Para sustentarlo, Camacol explicó que en este Gobierno el precio máximo de las viviendas VIS aumentó 76%, casi tres veces más que en gobiernos anteriores. Y que el aumento del salario mínimo no impactara los proyectos que ya se vendieron, sino aquellos que están por construirse, pues subirán los precios de construcción y la mano de obra.
“Nadie ha dicho que el salario mínimo encarezca automáticamente en un 23% lo ya vendido. El riesgo es la oferta futura: frenar la construcción hoy implica menos vivienda mañana y, en consecuencia, más presión sobre los arriendos y la vivienda usada”, explicó Camacol.
Así mismo, aseguró que el proyecto de decreto de control de precios obliga a fijar el precio en pesos desde la separación y prohibir cualquier ajuste hasta la escrituración.
«En los últimos años, 55.000 hogares desistieron de comprar vivienda y más de 70.000 familias quedaron en el limbo tras la suspensión de Mi Casa Ya. Estas decisiones no protegen a las familias: las expulsan del mercado formal de vivienda», concluyó.
El decreto en cuestión busca fijar el precio de VIS únicamente en pesos colombianos y modifica las condiciones de fijación de precios desde etapas iniciales de comercialización, aspecto que causaron gran preocupación dentro del sector de construcción.
Con el tope de 135 salarios mínimos mensuales el precio máximo de la vivienda de interés social para este año sería de 235 millones de pesos.
