún impedimento, conflicto declarado o mecanismo formal de separación respecto de los asuntos relacionados con el Senado?

Responder estas preguntas permitiría determinar si existe simplemente una coincidencia entre una contratación previa y el nuevo cargo público o si, por el contrario, hay circunstancias que ameriten la intervención de los organismos de control.

Este es el documento oficial donde el Senado justifica que el contrato de la empresa del Director/DIAN y su esposa se extiende del 31/07/2026 al 16/08/2026 y pasa de 1647 millones a 1762 millones. Este contrato multimillonario de asesoría tributaria se mantiene vigente. Sigue👇 pic.twitter.com/8Xzi4B2RHY

— Juan Poe (@JuanPoe) August 15, 2026

Lo que sí está documentado

La documentación oficial consultada permite establecer que Velásquez Osorio Abogados S.A.S. tiene un contrato con el Senado para servicios relacionados con derecho tributario y penal, con un valor inicial de $1.177 millones, y que el contrato aparece registrado en la ejecución presupuestal de la corporación durante 2026.

Lo que todavía debe establecerse es si la situación descrita configura jurídicamente un conflicto de interés y si existieron actuaciones del nuevo director de la DIAN que pudieran comprometer sus deberes como servidor público.

Por ahora, no existe base suficiente para afirmar que Andrés Felipe Velásquez haya utilizado su cargo para favorecer al Senado, a su empresa o a terceros. El caso, sin embargo, plantea interrogantes sobre la gestión de sus intereses privados y sobre las medidas adoptadas para garantizar que su actividad empresarial previa no interfiera con las funciones que ahora desempeña al frente de la administración tributaria.

La respuesta a esas preguntas será clave para determinar si se trata de una controversia política y ética o si existen elementos que puedan tener consecuencias administrativas, disciplinarias o de otra naturaleza.

¿El Director/DIAN pretende usar su cargo y empresa para favorecer los intereses de senadores y sus colaboradores en materia tributaria? Este no es el único contrato. Esta empresa y el Senado han tenido millonarios contratos que suman miles de millones. Aquí las pruebas. Muy grave pic.twitter.com/ulY6DJG9fm

— Juan Poe (@JuanPoe) August 15, 2026

La entrada Posible conflicto de interés: empresa vinculada al nuevo director de la DIAN tendría millonario contrato con el Senado se publicó primero en Nación Paisa.

La emergencia provocada por el sismo de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto continúa dejando graves afectaciones en diferentes regiones del país. Un informe del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF), elaborado con información de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), da cuenta de 450 municipios afectados en 15 departamentos.

El documento, consolidado con corte a las 6:30 de la tarde del 16 de agosto, advierte que las cifras continúan ajustándose a medida que las autoridades verifican la información reportada inicialmente.

De acuerdo con el reporte, 81.536 viviendas presentan averías y otras 14.705 fueron destruidas. Además, se contabilizan 66 edificios colapsados, 234 centros de salud afectados, 2.535 centros educativos con daños, 3.782 centros comunitarios afectados y 308 vías comprometidas.

En cuanto a las víctimas, el balance preliminar registra 289 personas fallecidas, 3.937 heridas y 143 desaparecidas, mientras que 54.382 familias han resultado afectadas.

En el Valle del Cauca, 16 Unidades Móviles del ICBF continúan en territorio brindando atención y acompañamiento. En el departamento, la atención ha llegado a 1.356 niños y adolescentes y en Cali, nuestros equipos han atendido a 61 niños.#ColombiaUnSoloCorazón pic.twitter.com/Uvugv2cohN

— Bienestar Familiar | ICBF (@ICBFColombia) August 17, 2026

Valle del Cauca y Risaralda concentran la mayor cantidad de víctimas

El Valle del Cauca aparece como el departamento con mayor número de fallecidos, con 163 víctimas mortales y 2.569 personas heridas. También se reportan 80 desaparecidos y 88 personas rescatadas.

En este departamento hay 29.665 viviendas averiadas y 7.637 destruidas, además de 42 municipios afectados.

Risaralda registra 104 fallecidos, 578 heridos y 61 personas desaparecidas. Las autoridades reportan 265 personas rescatadas y daños en 6.772 viviendas, mientras que otras 1.476 quedaron destruidas.

En Chocó, departamento donde se ubicó el epicentro del sismo, se contabilizan 11 fallecidos y 309 heridos. También hay 12.129 viviendas averiadas y 1.724 destruidas, con 29 municipios afectados.

Caldas registra seis fallecidos y 230 heridos, además de 7.658 viviendas averiadas y 1.906 destruidas.

En Quindío se reportan tres fallecidos, 231 heridos y daños en 18.039 viviendas, de las cuales 1.738 fueron destruidas.

En el albergue Coliseo Cubierto de Quibdó, adelantamos una jornada de acompañamiento psicosocial junto a la Policía de Infancia y Adolescencia. Con juegos, respiración y reconocimiento de emociones favorecemos el bienestar de niños y adolescentes.#ColombiaUnSoloCorazón pic.twitter.com/8r8CV3sgN7

— Bienestar Familiar | ICBF (@ICBFColombia) August 17, 2026

Antioquia reporta más de 3.300 viviendas averiadas

En Antioquia, el informe registra un fallecido, 19 personas heridas y 3.318 viviendas averiadas.

El departamento aparece además con 104 municipios afectados, una de las cifras territoriales más altas dentro del consolidado nacional.

Aunque el impacto en Antioquia ha sido menor en número de víctimas frente a departamentos como Valle del Cauca y Risaralda, la cantidad de municipios reportados con algún tipo de afectación refleja la extensión territorial de la emergencia.

18 menores de edad fallecieron en cinco departamentos

Uno de los apartados más sensibles del informe corresponde a los niños, niñas y adolescentes fallecidos como consecuencia del terremoto.

Con información de medios de comunicación y del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el documento registra 21 menores fallecidos en cinco departamentos.

En Chocó se reporta un niño fallecido tras el colapso de una estructura en Quibdó.

El Valle del Cauca concentra la mayor cantidad, con 17 niños, niñas y adolescentes fallecidos. Medicina Legal reporta víctimas en Buenaventura, Buga y Cali, mientras que públicamente también se han conocido casos en Calima-El Darién y Yumbo.

En Risaralda se registran dos menores fallecidos, uno en niñez y otro adolescente. En Cauca se reporta un menor fallecido en Santander de Quilichao.

Las cifras de menores corresponden a información disponible hasta el 15 de agosto, según el comunicado de Medicina Legal citado en el informe.

Más de 3.000 personas permanecen en alojamientos temporales

La emergencia también obligó a miles de personas a abandonar sus viviendas ante el riesgo de colapso o las condiciones de inhabitabilidad.

El ICBF y el SNBF identificaron 51 alojamientos temporales en los departamentos afectados, donde permanecen 3.067 personas, entre ellas 916 niños, niñas y adolescentes.

Risaralda concentra 13 de estos alojamientos, mientras que Valle del Cauca cuenta con 24. También hay cinco en Caldas, uno en Chocó y tres en Quindío.

Entre los principales puntos de alojamiento se encuentran escenarios deportivos, colegios, parques, iglesias y otros espacios comunitarios habilitados para recibir a las familias afectadas.

En Pereira, por ejemplo, hay personas alojadas en el Ecoparque Vergel, Parque El Oso, Coliseo Mayor Rafael Cuartas, Parque Olaya Herrera, Polideportivo Mejía Robledo y el estadio Alberto Mora Mora, entre otros lugares.

En Cali se habilitaron espacios como la Cancha de Hockey, la Iglesia Avivamiento y el Polideportivo Metropolitano.

Buenaventura también cuenta con varios alojamientos temporales distribuidos en diferentes comunas, debido a las afectaciones provocadas por el movimiento telúrico.

95 Puestos de Mando Unificado permanecen activos

La respuesta institucional continúa coordinándose mediante 95 Puestos de Mando Unificado (PMU) municipales, distribuidos en Caldas, Chocó, Quindío, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca.

El Valle del Cauca concentra 34 PMU, seguido por Caldas con 23, Risaralda con 14, Quindío con 12, Chocó con ocho y Tolima con tres.

Además, permanecen activos cinco PMU departamentales en Chocó, Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca.

A nivel nacional funciona un PMU con dos sesiones diarias en la sala de crisis de la UNGRD.

En cuanto a las declaratorias de calamidad pública, el informe registra 58 decretos en los departamentos afectados.

Las cifras continúan en verificación

El ICBF advierte que los datos incluidos en el informe corresponden a información consolidada a partir del reporte preliminar número 29 de la Sala de Crisis de la UNGRD y de los registros de los referentes del Sistema Nacional de Bienestar Familiar.

Por esa razón, las cifras pueden cambiar en los próximos balances, especialmente porque las autoridades continúan verificando daños, víctimas y personas afectadas.

El informe evidencia que, seis días después del terremoto, la emergencia todavía representa un enorme desafío para las autoridades, especialmente en materia de vivienda, atención a las familias damnificadas y protección de niños, niñas y adolescentes.

Con 14.705 viviendas destruidas, más de 81.500 averiadas y más de 3.000 personas alojadas temporalmente, la reconstrucción y el retorno seguro de las familias se perfilan como uno de los principales retos de las próximas semanas.

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