La Contraloría General de la República abrió una indagación preliminar para establecer si hubo un posible daño fiscal en la ejecución de recursos públicos destinados a la atención del Fenómeno de La Niña, las afectaciones en La Mojana y otros proyectos a cargo del Fondo Adaptación.

La actuación del ente de control se origina tras una denuncia presentada por Angie Lizeth Rodríguez Fajardo, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y gerente encargada del Fondo Adaptación, quien alertó sobre presuntas deficiencias graves en la ejecución presupuestal y en el desarrollo de proyectos estratégicos.

De acuerdo con la información remitida a la Contraloría, el Fondo Adaptación habría registrado niveles de ejecución considerados críticos en áreas prioritarias para las comunidades afectadas. Uno de los puntos más sensibles es La Mojana, donde la inversión para mitigar el riesgo de inundaciones apenas alcanzaría el 3 %, pese a que se trata de una de las zonas más impactadas por emergencias climáticas en la última década.

El informe también advierte sobre el riesgo de que el Ministerio de Hacienda exija la devolución de aproximadamente 235 mil millones de pesos, debido a la baja ejecución de los recursos asignados.

Además, se reportan retrasos en estudios y diseños considerados indispensables para iniciar obras de protección y soluciones estructurales en La Mojana, una subregión que agrupa a más de 400.000 habitantes en al menos 11 municipios. La falta de estos estudios habría frenado intervenciones que buscan reducir de manera definitiva el impacto de las inundaciones.

Entre los proyectos cuestionados en el informe se encuentran iniciativas como la plataforma MojanIA, la Ruta del Arroz y una investigación hidrodinámica, las cuales, según la actual administración del Fondo, no aportarían de manera directa a la solución estructural de los problemas identificados.

La Contraloría indicó que la indagación preliminar busca establecer, de forma objetiva, si los hechos denunciados configuran un presunto daño fiscal y si existen méritos para abrir un proceso de responsabilidad fiscal contra quienes resulten responsables por la ejecución de estos recursos públicos.