El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, sostuvo una reunión de trabajo con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, para revisar los principales escenarios de riesgo y coordinar medidas de preparación.

En el encuentro también participó la directora del IDEAM, Ghisliane Echeverry, quien presentó información técnica clave para orientar la toma de decisiones conjuntas entre el Gobierno Nacional y el Distrito.

Durante la jornada se evaluó el estado del sistema Chingaza, fundamental para el suministro de agua en Bogotá, así como la capacidad operativa de las plantas de tratamiento Wiesner y Tibitoc. Las autoridades coincidieron en que la ciudad presenta mejores niveles de preparación frente a eventos climáticos extremos, aunque advirtieron la necesidad de mantener un monitoreo constante.

Además del abastecimiento hídrico, se analizó el riesgo de incendios forestales, uno de los efectos asociados a periodos prolongados de sequía. En este sentido, se destacó la importancia de proteger las zonas estratégicas de recarga hídrica y fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias.

Como parte de las acciones de preparación, la UNGRD anunció que pondrá a disposición del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo equipos especializados, entre ellos helicópteros tipo Fire Hawk, diseñados para la atención de incendios forestales.

Las entidades acordaron mantener la articulación institucional y el intercambio permanente de información, con el objetivo de anticipar escenarios de riesgo y proteger a la ciudadanía frente a posibles impactos climáticos en los próximos meses.

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Según el balance oficial, las intervenciones se han realizado mediante aspersión terrestre y erradicación manual, en el marco de las estrategias del sector defensa para reducir la producción de cocaína y debilitar estructuras criminales.

Del total reportado, 1.715 hectáreas corresponden a aspersión terrestre, mientras que cerca de 574 hectáreas han sido eliminadas a través de erradicación manual.

Las acciones se han concentrado principalmente en departamentos como Putumayo, con más de 1.200 hectáreas intervenidas; Bolívar, con cerca de 864; Nariño, con más de 180; y Antioquia, con alrededor de 21 hectáreas.

De acuerdo con la institución, estas operaciones buscan afectar directamente las finanzas de organizaciones criminales y reducir la capacidad de expansión de redes vinculadas al narcotráfico y otras actividades ilegales.

Las autoridades también señalaron que cada hectárea erradicada representa una disminución en los recursos de estas estructuras, así como un avance en el control institucional de los territorios.

El reporte se enmarca dentro de la meta anual de erradicación de cultivos ilícitos, que asciende a 10.000 hectáreas para 2026, objetivo que, según la Policía, continúa en desarrollo.

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Según el reporte institucional, estas redes habrían operado ofreciendo a aspirantes el acceso a respuestas en tiempo real a cambio de dinero, mediante el uso de dispositivos tecnológicos y sistemas de comunicación encubiertos.

De acuerdo con la Universidad, la modalidad consistía en capturar imágenes del examen durante su aplicación, enviarlas a terceros para su resolución —incluso con apoyo de herramientas tecnológicas— y posteriormente remitir las respuestas a los aspirantes a través de microdispositivos.

Durante la jornada fueron detectadas irregularidades en siete de las ocho sedes habilitadas, lo que llevó a la anulación de varias pruebas. En total, 40 personas fueron sorprendidas en intentos de fraude.

La institución aseguró que, pese a estas acciones, no se logró vulnerar el examen ni alterar sus resultados, debido a los controles implementados y a la reacción temprana de los equipos de vigilancia.

Entre las medidas adoptadas, la Universidad destacó la implementación de distintas versiones de la prueba para cerca de 3.700 aspirantes, lo que aumentó la dificultad de cualquier intento de filtración o manipulación.

El caso será remitido a instancias como el Tribunal de Ética Médica y a la justicia ordinaria, con el fin de que se investiguen posibles responsabilidades y la existencia de redes que estarían operando al margen de la legalidad.

La Universidad también expresó preocupación por la posible participación de profesionales de la salud en estas prácticas, lo que, según indicó, plantea cuestionamientos éticos sobre el ejercicio médico.

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El balance fue presentado ante la Comisión Segunda del Congreso, donde el Gobierno expuso el estado de la flota aérea, los costos de aseguramiento y las medidas adoptadas para reducir riesgos operacionales.

De acuerdo con el funcionario, garantizar el aseguramiento total de las aeronaves implicaría un costo cercano a los 80 millones de dólares anuales, lo que representa un desafío presupuestal significativo frente a las condiciones actuales.

El ministro también aclaró diferencias en las cifras reportadas por organismos de control. Mientras la Contraloría General de la República ha señalado una cobertura cercana al 18%, este porcentaje corresponde únicamente a la Fuerza Aeroespacial. Al incluir todas las Fuerzas Militares, la cobertura asciende al 34%.

En contraste, el 100% de los integrantes de la Fuerza Pública cuenta con seguro de vida, con una cobertura que en 2026 alcanza los 165,7 millones de pesos por persona.

Durante su intervención, el jefe de la cartera de Defensa destacó además una reducción en la accidentalidad aérea. Según las cifras oficiales, en los últimos 18 años se han acumulado más de 2,6 millones de horas de vuelo, con una disminución del 31% en la tasa de accidentes durante el actual Gobierno.

Frente al reciente accidente de una aeronave tipo Hércules en Putumayo, el ministro indicó que avanzan las investigaciones para determinar las causas, incluyendo factores técnicos, operacionales y humanos.

El Gobierno reiteró que, en caso de fallecimiento de uniformados en servicio, las familias cuentan con cobertura económica y programas de apoyo, incluyendo subsidios de vivienda.

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El gesto, presentado como un acto de memoria y dignificación, buscó reconocer el dolor, la resistencia y la lucha de quienes han sido afectados por el conflicto, así como enviar un mensaje de no repetición.

Durante su intervención, Benavides expresó: “En nombre del pueblo negro, afrocolombiano, raizal y palenquero, quiero hacerles entrega de este acto simbólico”, destacando la necesidad de visibilizar a las comunidades históricamente excluidas.

🕊️ “Que nunca vuelvan a pisotear la memoria de Colombia”

Óscar Benavides (@ODBenavidesA) del Movimiento Libres, que respalda a @IvanCepedaCast, entregó botas simbólicas a madres víctimas del conflicto como acto de memoria y dignidad.#MemoriaHistórica #Colombia #NaciónPaisa pic.twitter.com/IIgkRmiwr0

— Nación Paisa (@NacionPaisa) April 16, 2026

El líder político también hizo un llamado a preservar la memoria histórica del país. “Que nunca nadie vuelva a pisotear la memoria de Colombia, que nunca nadie vuelva a botar a la basura la historia de un país que todos debemos conocerla para que no se repita”, afirmó ante los asistentes.

El homenaje estuvo dirigido principalmente a madres víctimas, a quienes se les reconoció su papel en la búsqueda de verdad, justicia y reparación. Durante el evento, algunas de ellas también compartieron breves mensajes, resaltando la importancia de estos espacios de reconocimiento y memoria.

El acto se da en medio del debate nacional sobre la memoria histórica, la representación de las víctimas y el respeto por los hechos que han marcado décadas de conflicto en Colombia.

Con este tipo de iniciativas, el Movimiento Libres busca posicionar la memoria como un elemento central en la construcción de paz y en la reivindicación de los derechos de las víctimas.

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De acuerdo con las cifras oficiales, cerca de 793 mil personas salieron de esta condición en el último año, consolidando una tendencia de reducción sostenida desde 2022.

El presidente Gustavo Petro destacó el resultado a través de sus redes sociales, señalando que se trata del mayor número de personas que han salido de la pobreza multidimensional en un solo año durante su administración. También resaltó que la disminución se registró en distintos territorios, incluyendo zonas urbanas, intermedias y rurales.

Por su parte, la directora del DANE, Piedad Urdinola, indicó que los resultados son estadísticamente significativos y reflejan avances en variables clave como educación, acceso a servicios públicos, condiciones de vivienda y empleo, factores que componen este indicador.

El informe señala que uno de los principales motores de la reducción fue la mejora en el rezago escolar, que pasó de 22 % a 19,7 %. En las zonas rurales, también se registraron avances en el acceso a fuentes de agua potable, que disminuyó del 33,7 % al 30,7 % en términos de privación.

Las cifras evidencian una tendencia descendente en la población en condición de pobreza multidimensional en los últimos años. En 2022 se registraban 6,6 millones de personas en esta situación, mientras que en 2025 la cifra se redujo a cerca de 5,2 millones.

A nivel territorial, la disminución fue generalizada. En las cabeceras municipales, el indicador se ubicó en 6,3 %, mientras que en las zonas rurales alcanzó el 22,4 %, mostrando una reducción de 1,9 puntos porcentuales frente al año anterior.

Entre las regiones con mejores resultados se destaca Bogotá, que registró una reducción de 3,2 puntos porcentuales y alcanzó un mínimo histórico de 2,2 %. También se reportaron avances en la región Pacífica y en la Amazonía-Orinoquía, ambas con caídas cercanas a los 2 puntos porcentuales.

Aunque los resultados reflejan una mejora en las condiciones de vida de una parte de la población, el indicador sigue mostrando brechas importantes entre zonas urbanas y rurales, así como desafíos estructurales en acceso a servicios y oportunidades en distintas regiones del país.

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A pesar de la falta de consensos, ambas partes ratificaron su disposición de continuar las negociaciones, en medio de la necesidad de avanzar en soluciones frente a las demandas de distintos sectores.

Durante la jornada se identificaron temas considerados de alta complejidad, que requieren revisión jurídica y análisis técnico por parte de diferentes entidades del Gobierno. Estos puntos seguirán siendo evaluados en las próximas sesiones.

Como parte de los avances, se acordó establecer mesas de trabajo por departamentos, con el objetivo de abordar de manera más específica las problemáticas de cada territorio.

En el desarrollo de las discusiones, el Gobierno reiteró su postura frente al catastro multipropósito, señalando que se trata de una herramienta clave para la planificación del desarrollo, la inversión pública y el acceso a servicios, especialmente en zonas rurales. Asimismo, insistió en que el proceso contempla la participación de comunidades campesinas y actores locales.

El Ejecutivo también reiteró su permanencia en la mesa como señal de compromiso con el diálogo, en medio de un contexto marcado por bloqueos y afectaciones en diferentes regiones del país, con especial atención en el departamento de Santander.

Las conversaciones se reanudarán este martes 14 de abril a partir de las 9:00 a. m., con el propósito de continuar la búsqueda de acuerdos que permitan destrabar el proceso y dar respuesta a las demandas planteadas.

El Gobierno insistió en que el diálogo sigue siendo el principal mecanismo para superar la actual coyuntura y avanzar hacia soluciones concertadas.

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El encuentro se realizará en Bogotá entre el 20 y el 22 de mayo de 2026 y reunirá a más de 800 participantes, entre representantes del Gobierno, entidades territoriales, organismos internacionales, academia, sector privado y comunidades.

Durante las jornadas se desarrollarán espacios de discusión orientados a evaluar avances, identificar desafíos y definir acciones estratégicas en materia de gestión del riesgo en el país.

La agenda incluye plenarias, sesiones técnicas y laboratorios de aprendizaje en los que se abordarán temas como sistemas de alerta temprana, ordenamiento territorial, infraestructura resiliente y financiamiento del riesgo.

También se analizarán aspectos relacionados con la preparación, atención y recuperación ante desastres, con énfasis en la toma de decisiones basada en información técnica.

Entre los enfoques que se discutirán están el uso de nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial, así como la incorporación de perspectivas diferenciales que contemplan comunidades, género, pueblos étnicos, niñez y bienestar animal.

El espacio busca consolidar lineamientos que orienten la política pública en gestión del riesgo de desastres en los próximos años, en un contexto marcado por los efectos de la variabilidad climática y la necesidad de fortalecer la prevención.

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La conmemoración, que se realiza este 12 de abril, coincide con un balance de crecimiento en el que la aerolínea reporta cerca de 1,5 millones de pasajeros movilizados en el último año y un incremento del 18 % en su operación, impulsado principalmente por la demanda en regiones apartadas.

Desde su creación en 1962, SATENA ha centrado su operación en territorios donde el transporte aéreo es, en muchos casos, la única alternativa de conexión. Esta estrategia la ha posicionado como un actor clave en la integración de zonas con محدود acceso a infraestructura terrestre.

Durante 2025 y lo corrido de 2026, la compañía ha abierto 32 nuevas rutas, con énfasis en regiones del Pacífico, la frontera sur y el nororiente del país. Además, consolidó a Barranquilla como uno de sus principales centros de conexión, junto a ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Villavicencio, Quibdó y San Andrés.

En paralelo, la aerolínea avanza en la modernización de su flota, que actualmente cuenta con 19 aeronaves, entre ellas equipos ATR, ERJ145 y Twin Otter, diseñados para operar en pistas cortas y condiciones geográficas complejas. Para este año está prevista la incorporación de nuevas aeronaves, en el marco de su plan de expansión.

“Cumplir 64 años es reafirmar que nuestro propósito sigue vigente: llegar a donde nadie más llega”, afirmó el presidente de la compañía, Óscar Zuluaga Castaño.

De cara a 2026, SATENA proyecta ampliar su cobertura hacia nuevos destinos en el oriente colombiano y municipios del Pacífico, fortaleciendo su papel en la conectividad aérea del país.

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De acuerdo con datos expuestos en una jornada académica realizada en la Universidad de Medellín, cerca del 40 % de las víctimas son civiles, incluidos campesinos, niños y líderes sociales, principalmente en zonas rurales donde persisten dinámicas del conflicto armado.

El uso de minas antipersonal y artefactos explosivos improvisados (AEI) continúa siendo una práctica empleada por grupos armados ilegales para ejercer control territorial, restringir la movilidad y afectar el desarrollo de las comunidades.

Durante el encuentro, que reunió a representantes de la Fuerza Pública y la academia, se hizo énfasis en la necesidad de visibilizar a las víctimas y fortalecer los procesos de memoria, prevención y sensibilización frente a los riesgos que aún representan estos dispositivos.

El impacto de estos artefactos no solo se refleja en las cifras, sino en las secuelas físicas, psicológicas y sociales que afectan a quienes sobreviven, así como a sus familias y comunidades.

A pesar de los avances en desminado humanitario en algunas regiones, la presencia de estos elementos sigue siendo un desafío en varios territorios del país, donde el conflicto continúa dejando huella.

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