Durante una rueda de prensa, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo presentó un análisis sobre la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el monto que el Estado gira a las EPS por cada usuario para cubrir su atención.

Según el funcionario, en los últimos cuatro años la UPC ha crecido cerca de $21 billones en términos reales, mientras que el presupuesto del sector salud aumentó alrededor de $25 billones, con incrementos por encima de la inflación, especialmente en el régimen subsidiado.

“El problema no es la falta de recursos, sino cómo se están utilizando”, afirmó.

Cuestionamientos al manejo de recursos

El ministro también señaló que parte de la crisis del sistema está relacionada con decisiones adoptadas en años anteriores y cuestionó el uso de los recursos por parte de algunas EPS.

Entre los hallazgos expuestos, mencionó la existencia de registros de facturación de servicios a personas fallecidas. “Se detectaron 308 mil registros de este tipo”, indicó, al advertir sobre fallas en la calidad de la información utilizada en el sistema.

Asimismo, citó datos de la Contraloría General de la República que evidencian diferencias entre los giros realizados por la ADRES y los montos reportados en estados financieros.

De acuerdo con esas cifras, en 2024 la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud giró $87,89 billones, mientras que en reportes financieros se registraron cerca de $85,18 billones, lo que representa una diferencia de aproximadamente $2,7 billones.

El ministro también advirtió sobre el uso de recursos en gastos que no corresponderían a la atención en salud, como combustible o actividades recreativas.

Cambios en el sistema de información

Frente a este panorama, el Gobierno anunció ajustes en los sistemas de control y reporte de información, con el objetivo de mejorar la trazabilidad de los recursos.

El nuevo modelo integrará herramientas como la facturación electrónica, los registros individuales de prestación de servicios (RIPS) y cruces de información con la DIAN, mediante el Código Único de Facturación Electrónica (CUFE).

Según el Ministerio, este esquema permitirá pasar de un modelo basado en autorreporte a uno con validación cruzada, lo que busca reducir inconsistencias y mejorar el control sobre los recursos del sistema.

Finalmente, el jefe de la cartera insistió en la necesidad de garantizar mayor transparencia en el manejo de la información y de los recursos públicos destinados a la salud.

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Durante esta edición, que se realizará en Corferias, la entidad contará con dos espacios: uno institucional orientado a explicar su rol dentro del Ministerio Público y otro interactivo, diseñado para la participación de niños, jóvenes y público general a través de experiencias pedagógicas apoyadas en herramientas tecnológicas.

Dentro de la agenda, uno de los eventos centrales será la conferencia “Reflexiones sobre el Ministerio Público”, que estará a cargo del procurador general Gregorio Eljach, programada para el 30 de abril a las 2:30 p. m.

Además, la entidad desarrollará otros espacios de discusión en los que se abordarán temas como el papel del Ministerio Público y la situación de los migrantes, junto con la presentación de publicaciones físicas y digitales relacionadas con asuntos de interés nacional.

Durante los días de feria, también se prevé la grabación de contenidos audiovisuales, entre ellos episodios del programa “La Procu TV” y de los pódcast “Las mujeres resuenan” y “Paz Electoral”, como parte de su estrategia de comunicación.

El regreso de la Procuraduría a este escenario cultural se da en el marco de una feria que reúne a autores, editores y ciudadanos en torno a la lectura, el pensamiento crítico y los debates contemporáneos.

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El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, confirmó la llegada de nuevos efectivos para reforzar el control territorial. Según explicó, a finales de abril se desplegarán 270 uniformados del Ejército Nacional y 200 de la Policía, quienes serán ubicados en zonas estratégicas del departamento.

Uno de los focos será el fortalecimiento de la Operación Cordillera, dirigida a afectar las estructuras logísticas y criminales de los grupos armados organizados que operan en la región. Además, se intensificarán las labores de inteligencia y las denominadas “burbujas operativas” para aumentar la capacidad de respuesta de la Fuerza Pública.

Durante el encuentro, en el que participaron alcaldes de municipios como Ipiales, Barbacoas, Cumbal y Túquerres, también se anunció el envío de dos pelotones blindados para reforzar el control de las vías y mejorar la movilidad de las tropas en zonas críticas.

En materia de lucha contra la extorsión, el Gaula Militar en Nariño intensificará acciones en el municipio de Mallama, mientras que las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar este delito a través de canales oficiales.

El componente marítimo también será reforzado con el despliegue de la patrullera oceánica “20 de Julio”, considerada la embarcación más grande fabricada en el país, así como la llegada de nuevas unidades para fortalecer la vigilancia en el Pacífico y en la frontera con Ecuador.

En paralelo, el Gobierno anunció la ejecución del Pacto por Nariño, un programa de inversión que contempla recursos por más de 7,5 billones de pesos en los próximos diez años, enfocados en proyectos sociales y de infraestructura.

Adicionalmente, en el marco del programa de sustitución de cultivos ilícitos, se avanza en la inscripción de más de 14.000 familias, con el objetivo de promover economías legales mediante la entrega de herramientas productivas como maquinaria, viveros y plantas de cacao.

Según el balance oficial, en lo corrido de 2026 se han registrado reducciones en varios delitos de alto impacto en el departamento, entre ellos el secuestro (-50 %), el hurto a comercio y residencias (-25 %) y el desplazamiento forzado (-75 %). Además, se reporta la captura de más de 2.200 personas por distintos delitos.

Las autoridades reiteraron que continuarán las acciones articuladas entre el Gobierno Nacional, las entidades territoriales y la Fuerza Pública para consolidar las condiciones de seguridad en la región.

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El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, sostuvo una reunión de trabajo con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, para revisar los principales escenarios de riesgo y coordinar medidas de preparación.

En el encuentro también participó la directora del IDEAM, Ghisliane Echeverry, quien presentó información técnica clave para orientar la toma de decisiones conjuntas entre el Gobierno Nacional y el Distrito.

Durante la jornada se evaluó el estado del sistema Chingaza, fundamental para el suministro de agua en Bogotá, así como la capacidad operativa de las plantas de tratamiento Wiesner y Tibitoc. Las autoridades coincidieron en que la ciudad presenta mejores niveles de preparación frente a eventos climáticos extremos, aunque advirtieron la necesidad de mantener un monitoreo constante.

Además del abastecimiento hídrico, se analizó el riesgo de incendios forestales, uno de los efectos asociados a periodos prolongados de sequía. En este sentido, se destacó la importancia de proteger las zonas estratégicas de recarga hídrica y fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias.

Como parte de las acciones de preparación, la UNGRD anunció que pondrá a disposición del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo equipos especializados, entre ellos helicópteros tipo Fire Hawk, diseñados para la atención de incendios forestales.

Las entidades acordaron mantener la articulación institucional y el intercambio permanente de información, con el objetivo de anticipar escenarios de riesgo y proteger a la ciudadanía frente a posibles impactos climáticos en los próximos meses.

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Según el balance oficial, las intervenciones se han realizado mediante aspersión terrestre y erradicación manual, en el marco de las estrategias del sector defensa para reducir la producción de cocaína y debilitar estructuras criminales.

Del total reportado, 1.715 hectáreas corresponden a aspersión terrestre, mientras que cerca de 574 hectáreas han sido eliminadas a través de erradicación manual.

Las acciones se han concentrado principalmente en departamentos como Putumayo, con más de 1.200 hectáreas intervenidas; Bolívar, con cerca de 864; Nariño, con más de 180; y Antioquia, con alrededor de 21 hectáreas.

De acuerdo con la institución, estas operaciones buscan afectar directamente las finanzas de organizaciones criminales y reducir la capacidad de expansión de redes vinculadas al narcotráfico y otras actividades ilegales.

Las autoridades también señalaron que cada hectárea erradicada representa una disminución en los recursos de estas estructuras, así como un avance en el control institucional de los territorios.

El reporte se enmarca dentro de la meta anual de erradicación de cultivos ilícitos, que asciende a 10.000 hectáreas para 2026, objetivo que, según la Policía, continúa en desarrollo.

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Según el reporte institucional, estas redes habrían operado ofreciendo a aspirantes el acceso a respuestas en tiempo real a cambio de dinero, mediante el uso de dispositivos tecnológicos y sistemas de comunicación encubiertos.

De acuerdo con la Universidad, la modalidad consistía en capturar imágenes del examen durante su aplicación, enviarlas a terceros para su resolución —incluso con apoyo de herramientas tecnológicas— y posteriormente remitir las respuestas a los aspirantes a través de microdispositivos.

Durante la jornada fueron detectadas irregularidades en siete de las ocho sedes habilitadas, lo que llevó a la anulación de varias pruebas. En total, 40 personas fueron sorprendidas en intentos de fraude.

La institución aseguró que, pese a estas acciones, no se logró vulnerar el examen ni alterar sus resultados, debido a los controles implementados y a la reacción temprana de los equipos de vigilancia.

Entre las medidas adoptadas, la Universidad destacó la implementación de distintas versiones de la prueba para cerca de 3.700 aspirantes, lo que aumentó la dificultad de cualquier intento de filtración o manipulación.

El caso será remitido a instancias como el Tribunal de Ética Médica y a la justicia ordinaria, con el fin de que se investiguen posibles responsabilidades y la existencia de redes que estarían operando al margen de la legalidad.

La Universidad también expresó preocupación por la posible participación de profesionales de la salud en estas prácticas, lo que, según indicó, plantea cuestionamientos éticos sobre el ejercicio médico.

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El balance fue presentado ante la Comisión Segunda del Congreso, donde el Gobierno expuso el estado de la flota aérea, los costos de aseguramiento y las medidas adoptadas para reducir riesgos operacionales.

De acuerdo con el funcionario, garantizar el aseguramiento total de las aeronaves implicaría un costo cercano a los 80 millones de dólares anuales, lo que representa un desafío presupuestal significativo frente a las condiciones actuales.

El ministro también aclaró diferencias en las cifras reportadas por organismos de control. Mientras la Contraloría General de la República ha señalado una cobertura cercana al 18%, este porcentaje corresponde únicamente a la Fuerza Aeroespacial. Al incluir todas las Fuerzas Militares, la cobertura asciende al 34%.

En contraste, el 100% de los integrantes de la Fuerza Pública cuenta con seguro de vida, con una cobertura que en 2026 alcanza los 165,7 millones de pesos por persona.

Durante su intervención, el jefe de la cartera de Defensa destacó además una reducción en la accidentalidad aérea. Según las cifras oficiales, en los últimos 18 años se han acumulado más de 2,6 millones de horas de vuelo, con una disminución del 31% en la tasa de accidentes durante el actual Gobierno.

Frente al reciente accidente de una aeronave tipo Hércules en Putumayo, el ministro indicó que avanzan las investigaciones para determinar las causas, incluyendo factores técnicos, operacionales y humanos.

El Gobierno reiteró que, en caso de fallecimiento de uniformados en servicio, las familias cuentan con cobertura económica y programas de apoyo, incluyendo subsidios de vivienda.

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El gesto, presentado como un acto de memoria y dignificación, buscó reconocer el dolor, la resistencia y la lucha de quienes han sido afectados por el conflicto, así como enviar un mensaje de no repetición.

Durante su intervención, Benavides expresó: “En nombre del pueblo negro, afrocolombiano, raizal y palenquero, quiero hacerles entrega de este acto simbólico”, destacando la necesidad de visibilizar a las comunidades históricamente excluidas.

🕊️ “Que nunca vuelvan a pisotear la memoria de Colombia”

Óscar Benavides (@ODBenavidesA) del Movimiento Libres, que respalda a @IvanCepedaCast, entregó botas simbólicas a madres víctimas del conflicto como acto de memoria y dignidad.#MemoriaHistórica #Colombia #NaciónPaisa pic.twitter.com/IIgkRmiwr0

— Nación Paisa (@NacionPaisa) April 16, 2026

El líder político también hizo un llamado a preservar la memoria histórica del país. “Que nunca nadie vuelva a pisotear la memoria de Colombia, que nunca nadie vuelva a botar a la basura la historia de un país que todos debemos conocerla para que no se repita”, afirmó ante los asistentes.

El homenaje estuvo dirigido principalmente a madres víctimas, a quienes se les reconoció su papel en la búsqueda de verdad, justicia y reparación. Durante el evento, algunas de ellas también compartieron breves mensajes, resaltando la importancia de estos espacios de reconocimiento y memoria.

El acto se da en medio del debate nacional sobre la memoria histórica, la representación de las víctimas y el respeto por los hechos que han marcado décadas de conflicto en Colombia.

Con este tipo de iniciativas, el Movimiento Libres busca posicionar la memoria como un elemento central en la construcción de paz y en la reivindicación de los derechos de las víctimas.

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De acuerdo con las cifras oficiales, cerca de 793 mil personas salieron de esta condición en el último año, consolidando una tendencia de reducción sostenida desde 2022.

El presidente Gustavo Petro destacó el resultado a través de sus redes sociales, señalando que se trata del mayor número de personas que han salido de la pobreza multidimensional en un solo año durante su administración. También resaltó que la disminución se registró en distintos territorios, incluyendo zonas urbanas, intermedias y rurales.

Por su parte, la directora del DANE, Piedad Urdinola, indicó que los resultados son estadísticamente significativos y reflejan avances en variables clave como educación, acceso a servicios públicos, condiciones de vivienda y empleo, factores que componen este indicador.

El informe señala que uno de los principales motores de la reducción fue la mejora en el rezago escolar, que pasó de 22 % a 19,7 %. En las zonas rurales, también se registraron avances en el acceso a fuentes de agua potable, que disminuyó del 33,7 % al 30,7 % en términos de privación.

Las cifras evidencian una tendencia descendente en la población en condición de pobreza multidimensional en los últimos años. En 2022 se registraban 6,6 millones de personas en esta situación, mientras que en 2025 la cifra se redujo a cerca de 5,2 millones.

A nivel territorial, la disminución fue generalizada. En las cabeceras municipales, el indicador se ubicó en 6,3 %, mientras que en las zonas rurales alcanzó el 22,4 %, mostrando una reducción de 1,9 puntos porcentuales frente al año anterior.

Entre las regiones con mejores resultados se destaca Bogotá, que registró una reducción de 3,2 puntos porcentuales y alcanzó un mínimo histórico de 2,2 %. También se reportaron avances en la región Pacífica y en la Amazonía-Orinoquía, ambas con caídas cercanas a los 2 puntos porcentuales.

Aunque los resultados reflejan una mejora en las condiciones de vida de una parte de la población, el indicador sigue mostrando brechas importantes entre zonas urbanas y rurales, así como desafíos estructurales en acceso a servicios y oportunidades en distintas regiones del país.

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A pesar de la falta de consensos, ambas partes ratificaron su disposición de continuar las negociaciones, en medio de la necesidad de avanzar en soluciones frente a las demandas de distintos sectores.

Durante la jornada se identificaron temas considerados de alta complejidad, que requieren revisión jurídica y análisis técnico por parte de diferentes entidades del Gobierno. Estos puntos seguirán siendo evaluados en las próximas sesiones.

Como parte de los avances, se acordó establecer mesas de trabajo por departamentos, con el objetivo de abordar de manera más específica las problemáticas de cada territorio.

En el desarrollo de las discusiones, el Gobierno reiteró su postura frente al catastro multipropósito, señalando que se trata de una herramienta clave para la planificación del desarrollo, la inversión pública y el acceso a servicios, especialmente en zonas rurales. Asimismo, insistió en que el proceso contempla la participación de comunidades campesinas y actores locales.

El Ejecutivo también reiteró su permanencia en la mesa como señal de compromiso con el diálogo, en medio de un contexto marcado por bloqueos y afectaciones en diferentes regiones del país, con especial atención en el departamento de Santander.

Las conversaciones se reanudarán este martes 14 de abril a partir de las 9:00 a. m., con el propósito de continuar la búsqueda de acuerdos que permitan destrabar el proceso y dar respuesta a las demandas planteadas.

El Gobierno insistió en que el diálogo sigue siendo el principal mecanismo para superar la actual coyuntura y avanzar hacia soluciones concertadas.

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