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Trump se mofa del apoyo LGBTQ+ a Palestina durante un mitin

Nación Paisa — Mon, 05 Oct 2026 22:12:45 +0000

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se burló de activistas LGBTQ+ que apoyan a Palestina durante un mitin en Mobile, Alabama, el 2 de octubre de 2026. Parte del público respondió con risas.

Activistas LGBTQ+ propalestinos en su discurso

Ante sus seguidores, Trump preguntó: “Gays for Palestine, ¿qué tal eso?”. Después cuestionó qué ocurre con las personas homosexuales “en esa parte del mundo”, al poner en duda su respaldo a Palestina.

Más adelante planteó enviar a integrantes del movimiento a negociar en la región y añadió: “Nunca los volverán a ver”. La frase figura en el registro oficial de su discurso y en los reportes del grupo de periodistas que cubrió el acto.

La burla apuntó al debate sobre el apoyo de algunos activistas LGBTQ+ a la población palestina frente a los riesgos que enfrentan las personas homosexuales en Gaza. Organizaciones internacionales de derechos humanos han documentado restricciones legales y sociales contra las personas LGBTQ+ en los territorios palestinos. Los grupos que utilizan consignas como “Queers for Palestine” sostienen que defender los derechos de la población palestina y los derechos LGBTQ+ no son posiciones incompatibles.

El mitin republicano en Mobile

El acto buscaba respaldar a candidatos republicanos ante las elecciones de mitad de mandato previstas para noviembre en Estados Unidos. Trump promovió allí la candidatura del senador Tommy Tuberville y la de otros aspirantes republicanos en Alabama.

Tras el mitin, las declaraciones de Trump comenzaron a circular ampliamente en redes sociales.

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EMCALI somete a observaciones la evaluación del alumbrado de Cali

Nación Paisa — Mon, 05 Oct 2026 01:06:11 +0000

EMCALI publicó el informe preliminar de evaluación de las propuestas para escoger al aliado que modernizará el alumbrado público de Cali. Los proponentes pueden presentar observaciones hasta el 9 de octubre de 2026, antes de que continúe la selección.

Alcance del alumbrado público de Cali

El proyecto contempla modernizar 101.037 luminarias con tecnología LED para alcanzar el 100 % del parque lumínico de Cali. También prevé instalar 3.945 nuevos puntos de iluminación e incorporar un sistema de telegestión. La intervención proyectada abarca vías, parques y otros espacios públicos.

El aliado que resulte seleccionado tendrá a su cargo la modernización, expansión, administración, operación y mantenimiento del sistema. La estructuración del proceso establece que los pagos estarán asociados a obras y actividades efectivamente ejecutadas e incluye cláusulas frente a eventuales incumplimientos.

EMCALI plantea que el uso de tecnología LED reducirá el consumo de energía y que la telegestión hará más eficiente la operación. Son objetivos de un proyecto cuya ejecución depende de las etapas pendientes de la selección.

De las propuestas al informe

El plazo para presentar propuestas cerró el 25 de septiembre a las 4:30 p. m., conforme a la invitación pública. El informe preliminar, publicado el 2 de octubre, reúne las evaluaciones jurídicas, técnicas y financieras de las propuestas recibidas.

Roger Mina, gerente general de EMCALI, indicó que se presentaron tres estructuras plurales. La empresa revisará las observaciones de los proponentes en las siguientes etapas, de acuerdo con las condiciones establecidas para escoger al aliado estratégico.

EMCALI señaló que la Procuraduría General de la Nación ha realizado un acompañamiento preventivo desde la estructuración de la iniciativa y que acogió sus recomendaciones. El informe difundido sigue siendo preliminar: el periodo de observaciones debe concluir antes de que avance el proceso.

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COLUMNA DE OPINIÓN El engorde de títulos mineros: el latifundio del subsuelo

Nación Paisa — Wed, 30 Sep 2026 05:32:06 +0000

Por César Augusto Valencia Mosquera

El engorde de títulos mineros: el latifundio del subsuelo

Por qué democratizar la minería exige una política pública y, al final del camino, un nuevo delito bien redactado

Una cooperativa de mineros del Pacífico hace todo lo que el Estado le pide. Se constituye legalmente, se inscribe en el RUCOM, renuncia al mercurio, contrata un geólogo y radica su solicitud ante la autoridad minera. La respuesta llega meses después: el área está superpuesta con un título vigente. El dueño de ese título no ha abierto un socavón, no ha contratado a un solo trabajador de la zona y nadie en la vereda lo conoce. Tiene el papel, pero no tiene la mina. Y mientras lo conserve, nadie más podrá tenerla.

A eso le llamo el engorde de títulos mineros: acumular derechos sobre el subsuelo no para explotarlos, sino para esperar, revender o bloquear. Es la versión minera del viejo latifundio improductivo, con una diferencia: este no se ve desde la carretera.

La tesis

Colombia no podrá derrotar la minería ilegal mientras la minería legal siga siendo un club cerrado. Cuando el acceso formal está bloqueado por títulos inactivos, al pequeño minero le quedan dos caminos: renunciar a su oficio o trabajar por fuera de la ley. La especulación con títulos es, por tanto, una de las fábricas silenciosas de la ilegalidad, y combatirla es también una estrategia de seguridad.

Lo que dicen las cifras

Según la Agencia Nacional de Minería, apenas el 5 % del territorio nacional está titulado para minería, y de ese porcentaje solo una fracción cercana a la quinta parte está efectivamente en explotación; el resto se encuentra en exploración o en construcción y montaje. Buena parte de esa brecha es legítima: explorar toma años y la ley lo permite. Pero dentro de ella se esconde otra realidad, la de títulos que llevan años sin una obra verificable, sostenidos únicamente con el pago del canon, mientras comunidades enteras esperan turno.

Conviene decirlo con precisión, porque el debate se ha contaminado de prejuicios: el problema no es quién es el titular, sino qué hace con el título. La misma ANM ha reportado que la mayoría de los títulos está en manos de personas naturales. El especulador puede ser una multinacional, pero también un intermediario local con testaferros. La política pública debe perseguir la conducta, no el pasaporte del inversionista.

La lección que dejó el delito de baldíos

La comparación con los baldíos es inevitable, y precisamente por eso debe hacerse con cuidado. En 2021, la Ley 2111 creó el delito de apropiación ilegal de baldíos de la Nación. Un año después, la Corte Constitucional lo declaró inexequible en la Sentencia C-411 de 2022, por desconocer los principios de estricta legalidad y proporcionalidad. El legislador quiso castigar una conducta real, pero redactó un tipo penal tan amplio que terminaba cobijando a quien simplemente ocupara o utilizara la tierra.

Esa es la advertencia para la minería: si el nuevo delito castiga la mera inactividad de un título, correrá la misma suerte. La inactividad es un incumplimiento contractual, y para eso existe el derecho administrativo. El derecho penal solo debe entrar cuando hay fraude.

Primero el Ejecutivo: una política pública de democratización minera

Antes de pedirle al Congreso un nuevo delito, el Gobierno tiene en sus manos herramientas que puede activar de inmediato, sin reforma legal alguna:

1. Barrido nacional de títulos inactivos. Que la ANM cruce la información de fiscalización, publique en datos abiertos cuántos títulos no registran obras ni trabajos en los plazos legales y adelante los procesos de caducidad que el Código de Minas ya contempla.

2. Áreas liberadas con destino definido. Que las áreas recuperadas se prioricen para dos fines: la formalización de pequeños mineros y cooperativas, y los proyectos de minerales estratégicos con inversionistas que demuestren capacidad real.

3. Costo creciente por inactividad. Que mantener un título quieto sea cada año más costoso, de modo que la especulación deje de ser negocio sin necesidad de acudir a la cárcel.

4. Transparencia en las cesiones. Que toda cesión de derechos mineros revele al beneficiario final, para cerrarle la puerta a los testaferros.

Después, el Legislativo: un tipo penal que sobreviva a la Corte

Agotada la vía administrativa, el Congreso puede cerrar el círculo con un delito de redacción estricta, dirigido solo contra el acaparamiento fraudulento. A manera de propuesta para la discusión:

Acaparamiento fraudulento de títulos mineros. El que, directamente o por interpuesta persona, obtenga, acumule o conserve títulos mineros o propuestas de contrato de concesión mediante el uso de testaferros, el fraccionamiento artificioso de áreas, la simulación de capacidad técnica o económica, o el suministro de información falsa a la autoridad minera, con el propósito de negociar el derecho o de impedir el acceso de terceros al área, incurrirá en prisión y multa en los términos que determine la ley. Parágrafo. La sola inactividad del título no constituye delito y se sancionará conforme al régimen administrativo minero.

Tres elementos le dan solidez: una conducta concreta, un medio fraudulento y una finalidad especulativa. El parágrafo protege al titular legítimo que explora con lentitud y responde de frente a la objeción que tumbó el delito de baldíos.

Democratizar la minería es abrirle la puerta a la inversión seria

Algunos verán en esta propuesta una amenaza para el inversionista extranjero. Es exactamente lo contrario. Los Acuerdos de Barranquilla, firmados este mes con Estados Unidos, incluyen un memorando sobre minerales críticos que compromete a Colombia con cadenas de suministro de tierras raras, litio, cobre y tungsteno. Ningún inversionista serio llegará a un país donde las mejores áreas están congeladas por especuladores. Liberar el subsuelo ocioso es la condición para que ese memorando se convierta en minas, empleos y regalías.

El Gobierno ha prometido seguridad, confianza inversionista y persecución de las economías ilegales. La democratización minera reúne las tres: le quita combustible a la ilegalidad, le abre espacio al pequeño minero y le ofrece al capital extranjero reglas claras sobre un subsuelo disponible. Invito al Ejecutivo a encabezar esta tarea, y al Congreso a acompañarla con una ley bien escrita.

Bienvenidos a la democratización minero-energética de la patria milagro.

César Augusto Valencia Mosquera es abogado, director de NEXA LEGAL, especialista en derecho penal, minería y prevención de riesgos jurídicos en el sector extractivo.

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EDUS adjudica licitación de alumbrado por $26.534 millones en medio de cuestionamientos

Nación Paisa — Tue, 29 Sep 2026 18:42:57 +0000

La EDUS modificó el cronograma de una contratación de alumbrado público en Santa Marta, valorada en más de $26.534 millones. Los registros del proceso en SECOP II muestran diferencias en las cantidades de luminarias, una adenda registrada después del límite fijado en la invitación y una citación para presentar muestras con menos de 12 horas de anticipación.

Cambios en el contrato de alumbrado

El proceso EDUS-I.P.O.M. > C-022-2026 contempla el suministro de luminarias LED para Santa Marta. La invitación establecía que las adendas podían expedirse hasta el día hábil anterior al cierre, entre las 7:00 a. m. y las 7:00 p. m. Cuando el cierre estaba fijado para el 28 de agosto a las 4:00 p. m., el límite para modificarlas era el 27 de agosto a esa misma hora.

La constancia CO1.RECEIPT.36381762 registra la modificación que incluyó la Adenda No. 003 el 27 de agosto a las 6:55:56 p. m., casi tres horas después de ese límite. En el mismo evento se cargaron otros 11 documentos, incluido un nuevo Anexo Técnico, y el cierre se trasladó al 31 de agosto. La respuesta a las observaciones en la que se fundamentaba la adenda apareció a las 7:17:14 p. m.

También había diferencias en el alcance del proyecto: el Anexo Técnico consignaba 12.002 luminarias y 4,99 km de red, mientras que el presupuesto oficial contemplaba 10.059 luminarias y 7 km. El 31 de agosto, a las 12:01 p. m., EDUS respondió por mensaje en SECOP II que, al parecer, prevalecían las cantidades del presupuesto. Faltaban menos de cuatro horas para el cierre.

Un interesado había advertido que valorar las cantidades del Anexo Técnico con los precios oficiales elevaría el costo del proyecto en cerca de $5.810 millones sobre el presupuesto. Los documentos económicos registraban, además, dos totales distintos: $26.534.289.909,53 en la invitación y $26.534.093.912,30 en el formato de presupuesto.

Muestras y evaluación de ofertas

EDUS ratificó la verificación física de las luminarias el 31 de agosto a las 8:04:20 p. m. y citó a los oferentes para las 8:00 a. m. del día siguiente. Entre el aviso y la diligencia transcurrieron 11 horas y 55 minutos. La muestra debía corresponder exactamente al producto ofertado.

En los 41 registros del módulo público de mensajes, seis observaciones de interesados no aparecen vinculadas a una respuesta y otra tiene una vinculación indeterminada. Trece observaciones se contestaron en un solo mensaje. En otro caso, una consulta sobre los tiempos y la entrega de la muestra recibió respuesta únicamente sobre el plazo.

Tras el cierre, una unión temporal remitió su oferta por correo electrónico a las 4:27 p. m. e invocó la indisponibilidad de SECOP II. EDUS decidió 11 días después que no la tendría en cuenta. El informe preliminar de evaluación se publicó el 17 de septiembre y concluyó que ninguno de los tres oferentes quedó habilitado.

El cronograma mantiene otra diferencia: la Adenda No. 003 estableció cuatro meses de ejecución, mientras que SECOP II registra seis meses y una terminación prevista para el 31 de diciembre de 2026. El inicio estaba programado para el 20 de octubre.

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Defensa de Sandra Ortiz cuestiona trato de la Fiscalía y pide revisar negociación

Nación Paisa — Fri, 25 Sep 2026 02:24:57 +0000

La defensa de la exfuncionaria Sandra Ortiz cuestionó el manejo que, según su versión, la Fiscalía General de la Nación ha dado a las conversaciones relacionadas con un eventual principio de oportunidad y sostuvo que su representada está dispuesta a entregar información dentro del proceso.

El abogado de Ortiz manifestó que la defensa busca que la Fiscalía valore su situación bajo los mismos criterios aplicados a otros involucrados y reclamó que la negociación se desarrolle de manera equitativa.

Defensa pide que Ortiz sea escuchada

Durante una conversación sobre el proceso, el abogado señaló que Ortiz ha expresado desde el inicio su disposición para entregar información a las autoridades. En ese contexto, afirmó que la defensa considera que la exfuncionaria debe ser evaluada de acuerdo con los hechos que eventualmente se le puedan atribuir.

“La justicia no debe tener género”, sostuvo el abogado, al cuestionar lo que considera un trato diferente dentro del proceso.

La defensa también aseguró que la información que Ortiz estaría dispuesta a entregar podría involucrar a personas y sectores relacionados con el ámbito político. Sin embargo, el contenido de esa información y su eventual alcance deberán ser valorados por las autoridades competentes.

Diferencias sobre el principio de oportunidad

Según el relato del abogado, cuando comenzó la negociación con la Fiscalía se contemplaba inicialmente una pena de 48 meses de prisión. Posteriormente, de acuerdo con su versión, la entidad habría mostrado interés en la información aportada por Ortiz y se habría planteado la posibilidad de explorar un principio de oportunidad con inmunidad total.

La defensa sostuvo que, a partir de ese escenario, entregó información, elaboró matrices y participó en actividades de verificación junto con investigadores de la Fiscalía.

El abogado explicó que posteriormente quedaron a la espera de que la Fiscal General de la Nación evaluara y validara la información suministrada.

No obstante, según la defensa, posteriormente recibieron una respuesta diferente por parte de la entidad, en el sentido de que la información entregada ya no sería de interés para la Fiscalía.

Debate sobre la inmunidad

Uno de los puntos de discusión está relacionado con el alcance que podría tener un eventual principio de oportunidad.

En el proceso se ha planteado que Ortiz no necesariamente podría acceder a una inmunidad total, debido a que otros colaboradores o personas que han suscrito preacuerdos dentro de investigaciones relacionadas han aceptado penas de prisión.

La defensa, por su parte, considera que Ortiz debe tener la posibilidad de exponer su versión y que la información que pueda aportar debe ser evaluada antes de descartar una eventual negociación.

Por ahora, las afirmaciones sobre el desarrollo de las conversaciones corresponden a la versión entregada por la defensa. La decisión sobre un eventual principio de oportunidad, sus condiciones y los efectos jurídicos que pueda tener corresponde a la Fiscalía General de la Nación, dentro de las competencias establecidas por la ley.

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David Vélez propone eliminar la tasa de usura en Colombia

Nación Paisa — Mon, 21 Sep 2026 21:51:17 +0000

David Vélez, CEO de Nu, planteó eliminar o reformar la tasa de usura en Colombia, al sostener que el actual límite de interés restringe el crédito formal para personas de menores ingresos o sin historial financiero.

El fundador de Nu afirmó que el mecanismo fue creado para proteger al consumidor, pero consideró que termina excluyendo a millones de potenciales usuarios. A su juicio, cuando el máximo permitido no alcanza para cubrir el riesgo de ciertos perfiles, las entidades financieras optan por negar los préstamos.

Vélez vinculó esas negativas con la búsqueda de recursos por canales informales, entre ellos el “gota a gota”. También señaló que la reducción del tope de usura en períodos recientes ha coincidido con una fuerte contracción del saldo de crédito de consumo en el país.

Como alternativa al esquema vigente, propuso establecer límites diferenciados para cada tipo de crédito, en vez de mantener un único techo para productos distintos. La otra opción planteada por el ejecutivo es eliminar el límite, de modo que las tasas reflejen el nivel de riesgo de cada usuario.

Para Vélez, una modificación de ese tipo ampliaría la disponibilidad de financiación para consumidores y pequeños negocios. El CEO instó a las autoridades económicas y al Gobierno a revisar el mecanismo y expresó su expectativa de que la próxima administración trate cambios en tasas de interés, uso del efectivo y reglas de Open Finance.

El llamado coincide con el plan de Nu de invertir aproximadamente US$1.580 millones entre 2026 y 2030 en Colombia. La compañía indicó que esos recursos estarán dirigidos a plataformas avanzadas de datos e inteligencia artificial, nuevos servicios financieros, equipos estratégicos y capital para el crecimiento de sus operaciones.

Nu ingresó al país en 2021 con una tarjeta de crédito y luego amplió su oferta. Vélez afirmó que la entidad pasó de cero a cinco millones de clientes en cinco años. Marcela Torres, gerente general de Nu Colombia, reportó una base de seis millones de usuarios y señaló que la firma tiene la cuarta mayor base de depósitos individuales del país.

La compañía reportó más de US$3.490 millones en depósitos entre cuentas de ahorro y CDT, una participación cercana al 10% del mercado de tarjetas de crédito y alrededor del 7% de los depósitos individuales. Nu afirmó además que representó el 25% de las personas que accedieron a crédito durante el último año.

Torres indicó que cerca del 40% de los clientes vinculados durante el último año no tenía una relación previa con el sistema financiero colombiano. Reconoció que la expansión hacia poblaciones con menor acceso histórico puede elevar el riesgo crediticio.

Vélez sostuvo que los pagos digitales, con autorización del usuario, pueden aportar información sobre el comportamiento de pago de personas y negocios sin historial financiero. En esa línea mencionó a Bre-B, el sistema de pagos inmediatos del Banco de la República, como una herramienta con posibilidades para impulsar la competencia entre entidades.

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Demanda busca detener giros por compra de 17 Gripen

Nación Paisa — Mon, 21 Sep 2026 21:04:54 +0000

El abogado Guillermo Rodríguez Martínez presentó una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para solicitar la suspensión de pagos y otros actos financieros del contrato de 17 aviones Gripen E/F, mientras se divulgan las condiciones de financiación de la operación.

El recurso fue dirigido contra la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), los ministerios de Defensa y Hacienda, la Presidencia, el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), el Comando General de las Fuerzas Militares y la Armada Nacional. La demanda invoca la protección de los derechos colectivos a la moralidad administrativa y al patrimonio público.

La acción sostiene que el contrato con la empresa sueca Saab, previsto para reemplazar la flota de Kfir, ya fue suscrito y está en ejecución. Su valor asciende a 3.135,5 millones de euros, de acuerdo con una respuesta oficial de la FAC citada en la demanda.

Rodríguez pidió que se suspendan desembolsos, giros, autorizaciones de vigencias futuras y otros actos de ejecución contractual, presupuestal o financiera. Además, solicitó una medida cautelar de urgencia para detener provisionalmente esos movimientos mientras se resuelve el proceso.

La suspensión planteada se extendería hasta que las entidades acrediten públicamente el mecanismo específico de financiación, el costo financiero total y los intereses proyectados. También reclama información sobre el trámite Conpes relacionado con la estructuración del crédito y un pronunciamiento de Hacienda sobre la sostenibilidad fiscal de la operación.

La controversia se originó en derechos de petición presentados por Rodríguez el 20 de agosto. El abogado requirió las condiciones de pago, el cronograma de desembolsos, estudios previos y de costo-beneficio, la minuta contractual y los documentos que respaldaron las autorizaciones presupuestales de la compra.

La FAC negó la entrega de parte de esos documentos al considerar que están cobijados por reserva legal vinculada con la defensa y la seguridad nacional. El demandante cuestiona que esa restricción se hubiera extendido a información financiera y presupuestal que considera susceptible de divulgación.

En sus respuestas, la Fuerza Aeroespacial confirmó la existencia de un aval fiscal del Confis emitido el 14 de agosto de 2025, el Conpes 4155, un concepto favorable del Departamento Nacional de Planeación y una autorización de cupo de vigencias futuras. La acción afirma que esos documentos no fueron entregados.

El Ministerio de Defensa mantuvo la negativa en un oficio del 7 de septiembre, al reiterar la reserva legal. Si no se ordena frenar toda la operación, la demanda propone detener los desembolsos, giros y vigencias futuras que aún no se hayan perfeccionado.

Entre los argumentos, Rodríguez incluyó el escenario fiscal derivado del terremoto del 10 de agosto y las necesidades de reconstrucción y atención de las zonas afectadas. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca evaluará la admisión de la acción popular y la procedencia de las medidas cautelares solicitadas.

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UEFA y CONCACAF plantean pagos extra a 211 federaciones

Nación Paisa — Sat, 19 Sep 2026 13:00:00 +0000

UEFA y CONCACAF propusieron que la FIFA destine al menos 10 millones de dólares adicionales a cada una de sus 211 federaciones afiliadas durante los próximos tres años, mediante la liberación de parte de las reservas del organismo.

Una propuesta adicional a FIFA Forward

Los presidentes de las confederaciones, Aleksander Ceferin y Victor Montagliani, formalizaron la petición en una carta dirigida a Gianni Infantino. La cifra planteada es, para ambos dirigentes, una estimación conservadora de los recursos que la FIFA puede destinar a sus asociaciones nacionales.

El desembolso propuesto se sumaría a los fondos ya comprometidos a través de FIFA Forward. Ceferin y Montagliani sostuvieron que el desarrollo de las asociaciones miembro hace parte de la responsabilidad institucional de la organización.

La iniciativa prevé que UEFA y CONCACAF elaboren conjuntamente un análisis sobre la porción de fondos acumulados que debería liberarse. Las recomendaciones sobre los pagos se presentarían en la próxima reunión del Consejo de la FIFA, mediante el proceso de gobernanza correspondiente.

Las reservas previstas hasta 2030

El planteamiento se conoce en medio de la polémica por el proyecto de Infantino para captar inversión privada en una empresa que gestione competiciones de la FIFA, incluidos los Mundiales masculino y femenino. El presidente había prometido aumentos sustanciales en la financiación al desarrollo de las federaciones si ese plan avanzaba con rapidez.

Para Ceferin y Montagliani, no es necesario atraer primero capital privado para disponer de los recursos solicitados. En la carta afirmaron que liberar una parte de las reservas evitaría que las asociaciones tuvieran que escoger entre desarrollo y buena gobernanza, inversión e integridad, o respaldo financiero y evaluación de propuestas.

La FIFA está encaminada a cerrar el año con 6.000 millones de dólares en reservas, de acuerdo con el análisis citado por los dirigentes. Incluso si se asignaran 10 millones de dólares a cada asociación nacional, calcularon que los fondos no bajarían de 1.500 millones de dólares en ningún momento del ciclo 2027-2030.

Una vez haya mayor claridad sobre la situación financiera al cierre del año, el Consejo de la FIFA podría definir una distribución superior y determinar si corresponde efectuar un pago equivalente durante el periodo 2031-2034.

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Congreso estudiará iniciativa de seis meses para reorganizar ministerios

Nación Paisa — Sat, 19 Sep 2026 11:00:00 +0000

El Centro Democrático radicó una iniciativa para otorgar a Abelardo de la Espriella facultades extraordinarias durante seis meses. La autorización permitiría reorganizar ministerios y entidades nacionales mediante decretos con fuerza de ley, pero requiere aprobación del Congreso para entrar en vigencia.

Alcance de la propuesta radicada

La senadora Julia Correa y el representante Juan Caicedo presentaron el proyecto, que habilitaría al Ejecutivo para crear, fusionar, escindir, transformar, suprimir o liquidar organismos de la Administración Pública Nacional. Bajo esa fórmula, cada modificación no tendría que pasar por un trámite legislativo independiente.

El texto plantea además cambios en la naturaleza jurídica, los objetivos y las funciones de las entidades. También incluye la redistribución de recursos humanos y presupuestales, ajustes a las plantas de personal, reasignación de competencias y reestructuración de organismos nacionales.

La iniciativa coincide con el plan del Gobierno de reducir el número de ministerios de 18 a 13 dentro de su estrategia de austeridad. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, afirmó que la reducción y una eventual fusión de carteras serán una realidad, sin precisar cuáles dependencias entrarían en ese proceso.

Límites a las facultades para reorganizar ministerios

La autorización propuesta no permitiría aumentar el gasto de funcionamiento del Presupuesto General de la Nación. Tampoco facultaría la creación de tributos, modificaciones a la regla fiscal ni cambios en el régimen salarial de los servidores públicos.

La Rama Judicial, los organismos de control, la organización electoral y los órganos autónomos quedarían por fuera de la reorganización. El Banco de la República, las universidades autónomas y las corporaciones regionales con regímenes especiales tampoco estarían cobijados por las decisiones previstas.

Los promotores estiman que los cambios podrían generar un ahorro permanente de 2% del producto interno bruto, cercano a $42 billones. Han planteado que esos recursos podrían destinarse a infraestructura, programas sociales, educación y una eventual reducción de impuestos.

Tras su elección, De la Espriella anunció en julio una primera reorganización de la Presidencia de la República, con la eliminación de dependencias con funciones duplicadas, entre ellas la Consejería de Paz y la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, además de una reducción de 229 cargos.

El 28 de agosto, el presidente ordenó revisar integralmente la estructura estatal para identificar duplicidades, rediseñar entidades, estudiar supresiones o fusiones, simplificar trámites y disminuir el gasto de funcionamiento. Como antecedente, la Ley 790 de 2002 concedió facultades extraordinarias a Álvaro Uribe Vélez y permitió fusionar seis ministerios, de 16 a 13. El proyecto actual deberá completar su trámite legislativo antes de que las facultades propuestas puedan aplicarse.

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Claude lidera el 26% de la I+D de Antropic

Nación Paisa — Fri, 18 Sep 2026 21:43:46 +0000

El modelo de inteligencia artificial Claude asumió la conducción del 26% de las tareas de investigación y desarrollo de Antropic, mientras la empresa prepara una revisión externa de sus procesos de desarrollo y seguridad.

Del apoyo al liderazgo operativo

La participación de Claude en la conducción de investigación y desarrollo era prácticamente nula en febrero. Para agosto, Antropic contaba con más de 30.000 agentes de IA dedicados a labores de investigación e ingeniería, en un avance concentrado en medio año.

En las tareas donde el modelo trabaja junto con empleados, Claude interviene en cerca del 90% de toda la I+D de la compañía. La función de liderazgo no implica una operación sin personas: una persona define y supervisa la orientación general, mientras el sistema ejecuta el trabajo.

Antropic precisó que Claude no desarrolla inteligencia artificial de forma completamente autónoma sin intervención humana. Los agentes de IA pueden ejecutar varias tareas para cumplir un objetivo definido, a diferencia de los chatbots limitados a responder instrucciones humanas.

La compañía presentó estas mediciones en relación con la mejora recursiva reflexiva, o RSI, un proceso en el que la IA participa en el desarrollo de sistemas más avanzados. Esos sistemas mejorados pueden, a su vez, acelerar el desarrollo de la siguiente generación.

Antropic sostuvo que una aceleración del desarrollo de los propios modelos puede dificultar que las personas los entiendan o controlen. Por ello, consideró relevante divulgar indicadores sobre la cercanía del sector a ese proceso.

Seguridad y revisión externa

Por primera vez, Antropic detalló la proporción de recursos de cómputo dirigida a seguridad. Durante una semana de julio, cerca del 6% de los recursos de cómputo para I+D de IA fue destinado a investigación de seguridad.

La proporción subió a alrededor del 12% de los recursos de cómputo al considerar únicamente la investigación y desarrollo de IA realizada por sistemas de IA. Además, la empresa estableció un seguimiento continuo del volumen de investigación hecho con esta tecnología.

El siguiente paso previsto es abrir el proceso interno a evaluadores de terceros. Antropic prevé darles acceso a procedimientos, sistemas y datos en un nivel similar al de sus empleados, para que el desarrollo y la seguridad puedan ser revisados fuera de la compañía.

Dario Amodei, director ejecutivo de Antropic, ha planteado reforzar las salvaguardas mientras se controla el ritmo del desarrollo de IA de vanguardia. La apertura a evaluadores externos queda planteada como la próxima etapa de ese esquema de seguimiento.

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