La intervención de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) y la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil (Aerocivil) evitó que el Estado colombiano tuviera que pagar una indemnización de $75.601,6 millones que solicitaba la empresa AVIATEK SAS.
La demanda surgió a raíz de la licitación pública 13000011-OL de 2013, que buscaba la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de un sistema de automatización de ayudas visuales en el Aeropuerto Internacional El Dorado.
La controversia se generó después de que Aerocivil declarara desierta la licitación, debido a que AVIATEK SAS no cumplió con uno de los requisitos esenciales: la apostilla de las certificaciones de experiencia, como lo exigían los pliegos de la licitación y la normativa vigente.
AVIATEK SAS alegó que esta decisión fue incorrecta y demandó al Estado, solicitando una indemnización superior a los $75.600 millones.
El Consejo de Estado, al revisar el caso, respaldó la decisión tomada por Aerocivil, concluyendo que la falta de apostilla no era una simple formalidad administrativa, sino un requisito legal necesario para validar documentos emitidos en el exterior.
Además, al no existir otros oferentes que cumpliera con las condiciones legales, técnicas y financieras, el tribunal consideró procedente la declaración de desierta de la licitación.
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