Las operaciones de los dos helipuertos turísticos ubicados en Guatapé deberán suspenderse tras una decisión del Consejo de Estado que determinó que estas infraestructuras vulneraban derechos colectivos debido al exceso de ruido, irregularidades urbanísticas y falta de licencias adecuadas. El fallo ordenó el cierre inmediato del helipuerto de La Piedra y estableció un plazo máximo de seis meses para clausurar el helipuerto de Los Recuerdos.
De acuerdo con los registros aportados en el proceso, Cornare documentó niveles de ruido que superaron los 79 decibeles, sobrepasando el límite de 65 decibeles permitido para zonas residenciales. Algunos habitantes reportaron incluso mediciones superiores a 90 decibeles. La sentencia señaló que las operaciones de los helicópteros no eran ocasionales, sino permanentes, lo que las convierte en fuentes fijas de ruido sujetas a la normativa de la Resolución 627 de 2006.
El tribunal concluyó además que ambos helipuertos funcionaban en áreas clasificadas como zona de tranquilidad y ruido moderado, destinadas a vivienda, hoteles y hospedaje, donde la instalación de helipuertos está prohibida. Su operación corresponde al tipo de actividades permitidas únicamente en zonas industriales o de alto impacto sonoro, lo que evidencia una incompatibilidad en el uso del suelo.
La decisión también señaló la ausencia de licencias urbanísticas. En el caso del punto de aterrizaje de La Piedra, no existe evidencia de que contara con permisos de construcción válidos. Pese a que los operadores argumentaron tener autorizaciones aeronáuticas, la sentencia precisó que estas no sustituyen las licencias exigidas por las autoridades territoriales.
Habitantes y visitantes coincidieron en señalar afectaciones continuas a la tranquilidad del sector, especialmente en áreas cercanas a viviendas, hoteles, escuelas y una estación de gasolina. La Procuraduría también registró que los niveles de ruido generaron molestias persistentes y posibles impactos en la salud pública. El fallo agregó que la ubicación cercana a cuerpos de agua, zonas de alta presencia de aves y núcleos habitacionales elevan los riesgos operacionales asociados al tráfico aéreo.
La decisión judicial dispuso el cierre inmediato del helipuerto de La Piedra y otorgó seis meses para el traslado del helipuerto de Helitours, con restricciones estrictas de operación durante el periodo de transición. El tribunal advirtió que cualquier incumplimiento podría derivar en su cierre definitivo. Según el fallo, las operaciones de estos helipuertos vulneraban derechos colectivos como el goce de un ambiente sano, la tranquilidad de la comunidad, la intimidad personal y la seguridad pública.
