Federico Gutiérrez ya cargaba sobre sus hombros el peso de haber recibido más de veintidós mil millones de pesos en reposición de votos cuando se quemó en primera vuelta presidencial. Hoy, convertido en alcalde de Medellín, estaría moviendo sus fichas para lanzar a su hermana Juliana Zuluaga como candidata al Senado por el movimiento Creemos, al parecer en fórmula con Simón Molina y Germán Hoyos a la Cámara, mientras su primo José Miguel Zuluaga también habría puesto en marcha su aspiración a la Cámara por Antioquia. Se trata de unos aparecidos sin trayectoria política, cuyo único mérito es llevar el apellido del alcalde.
Pero la historia no se detiene ahí. Mientras su discurso contra el presidente Gustavo Petro suena a diario en tarimas, la hermana de Fico habría trabajado en el Gobierno Nacional a través de una filial de ISA, recibiendo burocracia de aquel mismo gobierno al que el clan Gutiérrez dice combatir.
La incongruencia no es la única alarma. Las investigaciones de Nación Paisa demostraron que la Alcaldía de Medellín bajo el mando de Fico convirtió la contratación directa en pan de cada día, con más de dos billones de pesos entregados a dedo, y al mismo tiempo montó una piñata publicitaria con la que cooptó a medios de comunicación. Directores de reconocidos medios fueron invitados como jurados de eventos como la Feria de las Flores, donde se dejaron fotografiar tomando trago y comiendo frijoles al lado de funcionarios, mientras sus casas periodísticas recibían, de acuerdo con informes del SECOP, contratos de publicidad.
El caso más llamativo fue el de la exjefe de prensa de la Alcaldía de Medellín, quien no declaró a tiempo su inhabilidad pese a haber sido la comercial de Caracol Radio, cargo que ella misma publicó en su hoja de vida. Desde la jefatura de comunicaciones, todo indicaría que favoreció a su ex empleador con millonarias sumas de dinero en publicidad oficial. Una práctica que se repite con otros medios, que actúan simultáneamente como contratistas y como agentes de prensa, publicando contenidos pagados por la Alcaldía sin aclarar a la audiencia que no se trata de periodismo independiente sino de propaganda oficial disfrazada de noticia.
La Constitución en su artículo 127 prohíbe expresamente a los funcionarios públicos participar en política. La Ley 996 de 2005 sanciona el uso de nómina y recursos del Estado en campañas. El Código Disciplinario Único considera esta práctica una falta gravísima. La jurisprudencia de la Corte Constitucional advierte que incluso el simple uso de la influencia del cargo es ilegal.
Y aquí la pregunta que queda en el aire: si con la Alcaldía en sus manos ya se montó la feria de la contratación a dedo y la piñata de la publicidad oficial; tal como lo denunció en su momento Nación Paisa, ¿qué nos espera ahora con las candidaturas de sus familiares? ¿Volverán, según se teme, a mover la maquinaria pública y mediática para fabricar figuras políticas inexistentes?
En Medellín ya no se habla de transparencia, sino de un clan que juega a dos bandas: reparte contratos a dedo, financia medios con cheques de publicidad, ataca al gobierno en público mientras cobra burocracia de sus empresas, y ahora pretendería colar a la hermana y al primo en el Congreso. Lo que está en juego no son simples candidaturas, sino el futuro de la democracia frente a una familia que convirtió la política en empresa privada.
Editorial: Nación Paisa
