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De La Espriella designa a Ilva Myriam Hoyos en Educación

Nación Paisa — Thu, 03 Sep 2026 15:54:53 +0000

El presidente Abelardo De La Espriella designó a Ilva Myriam Hoyos como Ministra de Educación Nacional, en reemplazo de Viviane Morales, quien dejó el cargo por razones personales.

El nombramiento presidencial

La designación fue anunciada el 02 de septiembre de 2026. Hoyos asumirá la cartera de Educación Nacional, que el mandatario ubicó entre las áreas estratégicas de su Gobierno.

Al presentar a la nueva ministra, De La Espriella destacó su talante, fortaleza, honradez y defensa de valores. El presidente manifestó que confía en que ejercerá el cargo con entrega, carácter y convicción.

“Hoy estoy designando a la doctora Ilva Myriam Hoyos como Ministra de Educación Nacional. Estoy seguro de que será una gran ministra y de que servirá a Colombia con entrega, carácter y convicción”, afirmó el jefe de Estado.

La salida de Viviane Morales

El anuncio también confirmó la salida de la exministra Viviane Morales, a quien De La Espriella identificó como predecesora de Hoyos. Morales se retira del Ministerio de Educación Nacional por razones personales.

El mandatario expresó su gratitud y afecto hacia Morales y dijo esperar que pueda resolver pronto esa situación. “Las puertas de este Gobierno y de mi amistad siempre estarán abiertas para ella”, señaló.

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Un muerto y 11 personas afectadas deja atentado contra estación de Policía en Los Patios, Norte de Santander

Andres Trujillo — Wed, 02 Sep 2026 07:01:22 +0000

Un ciudadano murió y otras 11 personas resultaron afectadas, entre ellas dos uniformados, tras una explosión registrada durante la noche del lunes 31 de agosto contra la estación de Policía de Los Patios, Norte de Santander. El Ministerio de Defensa rechazó el hecho y anunció que las autoridades avanzan en las investigaciones para identificar a los responsables.

El ataque ocurrió alrededor de las 11:15 de la noche del 31 de agosto en inmediaciones de la Estación de Policía de Los Patios.

De acuerdo con el balance preliminar entregado por el Ministerio de Defensa Nacional, la explosión dejó una persona fallecida, nueve civiles afectados y dos policías heridos.

El hecho también provocó daños materiales en las instalaciones de la Policía y la incineración de varias motocicletas que se encontraban en el sector.

El Ministerio de Defensa expresó sus condolencias a los familiares de la persona fallecida y manifestó su solidaridad con las personas afectadas por la explosión.

Autoridades investigan el atentado

Tras el ataque, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación iniciaron las investigaciones para establecer las circunstancias en las que ocurrió la explosión y determinar quiénes estarían detrás del atentado.

Las autoridades trabajan en la recopilación de información y elementos que permitan avanzar en la identificación de los responsables y llevarlos ante la justicia.

Hasta el momento, no se ha establecido públicamente la autoría del ataque.

El Ministerio de Defensa señaló que continuará trabajando junto con la Fuerza Pública para fortalecer las condiciones de seguridad en Los Patios y el área metropolitana de Cúcuta, tras el hecho registrado durante la noche del lunes.

La investigación continuará para esclarecer el origen del ataque, establecer responsabilidades y determinar si existen otros responsables vinculados con el atentado.

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Coronel (r) Juan Carlos Figueroa reconoció responsabilidad por 38 falsos positivos ante la JEP

Andres Trujillo — Tue, 01 Sep 2026 13:38:20 +0000

El excomandante del Batallón La Popa aceptó su responsabilidad por 24 hechos ocurridos entre 2004 y 2005 en la Costa Caribe. La JEP fijó para el 22 de octubre la lectura de la sentencia.

El coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez, excomandante del Batallón de Artillería No. 2 ‘La Popa’, reconoció su responsabilidad por 24 hechos en los que 38 personas fueron presentadas falsamente como bajas en combate, ocurridos entre 2004 y 2005 en la Costa Caribe.

El reconocimiento se produjo durante la audiencia pública de carácter restaurativo realizada el 27 y 28 de agosto en Valledupar, Cesar, ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Durante las dos jornadas, las víctimas y sus familiares tuvieron un espacio para dirigirse al compareciente, reclamar verdad y pedir la dignificación de la memoria de sus seres queridos. Entre los hechos documentados se encuentran 13 casos de desaparición forzada y nueve de tortura.

El reconocimiento del excomandante de La Popa

Figueroa Suárez estuvo al frente del Batallón La Popa entre el 7 de enero de 2004 y el 9 de julio de 2005.

Inicialmente, el exmilitar no aceptó los cargos imputados por la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP. Sin embargo, el 27 de enero de 2026, durante la audiencia preparatoria del juicio adversarial, aceptó los cargos formulados por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA).

“Sí, acepto responsabilidad”, manifestó entonces.

Ese reconocimiento tardío modificó el rumbo procesal del caso y permitió activar la ruta restaurativa.

Durante la audiencia en Valledupar, Figueroa Suárez reconoció de manera libre, expresa, consciente y voluntaria su responsabilidad en los términos del escrito de acusación presentado por la UIA el 23 de noviembre de 2023.

También aceptó los hechos, los patrones criminales y la responsabilidad de mando.

“Acepto la gravedad de esas conductas”, manifestó ante las víctimas.

El coronel (r) también pidió perdón por las vidas asesinadas, las desapariciones, la tortura, la estigmatización y los señalamientos que afectaron a las víctimas y sus familiares.

Figueroa Suárez reconoció que durante una parte importante del proceso sostuvo que no había impartido una orden criminal ni ejecutado materialmente los homicidios. Sin embargo, afirmó que ahora entiende que esa perspectiva era insuficiente frente a las responsabilidades derivadas del cargo que ocupaba.

“La pregunta que debo responder no es solamente ‘qué ordené’, también debo responder qué autoridad tenía, qué información recibí, qué debía controlar, qué debía impedir y qué dejé de hacer”, expresó.

Mencionó la cadena de mando

Durante su intervención, el compareciente explicó que existía una cadena de mando a la cual reportaba los resultados operacionales, desde la comandancia de la Brigada Segunda hasta los niveles superiores de la estructura militar y el entonces presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez.

Figueroa Suárez describió los roles que, según su relato, cumplía cada eslabón de esa cadena y aclaró que las menciones realizadas durante la audiencia no constituyen por sí mismas una acusación contra las personas mencionadas.

Al finalizar su intervención, pidió un minuto de silencio en memoria de las víctimas y leyó sus nombres.

“Queremos pronunciar el nombre de estas personas inocentes y decir que ellas no pertenecían a grupos armados al margen de la ley. No eran combatientes y fueron asesinadas por mis tropas en estado de indefensión. Sus vidas fueron convertidas injustamente en cifras y presentadas como resultados operacionales”, afirmó.

Víctimas reclamaron verdad y dignificación

La audiencia incluyó diferentes acciones para dignificar la memoria de las víctimas. En el recinto fueron ubicados retratos y ofrendas florales en recuerdo de las personas que fueron presentadas falsamente como bajas en combate.

Entre las víctimas documentadas se encuentran integrantes de los pueblos Wiwa y Kankuamo.

Uno de los casos corresponde al de Nohemí Pacheco Zabatá, una niña Wiwa de 13 años que fue asesinada y presentada falsamente como integrante de la guerrilla.

Durante las dos jornadas, familiares de las víctimas reclamaron verdad, esclarecimiento y dignificación.

Rocío Escorcia Bonet, hermana de Jon Jader Escorcia Bonet, señaló que sus familiares “no fueron cifras, no fueron informes, ni una equivocación. Fueron hijos, hermanos, seres humanos. Fueron vidas”.

Elizabeth Coronado Montaño, hermana de Carlos Mario Navarro Montaño, pidió a Figueroa que revelara la verdad y entregara información sobre las personas que pudieron estar detrás de los hechos.

Jesús Eduardo Oñate, por su parte, recordó a su hermano Luis Eduardo, integrante del pueblo Wiwa, y reclamó que su buen nombre fuera restablecido.

Las víctimas también formularon preguntas relacionadas con asuntos que aún requieren esclarecimiento, entre ellos la posible relación entre el Batallón La Popa y grupos paramilitares, las investigaciones disciplinarias, los supuestos informantes que señalaban a las víctimas y la eventual responsabilidad de otras personas.

Pueblos Wiwa y Kankuamo también pidieron reparación

La situación de los pueblos indígenas tuvo un papel central durante la audiencia.

Pedro Loperena, representante del pueblo Wiwa, señaló que los asesinatos de integrantes de su comunidad no afectan únicamente a las víctimas y sus familias, sino también al territorio, la cultura, el gobierno propio y el patrimonio étnico-cultural.

Las víctimas solicitaron que las acciones de reparación y restauración tengan en cuenta las afectaciones individuales y colectivas sufridas por los pueblos Wiwa y Kankuamo, así como sus prácticas culturales, autoridades y formas propias de sanación.

JEP y víctimas alcanzaron acuerdo restaurativo

Al cierre de la audiencia, la magistratura informó que las víctimas y el compareciente llegaron a un acuerdo restaurativo compuesto por nueve elementos para el restablecimiento de los derechos de las víctimas.

Entre los compromisos se encuentra la entrega del rango, las medallas y el escudo de armas que fueron entregados a Figueroa Suárez al finalizar su gestión como comandante del Batallón La Popa.

También se acordó que las víctimas participen en la revisión y diseño de los actos de memoria que realice el compareciente en Valledupar y en los territorios afectados.

Otro de los compromisos contempla la entrega de los diarios operacionales con los registros de las personas que participaron en cada uno de los hechos.

Asimismo, se acordó reconocer públicamente los nombres de las víctimas y señalar que no pertenecían a grupos armados y no eran combatientes, además de dignificar su buen nombre ante medios de comunicación regionales y en los territorios donde vivieron.

Uno de los puntos centrales está relacionado con las víctimas de desaparición forzada. El compareciente deberá participar de manera directa y verificable en acciones de búsqueda, localización e identificación, mediante la entrega de información, señalamiento de lugares y reconstrucción de rutas y hechos que puedan contribuir a su ubicación.

Las víctimas también solicitaron que se reconozcan y atiendan las necesidades específicas de los pueblos Wiwa y Kankuamo, teniendo en cuenta los daños individuales, colectivos, culturales y espirituales ocasionados a estas comunidades.

Figueroa Suárez manifestó su compromiso con las solicitudes de restauración, que harán parte de su Sanción Alternativa y serán exigidas por la JEP dentro del régimen de condicionalidad.

¿Qué sigue en el proceso contra Figueroa Suárez?

El magistrado Raúl Eduardo Sánchez Sánchez, relator del proceso, explicó que la audiencia tuvo un carácter restaurativo y que, por esa razón, no estuvo centrada en el debate probatorio, sino en el diálogo con el compareciente, el reconocimiento de las víctimas y el restablecimiento de sus derechos.

El magistrado también explicó las consecuencias del reconocimiento tardío dentro del modelo de justicia transicional de la JEP.

Mientras el reconocimiento pleno y oportuno ante la Sala de Reconocimiento puede conducir a una sanción propia sin privación de la libertad, la falta de reconocimiento y una eventual derrota en el juicio adversarial pueden llevar a sanciones ordinarias de hasta 20 años de prisión.

En el caso del reconocimiento tardío, como ocurrió con Figueroa Suárez, corresponde una Sanción Alternativa de entre cinco y ocho años, que contempla privación efectiva de la libertad e incorpora componentes restaurativos.

La magistrada María del Pilar Valencia García, presidenta de la Sección de Ausencia de Reconocimiento, manifestó que la audiencia debe contribuir al esclarecimiento de la verdad, la dignificación de las víctimas y la consolidación de compromisos de reparación y no repetición.

La magistrada Reinere de los Ángeles Jaramillo Chaverra también destacó el papel de este tipo de diligencias en el reconocimiento de responsabilidad por parte de los comparecientes.

JEP fijó fecha para la sentencia

Tras finalizar las dos jornadas de audiencia, el magistrado Raúl Sánchez fijó el 22 de octubre de 2026 como fecha para la lectura de la sentencia que se impondrá al coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez.

En esa misma fecha está prevista la devolución de las medallas.

La JEP recordó que el proceso no termina con la sentencia. Los compromisos adquiridos durante la audiencia deberán traducirse en acciones concretas de restauración y en aportes que permitan avanzar en el esclarecimiento de los hechos que han afectado durante décadas a las víctimas y sus familias.

El reconocimiento de responsabilidad, de acuerdo con lo expresado por la magistratura, no elimina el daño causado ni devuelve la vida a las personas asesinadas, pero constituye un paso dentro del proceso de verdad, justicia y reparación que adelanta la JEP.

Fuente: Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

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ANT advierte a ciudadanos: trámites ante la entidad son gratuitos y no requieren pagos

Nación Paisa — Sun, 30 Aug 2026 05:06:40 +0000

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) hizo un llamado a campesinos, comunidades indígenas y afrodescendientes, ganaderos, agricultores, empresarios y demás ciudadanos que adelantan trámites relacionados con predios rurales para que no entreguen dinero a funcionarios, contratistas o terceros a cambio de gestionar, agilizar o resolver procesos ante la entidad.

La directora de la ANT, Lina María Garrido, aseguró que los trámites ante la Agencia son gratuitos y pidió denunciar cualquier intento de cobro asociado con actuaciones administrativas.

“No se dejen engañar, los trámites ante la Agencia son gratuitos y no requieren ningún pago”, afirmó Garrido.

La funcionaria explicó que la entidad implementó medidas temporales de contención, control y revisión de los procedimientos agrarios, con el propósito de fortalecer la seguridad jurídica de las actuaciones y garantizar que las decisiones estén respaldadas técnica y jurídicamente.

ANT reitera garantías para propietarios y ocupantes

En medio de este proceso de revisión, la Agencia Nacional de Tierras también reiteró que sus actuaciones deben respetar los derechos de quienes tengan una relación legítima con los predios rurales.

“La Agencia Nacional de Tierras no puede quitarle arbitrariamente la tierra a nadie. La propiedad privada legalmente adquirida será respetada”, señaló la directora.

De acuerdo con la entidad, propietarios, poseedores, ocupantes y otras personas que acrediten un interés legítimo sobre un predio tienen derecho a conocer las actuaciones administrativas, recibir las notificaciones correspondientes, presentar pruebas y ejercer su derecho a la defensa.

La ANT indicó además que las medidas adoptadas no significan la suspensión del acceso y la formalización de la tierra ni de la Reforma Agraria. El objetivo, según explicó, es fortalecer los procedimientos para que las decisiones se adopten con criterios jurídicos y técnicos.

Llamado a denunciar cobros indebidos

La entidad reiteró que ningún funcionario, contratista o tercero está autorizado para cobrar dinero por adelantar, agilizar o resolver trámites o procedimientos.

Por ello, Garrido pidió a los ciudadanos reportar cualquier situación en la que se soliciten pagos relacionados con actuaciones de la Agencia.

“Los invito a denunciar a quien, como funcionario o contratista, le exija dinero para avanzar en cualquier trámite o procedimiento. No vamos a permitir que se sigan aprovechando de la Agencia”, manifestó.

La ANT señaló que los casos en los que se evidencien posibles cobros indebidos serán puestos en conocimiento de las autoridades competentes, incluida la Fiscalía General de la Nación, para las investigaciones correspondientes.

La directora de la entidad sostuvo que estas medidas buscan avanzar en procesos de acceso y formalización de tierras con mayor transparencia, seguridad jurídica y respeto por la normativa vigente.

“La Reforma Agraria de la Patria Milagro será respetando la Constitución, la Ley y los derechos de todos los colombianos”, concluyó Garrido.

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Gobierno anuncia seis medidas para atender la emergencia por incendios y terremoto en el Tolima

Nación Paisa — Sat, 29 Aug 2026 05:17:42 +0000

El Gobierno Nacional anunció seis medidas para atender la emergencia que enfrenta el Tolima, afectado por los incendios forestales y las consecuencias del reciente terremoto. El paquete contempla acciones para recuperar el campo, apoyar a los productores damnificados, atender a la población afectada y reforzar la seguridad en el departamento.

Las decisiones fueron anunciadas por el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, al término de un Puesto de Mando Unificado (PMU), en el que se revisó el balance de las emergencias y las necesidades de los municipios afectados.

De acuerdo con el balance presentado por el Gobierno, los incendios han afectado más de 50.000 hectáreas, de las cuales cerca de 28.000 corresponden a áreas agropecuarias. La emergencia deja alrededor de 2.660 productores damnificados, pérdidas estimadas en $134.000 millones y unos 163.000 animales en riesgo por falta de agua y alimento.

A esto se suman las afectaciones provocadas por el terremoto, que alcanzó a 44 municipios, con el colapso de 85 viviendas y daños en otras 3.212.

1. Calamidad pública y medidas nacionales

El Gobierno anunció que elevará la calamidad pública departamental y adoptará medidas de alcance nacional para atender la magnitud de la emergencia.

La emergencia económica decretada permitirá implementar acciones extraordinarias para responder tanto a las consecuencias del terremoto como al impacto ambiental y productivo generado por los incendios forestales.

2. Recuperación ambiental y productiva

Entre las medidas se contempla un plan especial de recuperación ambiental, productiva y de seguridad, que incluye 343 subsidios de $65 millones cada uno para vivienda rural.

También se anunció que las obligaciones de los productores damnificados que estén bajo la cartera agropecuaria de Finagro tendrán un congelamiento de tres meses en la amortización.

A esto se suma la creación de Tolima Verde Renace, una mesa de expertos que reunirá capacidades técnicas, ambientales, académicas y productivas para orientar la restauración de los ecosistemas, la recuperación de los suelos y la reactivación sostenible del campo.

“No vamos a abandonar al Tolima cuando se apague la última llama, vamos a quedarnos a recuperar el campo, la producción y las oportunidades para todos los tolimenses”, afirmó el presidente.

3. Grupo élite para investigar los incendios

El Gobierno también anunció la conformación de un grupo élite de la Fuerza Pública, con capacidades de inteligencia, investigación y operación, para identificar y capturar a quienes hayan provocado deliberadamente los incendios.

Asimismo, se ofrecerán recompensas de hasta $50 millones por información veraz que permita la captura de los responsables.

El Gobierno señaló además dos objetivos prioritarios en el sur del Tolima por los que se ofrecerán recompensas de hasta $500 millones por cada uno: alias ‘Yamaha’ o ‘Iván’, y alias ‘Leonel’ o ‘Amazonas’, a quienes las autoridades señalan de pertenecer al frente ‘Jerónimo Galanos’, de la estructura criminal atribuida a alias Iván Mordisco.

4. Refuerzo de la atención en salud

El Ministerio de Salud y Protección Social reforzará la atención y vigilancia de enfermedades respiratorias y otras afectaciones asociadas al humo y la contaminación generada por los incendios.

La estrategia tendrá especial atención en niños, adultos mayores y población vulnerable, debido a los riesgos que representa la exposición prolongada al humo.

5. Fondo mixto y ayudas humanitarias

Otra de las medidas anunciadas es la creación de un fondo mixto para la reconstrucción y recuperación del Tolima, que buscará articular recursos públicos, aportes privados y cooperación para acelerar la recuperación productiva, ambiental y social del departamento.

El Gobierno también anunció la movilización de más de 80 toneladas de ayudas humanitarias a través de la Oficina de la primera dama.

6. Nuevos instrumentos para el desarrollo del Tolima

El paquete de medidas contempla además la creación de instrumentos especiales para fortalecer el sector agropecuario y atraer inversión al departamento.

Entre las propuestas se encuentran una zona franca especial agropecuaria y zonas económicas y sociales especiales, con las que el Gobierno busca impulsar la generación de empleo, recuperar la producción y crear nuevas oportunidades para el campo.

Gobierno busca cooperación internacional

Como parte de la respuesta a la emergencia, el presidente aseguró que estableció contacto con los gobiernos de Estados Unidos y Chile y que adelanta gestiones con España para conseguir cooperación y capacidades que permitan enfrentar los incendios y contribuir a la recuperación del departamento.

El Gobierno aseguró que mantendrá su presencia en el Tolima durante las etapas de atención de la emergencia y recuperación.

“Vamos a movilizar lo que sea necesario (…) para proteger la vida de nuestra gente, para recuperar el campo, reconstruir las viviendas y perseguir sin descanso a quienes pretenden aprovechar esta tragedia para seguir sembrando el terror en el departamento”, concluyó el mandatario.

Las cifras y el balance de afectaciones podrían actualizarse a medida que avancen las evaluaciones en los municipios y continúe la atención de las emergencias.

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Ministerio de Educación activa plan de respuesta tras terremoto: reportan afectaciones en 29 departamentos

Nación Paisa — Fri, 28 Aug 2026 15:34:32 +0000

El Ministerio de Educación Nacional mantiene activo un plan de respuesta para garantizar la continuidad del servicio educativo y acompañar la recuperación de las comunidades académicas afectadas por el reciente terremoto registrado en el país.

Según un balance preliminar del Ministerio, se han identificado afectaciones en instituciones de educación superior ubicadas en hasta 29 departamentos y 83 municipios. La información continúa en actualización mientras avanzan las evaluaciones técnicas y las instituciones reportan el estado de sus instalaciones.

El viceministro de Educación Superior, Camilo Noguera Pardo, señaló que la prioridad es mantener el seguimiento de la situación y coordinar las acciones necesarias para garantizar la continuidad de las actividades académicas.

Ministerio mantiene monitoreo de las instituciones

Desde las primeras horas de la emergencia, el Ministerio activó una mesa permanente de análisis de crisis y un sistema nacional de seguimiento para recopilar información sobre las afectaciones, identificar los territorios con mayores necesidades y coordinar la respuesta con las instituciones de educación superior y las autoridades territoriales.

El balance permitirá definir las medidas de atención de acuerdo con las condiciones particulares de cada institución y territorio.

La entidad también trabaja con la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN), el ICETEX, las entidades territoriales, el sector privado y organismos nacionales e internacionales de cooperación para movilizar recursos y capacidades técnicas destinados a la recuperación del sector.

Apoyo para estudiantes e instituciones

Entre las medidas activadas se encuentra la gestión de pólizas de seguros, la expedición de lineamientos para orientar la atención de la emergencia y el acompañamiento técnico a las instituciones que presentan mayores afectaciones.

El Ministerio también puso en operación un tablero de crisis con información en tiempo real, fortalecido con herramientas de mapeo satelital suministradas por Microsoft, con el objetivo de facilitar el seguimiento de las zonas afectadas.

Paralelamente, se evalúan las necesidades de las comunidades educativas en materia de atención psicosocial y socioemocional, alojamiento temporal, conectividad, dotación tecnológica, apoyos económicos y atención en salud.

Estas acciones buscan facilitar la permanencia de los estudiantes y permitir que las actividades académicas puedan restablecerse de manera gradual en los lugares donde las condiciones lo permitan.

Preparan medidas para acelerar la recuperación

Como parte de la estrategia de recuperación institucional, el Ministerio trabaja en la definición de excepcionalidades para los procesos de registro calificado y acreditación de alta calidad, además de fortalecer la articulación entre la educación superior y los niveles de preescolar, básica y media.

También se contempla la puesta en marcha del Plan Padrino, una estrategia que permitirá promover el acompañamiento académico y técnico entre instituciones de educación superior para apoyar a aquellas que enfrenten mayores dificultades durante la recuperación.

El Ministerio aclaró que las cifras corresponden a un balance preliminar y pueden variar a medida que avancen las inspecciones técnicas y se reciban nuevos reportes de las instituciones y autoridades territoriales.

La entidad aseguró que continuará acompañando a las comunidades académicas afectadas y coordinando las acciones necesarias para contribuir al restablecimiento del servicio educativo y garantizar el derecho a la educación en los territorios afectados por la emergencia.

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Agencia Nacional de Tierras acompaña procesos de reconocimiento y formalización de territorios étnicos en Colombia

Nación Paisa — Thu, 27 Aug 2026 17:22:44 +0000

En Colombia, el territorio representa mucho más que un espacio geográfico para las comunidades étnicas. Es el lugar donde se desarrollan sus familias, se conservan tradiciones, se practican costumbres y se mantiene viva una identidad cultural construida durante generaciones.

Por esta razón, la Subdirección de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) adelanta y acompaña procesos orientados al reconocimiento, protección y formalización de los territorios de comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.

La dependencia, bajo la dirección de Lina María Garrido, trabaja con las comunidades y sus autoridades para avanzar en diferentes procedimientos relacionados con la propiedad y el uso de la tierra.

Procesos para comunidades indígenas

En el caso de los pueblos indígenas, la ANT desarrolla procesos para constituir, ampliar, sanear, clarificar y reestructurar resguardos, territorios reconocidos para garantizar el desarrollo de su vida colectiva y cultural.

Estos procedimientos parten del diálogo con las comunidades y del reconocimiento de sus autoridades y dinámicas territoriales.

Titulación colectiva para comunidades negras

Para las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, la Agencia adelanta procesos de titulación colectiva, mediante los cuales se busca reconocer legalmente territorios que han sido ocupados y construidos históricamente por estas poblaciones.

La entidad también trabaja en la formalización de predios que adquiere con el propósito de contribuir a garantizar la permanencia y el desarrollo físico y cultural de estas comunidades.

El reconocimiento de la ocupación ancestral

Los procesos de la ANT también contemplan situaciones relacionadas con la ocupación tradicional de los territorios.

Cuando una comunidad étnica demuestra que ha ocupado ancestralmente un determinado espacio, la Agencia puede adelantar acciones encaminadas a proteger esa ocupación y avanzar en su reconocimiento.

Además, se realizan revisiones de antiguos títulos de propiedad, incluidos algunos provenientes de la época colonial o de los primeros años de la República, con el objetivo de establecer su situación jurídica y determinar las actuaciones necesarias para definir el territorio.

Estudios para definir la situación de los territorios

La Subdirección de Asuntos Étnicos también realiza estudios sobre las condiciones de las tierras, verifica el cumplimiento de su función social y adelanta procedimientos para establecer con mayor precisión los límites y la situación jurídica de los territorios étnicos.

El propósito de estos procesos va más allá de la entrega de un documento. La formalización busca brindar mayor claridad jurídica sobre territorios vinculados a la historia de las comunidades y contribuir a su permanencia y desarrollo cultural.

De esta manera, la Agencia Nacional de Tierras acompaña procesos que buscan garantizar que las comunidades étnicas puedan contar con mayor seguridad jurídica sobre territorios relacionados con sus formas de vida, tradiciones y prácticas culturales.

Detrás de cada trámite existe una historia y la expectativa de comunidades que buscan que el territorio habitado por sus generaciones anteriores también pueda ser reconocido y protegido para las futuras generaciones.

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Así funcionará la evaluación de las viviendas afectadas por el sismo: qué significan los colores verde, amarillo y rojo

Nación Paisa — Wed, 26 Aug 2026 05:14:57 +0000

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) estableció una metodología unificada para evaluar las edificaciones afectadas por el sismo del pasado 10 de agosto, con el propósito de determinar cuáles pueden ser ocupadas, cuáles requieren restricciones y cuáles representan un riesgo para sus habitantes.

Los lineamientos quedaron establecidos mediante la Circular 073 del 20 de agosto de 2026, expedida en el marco de la declaratoria de situación de desastre de carácter nacional.

La metodología busca que las inspecciones realizadas en los diferentes territorios se desarrollen bajo criterios técnicos comunes, evitando duplicidades o inconsistencias en los registros. La información obtenida será utilizada para definir medidas relacionadas con el uso de las edificaciones, el retorno seguro de las familias y la recuperación de los servicios esenciales.

Dos fases para evaluar las edificaciones

El proceso contempla inicialmente una evaluación rápida, que consiste en una inspección visual de las edificaciones ubicadas en las zonas priorizadas.

Esta primera revisión permitirá establecer de manera provisional si un inmueble puede ser ocupado, si presenta restricciones o si debe permanecer desocupado. La clasificación podrá modificarse posteriormente si se presentan réplicas u otras situaciones que cambien las condiciones de seguridad.

Los resultados serán identificados mediante tres colores:

Verde: permite el ingreso y uso de la edificación sin restricciones, aunque no significa que el inmueble esté libre de daños.

Amarillo: establece restricciones para el ingreso, la ocupación o el uso y requiere una evaluación más detallada.

Rojo: indica peligro de colapso y prohíbe el ingreso y la ocupación, salvo autorización de la autoridad competente. Esta clasificación no significa por sí sola que la edificación deba ser demolida.

La segunda etapa corresponde a una evaluación detallada, que tendrá como prioridad las edificaciones clasificadas inicialmente en amarillo o rojo, además de aquellas que sean remitidas por los equipos encargados de la primera inspección.

Esta evaluación permitirá confirmar o modificar la clasificación inicial, establecer recomendaciones de intervención y analizar las condiciones de los hogares u organizaciones que utilizan los inmuebles.

Hospitales y colegios tendrán atención prioritaria

En el caso de la infraestructura considerada vital, la evaluación detallada se realizará desde el comienzo. Entre las instalaciones prioritarias están los hospitales, centros de salud, establecimientos educativos, servicios públicos esenciales y edificaciones necesarias para la atención de las comunidades.

La información recopilada será incorporada al Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres (SNIGRD), bajo mecanismos de georreferenciación, validación y trazabilidad.

La UNGRD también dispondrá herramientas digitales para que los datos puedan ser registrados tanto en línea como en zonas donde existan dificultades de conectividad.

Profesionales serán registrados para las evaluaciones

Los lineamientos contemplan además la creación del Registro Único de Profesionales Evaluadores (RUPE), mediante el cual serán registrados y verificados los profesionales que participen en las inspecciones.

La asignación de estos profesionales dependerá de su formación académica, especialidad, experiencia y de la vigencia de su matrícula o tarjeta profesional.

La implementación estará coordinada por la UNGRD, mientras que las entidades territoriales tendrán a su cargo la coordinación de las evaluaciones dentro de sus respectivas jurisdicciones.

Con este procedimiento, las autoridades buscan contar con un diagnóstico técnico y unificado de los daños ocasionados por el sismo y disponer de información que permita avanzar posteriormente en las decisiones de recuperación, rehabilitación y retorno seguro de las comunidades afectadas.

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MinTransporte abre revisión de cámaras de fotodetección

Nación Paisa — Tue, 25 Aug 2026 16:59:22 +0000

El Ministerio de Transporte revisará en todo el país la legalidad, el sustento técnico y la operación de las cámaras de fotodetección. La medida, impartida por el presidente Abelardo de la Espriella, también incluye las reglas para autorizar nuevos dispositivos.

Alcance de la revisión nacional de fotodetección

La verificación abarcará sistemas automáticos y semiautomáticos destinados a detectar presuntas infracciones, instalados en distintas regiones. El trabajo será coordinado con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Superintendencia de Transporte y otras autoridades competentes.

Entre los aspectos sometidos a análisis figuran la autorización para instalar y operar cada cámara, su respaldo técnico y legal, los niveles de siniestralidad de los corredores, los límites de velocidad, la señalización y las condiciones particulares de cada vía.

La ministra de Transporte, Elsa Noguera, sostuvo que la detección electrónica debe estar dirigida a prevenir siniestros y salvar vidas. Añadió que las decisiones sobre estos equipos deben ajustarse a las condiciones reales de cada corredor y tener una justificación técnica.

La cartera estudia establecer criterios más exigentes para estos sistemas. La política para futuras cámaras deberá contemplar medidas de ingeniería vial, señalización, pedagogía y control, además de la detección de infracciones.

Vía al Mar y el caso Bogotá

El anuncio se conoce después de que el Ministerio suspendiera la entrada en operación de tres nuevas cámaras de velocidad en la Vía al Mar, corredor que conecta a Barranquilla con Cartagena. La decisión reabrió el debate sobre la autorización, ubicación y finalidad de esos dispositivos.

En Bogotá, el representante a la Cámara Daniel Briceño pidió revisar la instalación de 18 nuevos puntos de control proyectados por la administración distrital. El congresista cuestionó el propósito del sistema y afirmó que la ciudad recaudó más de 552.000 millones de pesos por fotomultas entre 2024 y abril de 2026.

Briceño aseguró que el 60% de las multas se impusieron a vehículos que circulaban entre 56 y 60 km/h y expresó reparos sobre el destino de los recursos. El Ministerio indicó que revisaba el caso para comprobar que las cámaras cumplan su propósito de aportar a una movilidad más segura.

La Secretaría de Movilidad de Bogotá defendió el sistema y afirmó que las cámaras han permitido reducir cada año hasta 42 muertes y cerca de 1.700 heridos en accidentes de tránsito. Con corte al 24 de agosto de 2026, la ciudad cuenta con 258 cámaras de fotomultas autorizadas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

La revisión anunciada cubre tanto los dispositivos que ya operan en el territorio nacional como las condiciones que deberán cumplir las nuevas cámaras de fotodetección.

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Gobierno anuncia refuerzo de seguridad para Barranquilla y su área metropolitana

Nación Paisa — Tue, 25 Aug 2026 05:42:48 +0000

El presidente Abelardo De La Espriella anunció nuevas medidas para fortalecer la seguridad, la inteligencia y el control territorial en Barranquilla y los municipios de su área metropolitana.

Durante el Consejo de Seguridad realizado el 23 de agosto en Barranquilla, el Gobierno Nacional anunció un refuerzo de las capacidades de la Fuerza Pública para enfrentar a las estructuras criminales que operan en el Atlántico y su área metropolitana.

La reunión contó con la participación del presidente Abelardo De La Espriella, el ministro de Defensa, mayor general (r) Jorge Mora, autoridades departamentales y municipales y comandantes de la Fuerza Pública.

Entre las principales medidas se encuentra el fortalecimiento de la Policía Nacional con nuevos uniformados especializados en investigación criminal e inteligencia, además de un refuerzo del Ejército con 50 integrantes de Fuerzas Especiales que apoyarán las labores de seguridad en coordinación con la Policía.

También se anunció el despliegue de 60 uniformados para reforzar el control de corredores estratégicos de movilidad que conectan al Atlántico con otros departamentos, con el objetivo de limitar el desplazamiento de estructuras criminales y fortalecer la seguridad regional.

Nuevas medidas contra las estructuras criminales

Como parte de la estrategia, el Gobierno anunció avances en la implementación de la Estrategia de Reclusión Especial Marítima de Alta Seguridad (REMAS), que busca articular las capacidades del INPEC y la Armada Nacional.

También se fortalecerá el control de las comunicaciones ilícitas mediante el traslado de la operación de los sistemas inhibidores a la Policía Nacional, con participación del Ministerio TIC y los operadores de telefonía móvil.

La estrategia contempla además una mayor coordinación con la Fiscalía General de la Nación para avanzar en las investigaciones y judicializaciones contra quienes afectan la seguridad y la convivencia en Barranquilla y los municipios de su área metropolitana.

Las medidas fueron anunciadas en medio de las acciones del Gobierno para enfrentar la situación de seguridad en el Atlántico y fortalecer la presencia institucional en zonas consideradas estratégicas.

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