La Contraloría General de la República concluyó que el Ministerio de Justicia, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) incumplieron órdenes de la Corte Constitucional tras una auditoría realizada a las 127 cárceles del país y otros centros de detención.

El informe reveló 119 hallazgos, de los cuales 15 son fiscales, con un presunto detrimento patrimonial de $78.400 millones de pesos.

La Contraloría señaló que los proyectos de infraestructura penitenciaria exigidos por la Corte en el Auto 1745 de 2024 debían estar listos antes del 21 de abril de este año. Sin embargo, ninguno fue finalizado o entregado de manera satisfactoria. Las obras en Espinal, Itagüí, Barranquilla, Ipiales y Buga están suspendidas, afectando la creación de 4.783 cupos en nuevos centros de reclusión.

También se encuentran paralizadas las estructuras para el alojamiento de personal de guardia en Ipiales y Girón. Los hallazgos fiscales en este componente incluyen fallas en mantenimientos, construcciones inconclusas y obras complementarias sin finalizar en establecimientos como La Picota, Puerto Triunfo, Guaduas, La Paz, El Barne e Itagüí.

En materia de alimentación, el ente de control registró un hallazgo fiscal por $331 millones de pesos en equipos sin uso en El Barne. Además, evidenció que los centros de producción y transporte de alimentos presentan deterioro, problemas sanitarios y de seguridad, generando riesgos de contaminación.

En el componente de salud, se registraron tres hallazgos fiscales por $64 millones de pesos debido a equipos biomédicos inoperativos en las cárceles La Modelo, La Picota y Buen Pastor de Bogotá. La auditoría evidenció demoras en consultas médicas, exámenes diagnósticos y entrega de medicamentos. Se encontraron 2.199 procedimientos médicos y 4.124 órdenes de medicamentos pendientes. Las unidades de sanidad presentan deterioro físico y no cuentan con espacios adecuados para atender a personas con enfermedades infecciosas.

La Contraloría concluyó que el 100 % de los Centros de Detención Transitoria (CDT) visitados presentan hacinamientos críticos, ausencia total de programas de resocialización y brotes pandémicos sin manejo. En ciudades como Quibdó, Barranquilla y Bucaramanga, el hacinamiento supera el 500 %. Actualmente, 21 mil personas permanecen recluidas en estaciones de policía del país.

En muchos CDT se identificó la presencia de personas condenadas, que según la ley deberían estar en establecimientos penitenciarios. Algunas llevan más de siete meses en estos espacios, contrariando las órdenes judiciales.

Además, se detectaron instalaciones improvisadas en estaciones y subestaciones de policía, deficiencias estructurales, falta de personal capacitado, escasa asignación presupuestal y dificultades logísticas para traslados y diligencias judiciales.

El informe reportó problemas de conectividad y tecnología en salas de audiencia y CDT, lo que ha dificultado la realización oportuna de audiencias. En algunos casos se recurrió a teléfonos de terceros por falta de equipos. Esto ha retrasado los procesos judiciales y afectado el acceso efectivo a la justicia, en especial para extranjeros, cuya identificación no se logra dentro de los plazos legales, comprometiendo su judicialización.

La Contraloría concluyó que solo el 2 % del presupuesto del sistema carcelario se destina a actividades de reintegración. No existen programas de resocialización que cubran a la totalidad de la población privada de la libertad, y tampoco se evidenciaron indicadores sobre su eficacia. La tasa de reincidencia supera el 20 %, lo que refleja un bajo impacto de las políticas de resocialización existentes.

Piden garantizar alimentación a detenidos en Cesar

Mientras la Contraloría advertía las fallas estructurales del sistema carcelario, la Procuraduría General de la Nación, por su parte, llamó la atención sobre la alimentación de las personas privadas de la libertad en varios municipios del departamento del Cesar. Según reportes de las personerías municipales, en algunos centros de reclusión no se estaría garantizando el suministro de alimentos de manera regular.

Ante esta situación, el Ministerio Público convocó una mesa de trabajo con autoridades locales de Curumaní, Chiriguaná, Bosconia, Pueblo Bello, El Copey y La Paz, así como con funcionarios del INPEC en el departamento, para conocer de primera mano cómo se está manejando la entrega de comida en esas cárceles.

Durante la reunión, la Procuraduría Provincial de Valledupar ofreció un espacio para que los funcionarios explicaran los planes que tienen en marcha para garantizar que los detenidos reciban su alimentación sin interrupciones. La entidad reiteró que deben respetarse los derechos humanos y la dignidad de los internos, por lo que recomendó dejar registro escrito de todas las gestiones hechas ante el INPEC, especialmente las relacionadas con la firma de convenios para asegurar los recursos y la logística que permitan llevar la comida a los centros de detención.

Foto y noticia: Colprensa