Comunidades rurales y mandatarios locales del norte del Tolima continúan alzando su voz de protesta frente a las Áreas de Protección para Alimentos (APPA), figura impulsada por el Gobierno Nacional bajo la Ley 2294 de 2023.
En las últimas horas, durante una sesión ante la Corte Constitucional, se escucharon los argumentos de las autoridades regionales, locales y del Ministerio de Agricultura sobre la constitucionalidad de esta política. Sin embargo, campesinos y alcaldes de Tolima anunciaron que este miércoles realizarán una reunión en el municipio de Falan, donde ratificarán su rechazo y analizarán los efectos de la medida en los territorios.
Temores frente a las APPA
Los críticos sostienen que estas áreas representan un riesgo de expropiación indirecta y afectarían la economía campesina, pues sería el Gobierno quien defina qué y cómo producir en las tierras. Gobernadores y alcaldes de Antioquia, Tolima y Cundinamarca han pedido a la Corte Constitucional declarar inexequible la norma, argumentando que limita la autonomía de las comunidades rurales y cambia su modelo productivo.
La alcaldesa de Herveo, Gina Vanessa Silva, lamentó no haber sido escuchada directamente por la Ministra de Agricultura, Martha Carvajalino:
“Me hubiera encantado que la Ministra estuviera presente para que supiera de primera mano lo que pasa en nuestros territorios. Las decisiones tomadas en escritorios capitalinos pretenden definir nuestro destino sin escucharnos”.
Por su parte, Amparo Galvis, integrante de la Asociación de Mujeres Emprendedoras y Empoderadas de Falan, señaló:
“Nadie puede negar que hay hambre en el país, pero esta política hay que replantearla. La creación de las APPA es una decisión gubernamental que no va a funcionar en el área rural”.
El alcalde de Falan, Forney Munevar, también cuestionó la falta de diálogo:
“Desde el inicio, el Ministerio de Agricultura y la UPRA han trabajado solos. A los municipios no nos han tenido en cuenta, solo vienen a informarnos, no a escucharnos ni a recorrer nuestras veredas”.
Contexto nacional
Desde el Ministerio de Agricultura se defiende que las APPA buscan garantizar la seguridad alimentaria y proteger los suelos fértiles frente a la urbanización y el cambio de uso del suelo. No obstante, la figura ya ha generado controversia en otras regiones, como ocurrió en Sopó (Cundinamarca), donde más de 1.900 hectáreas fueron declaradas bajo esta modalidad, generando tensiones entre comunidades y Gobierno.
El encuentro de este miércoles en Falan será clave para definir la posición conjunta de campesinos y autoridades locales, quienes reiteran su llamado a la Corte Constitucional para revisar los impactos de la norma en los territorios rurales.
