La colectividad Colombia Humana, representada legalmente por el abogado Ulises Durán Porto, solicitó formalmente al Consejo Nacional Electoral (CNE) que dé por terminado el proceso sancionatorio abierto contra la campaña “Petro Presidente 2022”, aduciendo que el término legal para imponer cualquier medida ya habría expirado.
La petición se basa en lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011, que establece un plazo máximo de tres años para ejercer la facultad sancionadora administrativa desde la ocurrencia de los hechos. Según esta norma, si al cumplirse ese período no se ha notificado la sanción, el proceso pierde vigencia.
En su escrito al CNE, Durán Porto solicitó expresamente que se declare la caducidad de la investigación y que se archive el expediente en su totalidad, que incluye a personalidades como el presidente Gustavo Petro, el exgerente de campaña Ricardo Roa, la tesorera Lucy Aydé Mogollón y los auditores involucrados.
Diversos magistrados dentro del CNE han reconocido que, en cuanto a la investigación sobre la primera vuelta del proceso de 2022, el plazo sancionatorio vencía el 29 de julio de 2025, fecha límite tras los tres años contados desde la elección en mayo de 2022.
No obstante, la decisión aún genera debate interno en la Sala Plena del CNE. El proceso está en suspenso debido a recusaciones contra una magistrada vinculada al Pacto Histórico, que atrasaron la resolución de fondo.
Adicionalmente, la Corte Constitucional suspendió de manera temporal la investigación en contra del presidente Petro, en virtud de su fuero especial, y ordenó que cualquier caso que lo involucre sea transferido a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Sin embargo, esta competencia no aplica para el resto de los investigados, por lo que el CNE mantiene facultad para continuar el proceso contra ellos.
Mientras la Comisión de Acusaciones examina los posibles casos que involucran directamente al presidente, la parte correspondiente a otros miembros de la campaña continúa su curso ante el CNE, a la espera de decidir si el plazo legal ya cumplido determina su archivo definitivo o si se extiende el dominio sancionatorio debido a causas como recusaciones o suspensiones judiciales.
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